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20 ESPAÑA Tribuna abierta SÁBADO 28 s 4 s 2007 ABC Gracián Colectivo que reúne a intelectuales y profesores de reconocido prestigio REFORMA CONSTITUCIONAL: LA LENGUA UNTO con el problema de la educación, probablemente lo que más está dañando a la España autonómica, es el asunto de la lengua. Ya sabemos que las gentes de zonas con otra lengua cooficial hablan y entienden el castellano; y que en la vida ordinaria, en las casas, en las calles, en las empresas se manejan con naturalidad ambas lenguas cooficiales. Incluso la prensa de esos territorios, pese a las fuertes medidas de fomento de la lengua autonómica que se practican, rigiéndose por puros criterios de mercado, es decir, atendiendo a las preferencias del pueblo, escriben más de las dos terceras partes de sus contenidos en la lengua hispana. Lo cual quiere decir que en cada territorio con lengua cooficial, hay españoles, muchos, seguramente la mayoría- -aunque ello no sea relevante para este análisis- -que optan libremente por el castellano como lengua de relación cultural. ero por contra, la expresión de las Administraciones Públicas en esas comunidades, y la lengua de los centros escolares, excluye casi totalmente el idioma común español, sacrificando el derecho de opción de los residentes, y el derecho de libre circulación y de libre establecimiento de quienes viven en otras regiones. Hay varias comunidades en las que es más fácil conseguir un puesto escolar en francés, o inglés o italiano que en español. Y se persigue y sanciona a las empresas que ponen rótulos o anuncios en castellano. La falta de concordancia de la voluntad de los políticos respecto de la popular es evidente. Hay un desajuste democrático. Pero hay también un problema mucho más hondo. Quienes pintan negros relatos de períodos en que se imponía oficialmente el castellano, deberían comprender que los hispanohablantes se sienten tan perseguidos, o discriminados, o despreciados, como ellos en esas otras fases previas. Y que lo que estamos viviendo en este punto es la típica vuelta de la tortilla Ya conocemos padres que emigran dentro de España porque, pudiendo cambiar de residencia, huyen de esta realidad. Frente a ello, muchos políticos autonómicos dicen- -casi todos lo mismo- -que en sus comunidades no hay tal problema, y que la inmersión lingüís- En la reforma constitucional que hemos de acometer para restablecer y asegurar la Nación española, será preciso incorporar otros pronunciamientos expresos. Partiendo de que los ciudadanos y las empresas pueden utilizar entre sí y hacia el público el idioma que deseen, sea o no oficial, y prohibiendo cualquier orden, coacción o sanción en sentido diferente J den calificarse como particulares de un territorio, pero nunca como propias ya que la castellana es, asimismo, propia de toda la Nación. Pero amen de tal recordatorio, en la reforma constitucional que hemos de acometer para restablecer y asegurar la Nación española, será preciso incorporar otros pronunciamientos expresos. Partiendo de que los ciudadanos y las empresas pueden utilizar entre sí y hacia el público el idioma que deseen, sea o no oficial, y prohibiendo cualquier orden, coacción o sanción en sentido diferente. Consagrando el derecho constitucional de toda persona a utilizar ante los Poderes Públicos, a su elección, bien el castellano como también otra lengua cooficial en su territorio, tanto activa como pasivamente, para manifestarse o para recibir mensajes; pues cualquier otra fórmula sería incoherente con el régimen de cooficialidad y despectiva para los ciudadanos cuyas preferencias se ignoren. or ello, las administraciones públicas han de pronunciarse y confeccionar sus expedientes en castellano, lengua común de obligado conocimiento; aunque si lo consideran pertinente pueden hacerlo simultáneamente en las lenguas cooficiales de un territorio, por sistemas como el de doble columna. Si bien, como consecuencia del derecho constitucional a elegir lengua cooficial que tiene el ciudadano, éste siempre podrá exigir la traducción a otra lengua oficial en la tierra de su residencia, del mensaje que la administración le dirija. Dentro del sistema educativo será obligatorio el efectivo y acreditado aprendizaje del castellano y de la lengua cooficial que pueda existir en un territorio, por el mismo fundamento académico por el que se exige el conocimiento de la geografía o las matemáticas. Pero en cuanto a la lengua vehicular, aquella en la cual se imparta la enseñanza, la cuestión no es académica sino de derechos de la persona, y por ende, la Constitución habrá de consagrar expresamente el derecho de cada individuo para optar por recibir íntegramente enseñanza en castellano o en otra lengua cooficial, en todos los grados y momentos del proceso escolar o universitario. Obviamente esta solución tiene un coste económico, como siempre lo supone la democracia y la libertad; pero si por razones de coste quisiéramos rechazarla, ¿qué significaría la cooficialidad? y, ¿porqué suprimir el castellano como lengua vehicular y no la otra lengua cooficial? P P ÁNGEL CÓRDOBA tica a la que someten a sus pueblos es aceptada por estos con naturalidad. Y no se dan cuenta que dicen lo mismo que en otros tiempos proclamaban los dictadores; porque las gentes, las mayorías, se pliegan a las exigencias del poder y evitan los conflictos; ¿o es que antes de 1975 los gallegos, vascos, catalanes, valencianos... se suicidaban por las calles, o asaltaban semanalmente los cuarteles y centros oficiales, reivindicando su lengua vernácula? Pero el sometimiento pacífico a la opresión, no legitima a ésta. ería legítimo defender la lengua española común por razón de su utilidad, por ser una de las más importantes del mundo en obra producida, en extensión geográfica y en millones de conocedores de S ella. Con todo el respeto para las otras hablas interiores de España, no cabe siquiera tratar de establecer comparaciones, y la riqueza y potencia del español no sólo beneficia a los castellanos, sino también a los españoles de los territorios con lengua particular. Pero nuestro planteamiento en defensa del idioma nacional no lo es por razones de utilidad, sino por ser la lengua de los españoles, elemento de la nación común, de la cultura española; y no desde 1978, sino desde hace mil años. Y por ello es preciso reafirmar el principio de la actual Constitución, según el cual el llamado castellano es la lengua común que todos los españoles tienen la obligación de conocer y el derecho de usar, sin perjuicio del reconocimiento de otras lenguas cooficiales. Lenguas cooficiales que pue-