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26 ESPAÑA SÁBADO 21 s 4 s 2007 ABC La financiación universitaria debe aumentar 2.700 millones en cinco años El informe de la Comisión de expertos del Consejo de Universidades propone que al menos el 15 por ciento de los recursos públicos se vinculen a resultados MILAGROS ASENJO MADRID. El gasto universitario español debe aumentar 2.733 millones de euros en el plazo de cinco años. El incremento supone pasar del 1,22 por ciento al 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) para alcanzar así los objetivos de suficiencia financiera que equiparen a España con los diez países del mundo con mejores sistemas universitarios. Esa es la propuesta de la Comisión de Financiación del Consejo de Coordinación Universitaria, cuyo informe aprobado ayer será presentado en el Pleno de este órgano el próximo martes. El documento de 65 páginas, al que ha tenido acceso ABC, establece que la ampliación de recursos se instrumente mediante el esfuerzo compartido del sector público y privado. En concreto, el sector público (administraciones públicas y autonómicas) debería aportar el 80 por ciento (2.186 millones de euros) mientras que el privado contribuiría con el 20 por ciento (547 millones de euros) Asimismo, la Comisión recomienda que al menos el 15 por ciento de la financiación pública deberá vincularse a resultados y que se doten dos nuevos fondos de fomento (605 millones) y de reconocimiento de la actividad universitaria de I+ D +i (292,9 millones de euros) El informe considera que la implantación del nuevo modelo de enseñanza para adaptarlo a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) requerirá una esfuerzo económico adicional de entre el 0,10 y el 0,12 por ciento del PIB. Del total de la ampliación de recursos económicos sugerida, 800,5 millones son aportados por la autonomías con destino a la mejora de la calidad educativa y el equilibrio de la capacidad de I+ D +i de las universidades. El texto advierte que esta contribución pretende, entre otros objetivos, buscar una mejora de la financiