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18 ESPAÑA MIÉRCOLES 25 s 4 s 2007 ABC España excluye a la CIA en su acuerdo con EE. UU. sobre inteligencia militar Ambos países cierran el convenio con cuatro años de retraso s Los agentes norteamericanos tendrán que informar a España de la actividad que realicen PALOMA CERVILLA MADRID. El Gobierno español puso fin ayer al vacío legal existente en las actividades que desarrolla en nuestro país el servicio de información militar de los Estados Unidos, al firmar el protocolo por el que se establecen las normas que regulan esta actividad, y que entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado. El acuerdo excluye la actividad de los agentes de la CIA en España. Este protocolo se enmarca dentro del Convenio de Cooperación para la Defensa, firmado en 2002 entre Estados Unidos y España, y que no había sido desarrollado, según aseguró ayer el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, al anunciar una decisión que, según sus palabras, perfecciona la colaboración entre ambos países y establece un marco normativo para actuar como Dios manda Además, Alonso reconoció que el vacío legal perjudicaba a ambas partes. Este convenio excluye la actividad de la CIA, el servicio de inteligencia civil de los Estados Unidos, como así se encargó ayer de matizar el ministro de Defensa, José Antonio Alonso que, a preguntas de los medios de comunicación sobre cómo habría afectado a los vuelos de la CIA si hubiera estado en vigor, afirmó que no, despejando así todas las dudas. Concretamente, el protocolo firmado ayer por el director general de Política de Defensa, general de división Benito Federico Raggio, tras haber sido ratificado por el Departamento de Defensa norteamericano, cuyo responsable, Robert Gates, parece haberse mostrado más flexble que su antecesor, Donald Rumsfeld. establece las normas reguladoras sobre la actuación en España del Servicio de Investigación Criminal Naval de Estados Unidos (NCIS) y la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea De los Estados Unidos (Afosi) Con estos servicios ya se hacanos en las escalas que realizan en puertos españoles y, dentro del segundo, se incluyen investigaciones para aclarar posibles actos delictivos que afecten de manera exclusiva a Estados Unidos. El acuerdo que, según Alonso, está redactado con absoluto respeto a la legalidad española viene a evitar riesgos que pueden perjudicar a los intereses de Estados Unidos y ofrece un marco de trabajo coherente y global El ministro desgranó los aspectos fundamentales del acuerdo, según el cual los agentes estadounidenses serán acreditados por las autoridades españolas para llevar a cabo sus actuaciones en España y deberán identificarse siempre. Además, el personal militar de investigación estadounidense tendrá que actuar conjuntamente con sus homólogos españoles. Otro de los puntos destacados del acuerdo es que los agentes norteamericanos tendrán que realizar una notificación previa de sus actividades a las autoridades españolas, que pueden denegar su autorización. En el caso de que durante el desarrollo de sus actuaciones se constate algún indicio de la comisión de delito, tendrán que comunicarlo a la autoridad judicial española y esperar las instrucciones judiciales para continuar la investigación. El protocolo establece un sistema permanente de inter- Confinados en la Base Naval de Rota Con la firma llevada a cabo ayer se da cumplimiento al protocolo de enmienda de 10 de abril de 2002 que revisa el Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos de 1 de diciembre de 1989, y en el que ya se establecía la colaboración. La falta de este protocolo había provocado situaciones que llevaron al servicio de inteligencia militar a quedar confinado desde el 1 de marzo de 2006 en la Base Naval de Rota, al no poder realizar las indagaciones en puerto que estiman necesarias para autorizar el atraque de uno de los buques de Estados Unidos en territorio español, según informa Ep. Robert Gates, secretario de Defensa de EE. UU. POOL El ministro de Defensa reconoce que la falta de legalidad perjudicaba a ambas partes bía producido un incidente en abril de 2006 en San Fernando (Cádiz) cuando capturaron y repatriaron al marine Federico Pimienta- Perdono, que se encontraba en busca y captura, sin informar a las autoridades españolas. Las funciones fundamentales de estos servicios de inteligencia militar son la protección contra amenazas terroristas o criminales contra medios y miembros de la Marina, la Infantería de Marina o la Fuerza Aérea estadounidense y la investigación criminal sobre sucesos que afecten a personal o bienes de Estados Unidos en España. Dentro del marco del primer cometido se pueden adoptar medidas como la protección de los buques norteameri- Notificación previa cambio de información, que se llevará a cabo dentro de un Grupo de Asuntos de Seguridad, que permitirá la fluidez informativa y el seguimiento de las actividades de los agentes americanos. Este grupo estará integrado por representantes de los ministerios de Defensa, Asuntos Exteriores y Cooperación, Justicia e Interior, así como del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Estas normas estarán recogidas en un Real Decreto que regulará los cometidos de la Sección Española del Comité Permanente Hispano Norteamericano, al que se le informará de la actividad que realicen los agentes norteamericanos. Los jueces suplentes se quejan al CGPJ porque Justicia no les paga N. C. MADRID. La Asociación de Jueces sustitutos y magistrados suplentes ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un escrito en el que expone la alarmante situación de estos profesionales, a los que el Ministerio de Justicia, del que es titular Mariano Fernández Bermejo, ha dejado de abonar servicios prestados en los últimos meses de 2005. La Comisión Permanente del CGPJ acordó ayer remitir la carta a Justicia. No es la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces se ocupa de este asunto, aunque sí es la primera que los propios jueces sustitutos se dirigen al CGPJ para pedir su mediación e intentar evitar así un goteo de demandas tanto frente al Ministerio como frente al propio Consejo para reclamar sus derechos. Ya en la etapa de Fernando López Aguilar, Justicia advirtió por escrito a los tribunales superiores de justicia de la necesidad de recortar el gasto en suplencias y sustituciones ante la falta de presupuesto. Los TSJ se dirigieron entonces al CGPJ ante el riesgo de colapso de juzgados y tribunales. En fechas recientes según la Asociación de magistrados suplentes, Justicia ha vuelto a dirigirse a las Salas de Gobierno de los tribunales superiores para advertir de la insuficiencia presupuestaria y para poner en su conocimiento un listado de causas en las que se considera justificada la sustitución. La restricción entró en vigor el 1 de octubre de 2006 y los magistrados sospechan que las suplencias que se efectúen por motivos no incluidos en la lista no se abonarán. La Asociación pone en conocimiento del CGPJ la precaria situación laboral de estos jueces, pese a que están sujetos a las mismas incompatibilidades que el resto; y también advierte de que se encuentran entre la espada y la pared porque en muchos casos se ven obligados a realizar todas las sustituciones ante el temor a no ser llamados en lo sucesivo si se niegan. Bermejo, ayer, en un acto preelectoral en un pueblo de Ávila EFE