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4 OPINIÓN DOMINGO 22 s 4 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro REGULACIÓN Y CONTROL DEL MERCADO L indisimulado choque que vienen protagonizando el Gobierno y el todavía presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a cuenta de la enésima fase del proceso para la adquisición de Endesa- -fase que ahora acaparan Enel y Acciona- -ha servido, entre otras consideraciones, para reavivar el debate sobre el verdadero alcance de las resoluciones de los órganos estatales reguladores y supervisores del mercado y, en particular, sobre su grado de autonomía respecto al poder político, toda vez que la absoluta independencia- -está demostrado- -resulta imposible. Y España no es un caso único: el informe que ABC publica hoy sobre el funcionamiento de los principales organismos reguladores en países de nuestro entorno demuestra que en todas partes cuecen habas y que la práctica totalidad de los mercados analizados presentan vicios de influencia política real sobre la autonomía teórica que los diferentes ordenamientos conceden a sus instrumentos reguladores. Puede que el error de fondo que enturbia la imagen pública de los órganos reguladores no radique tanto en su estricta definición o en su misión como en su composición. Indudablemente, no son organismos creados para revestir con una apariencia de legalidad ad hoc o de legitimidad las decisiones arbitrarias de un determinado Gobierno ante operaciones financieras de magnitud. Nacen para avalar la pureza de esos procesos y, en todo caso, para ofrecer recomendaciones rigurosas que deberían estar desvinculadas de contingencias momentáneas y presiones de la política. Se deben constituir así, en el marco de los Estados democráticos y de Derecho, como auténticos organismos asesores y no como intérpretes sumisos de la doctrina gubernamental. Ahora bien, purezas aparte, tampoco es conveniente ser ingenuo. La realidad es tozuda y a la vista está que ningún país se presenta como el ejemplo perfecto. En nuestro caso, es ya mucha la experiencia acumulada para concluir que en España falta madurez para despolitizar con eficacia el comportamiento de estos órganos. La aspiración debería ser que se rigieran, siempre y en todo caso, por criterios estrictamente profesionales y acordes con los cometidos de control y supervisión que la ley les atribuye. Lo contrario no hace sino contribuir a espesar más la capa de su descrédito ante los mercados internacionales- -siempre atentos a todo movimiento- -y, lo que es peor, a crear desconfianza entre los ciudadanos llamados a creer en su labor. Así, no es de extrañar que se resienta la imagen de la economía española en el exterior, que nuestros mercados ofrezcan sensación de debilidad y sometimiento y, sobre todo, que el Gobierno dé una impresión de chapuza e improvisación permanentes. Como norma general, cuando la influencia política sobre un órgano de supervisión, en lugar de ser sutil y acorde con las normas y los usos convencionalmente admitidos en los mercados, se dibuja con el trazo grueso del intervencionismo menos disimulado, la seguridad de los organismos reguladores se resiente y la imagen de solvencia de un mercado, también. Por eso conviene aprender de los errores; no reincidir torpemente en ellos. E PSOE Y PP SIGUEN EN EMPATE TÉCNICO L barómetro de primavera elaborado por Metroscopia para ABC confirma la impresión generalizada de que, a falta de un año para las elecciones, todo está por decidir. En estimación de voto probable, el PSOE aventaja al PP en un punto y medio, lo que supone lisa y llanamente una situación de empate técnico. La diferencia a favor de los socialistas es irrelevante cuando falta tanto tiempo para el ejercicio efectivo del derecho de sufragio y no permite euforias ni desmoralizaciones de unos o de otros, como tampoco era determinante la ventaja de los populares en el barómetro anterior. Parece claro que determinados fenómenos tienen un impacto temporal, ya sea el caso De Juana o sean las entrevistas televisivas, pero se amortizan con relativa facilidad por una opinión pública que da muestras a estas alturas de una gran polarización y de ciertas dudas en sus preferencias. Es lógico, sin duda, puesto que algunos mecanismos de reflexión y decisión sólo se activan cuando existe la certeza de la convocatoria y los partidos concretan su oferta electoral en las cuestiones que realmente importan a la gente, que no siempre coinciden con las maniobras coyunturales de la clase política. En todo caso, el alto índice de encuestados que responde a las preguntas demuestra que el tópico sobre el desinterés y el distanciamiento respecto de las instituciones democráticas es más bien una cortina de humo para justificar ciertos objetivos que una realidad sociológica palpable. Otra cosa es que los ciudadanos quieran que se hable de sus auténticos problemas, es decir, de vivienda, educación, salarios, sanidad y otros similares y den la espalda a debates artificiales sobre la identidad regional o muestren síntomas de cansancio ante la reiteración de algunas cuestiones. A la vista del contexto, el PP necesita dar un salto cualitativo, y para ello debe tener muy en cuenta la conveniencia de abrir debates en estos terrenos prácticos. Una vez más se confirma que las posturas están muy polarizadas, lo que otorga una influencia decisiva a la búsqueda de votos en ese centro político que debe ser convencido a base de E moderación y argumentos eficaces. Por lo demás, el empate favorece a los partidos cuya oferta es de piñón fijo, ya sea desde el izquierdismo radical o desde el nacionalismo que va a lo suyo. No es una buena noticia para la estabilidad institucional, y debería ser también objeto de reflexión para los populares, cuya capacidad de buscar alianzas es limitada. No obstante, es significativa la emergencia de un voto oculto en favor del PP, que tal vez siga creciendo a medida que se aproxime la convocatoria. Para ello la oposición tiene que lograr que calen sus propuestas y reforzar la buena imagen mostrada por Mariano Rajoy ante las preguntas de los ciudadanos en TVE. Es el único camino realista para ampliar unas expectativas electorales que dejan por ahora abierta la puerta a todas las posibilidades. Tampoco el Gobierno, pese a su nuevo repunte, consigue ganar la confianza de algunos sectores importantes del electorado. Zapatero tendría que ser consciente de que le perjudican las concesiones permanentes a sus socios radicales, la más reciente en relación con la desafortunada ley sobre la memoria histórica IU, ERC y otros grupos venden la imagen de que han arrancado concesiones al Ejecutivo y refuerzan así sus expectativas, sin ventaja alguna para el PSOE. Es significativo que Zapatero esté bien visto por los votantes ajenos, pero debería reflexionar acerca de si ese dato beneficia o más bien perjudica a su propio partido. En cambio, los suyos no siempre están conformes con algunas decisiones concernientes a la negociación con ETA o al modelo territorial, y eso podría pasar una factura inesperada que no se compensa con otras aportaciones. En definitiva, empate para bien y para mal, con unos ciudadanos que siguen con interés los movimientos estratégicos de los líderes y los partidos. Más allá de su importancia decisiva para el reparto del poder territorial, las ya cercanas elecciones locales y autonómicas serán un buen indicio del estado actual de la opinión pública, sin olvidar que el comportamiento de los ciudadanos puede ser muy distinto dentro de un año. PARADÓJICA ACUSACIÓN AL FORO ERMUA NA vez más, no les falta razón a quienes en el País Vasco dicen tener la sensación de estar viviendo en un mundo al revés Como mínimo, resulta sorprendente la decisión de un juez de Bilbao de imputar una falta de desórdenes públicos a varios miembros del Foro Ermua y del colectivo Dignidad y Justicia que fueron agredidos el 26 de marzo cuando se personaron ante el Tribunal Superior de Justicia vasco con motivo de una citación de Ibarretxe por haberse reunido con Batasuna. La decisión del juez es sorprendente por dos motivos: primero, porque los denunciantes del desorden público y de que la Ertzaintza no hizo nada por evitarlo fueron precisamente los mismos a los que ahora el juez imputa tal conducta penal; y segundo, porque por encima de los desórdenes, quienes sufrieron en su propia carne amenazas, insultos y agresiones de simpatizantes de Ibarretxe- -en concreto, de un asesor del PNV Alejandro Aramburu, que la Ertzaintza no identificó en ese momento- -son precisamente los ahora imputados por el juez. Más simple: un miembro del Foro Ermua, Antonio Aguirre, recibe insultos, golpes y hasta una patada en los testículos; exige a la Ertzaintza que investigue e identifique al autor de la agresión y aquélla no lo hace; denuncia los hechos ante el Juzgado... y después el juez pide un informe a la Ertzaintza, que concluye que lo que realmente procede es la imputación U de los denunciantes como autores de desórdenes públicos por carecer de un permiso especial para manifestarse y por dedicarse a provocar a los cientos de simpatizantes de Ibarretxe. Simpatizantes que, en cambio, sí gozaban de autorización para proferir gritos contra la Justicia y vitorear al agresor. Paradójico y una evidencia de que es mucho lo que falla en los mecanismos de convivencia en el País Vasco. Más allá del respeto que merecen las resoluciones judiciales y de quesea razonable imputar una falta delesiones al agresor de Aguirre, lo cierto es que la otra conclusión del auto del juez resulta difícilmente compartible e incomprensible para una inmensa mayoría de ciudadanos. Ni el auto del juez es firme ni presupone en este momento un futuro enjuiciamiento de los miembros del Foro Ermua y de Dignidad y Justicia. Pero la mera sospecha de que los agredidos puedan llegar a ser sancionados por desórdenes da argumentos a quienes ayer mostraron su irritación. En este caso, los muchos militantes del PNV que insultaron, amenazaron y mantuvieron una actitud vociferante -aquella desafortunada expresión que empleó el fiscal general del Estado tiempo atrás para sustentar el caso Bono quedan protegidos y sin castigo; y quienes sí fueron lesionados- -ahí están las imágenes de todas las televisiones para corroborar una patada real, no fingida ni inventada- están bajo sospecha. Son de nuevo motivos sobrados para que haya quien piense que es el mundo al revés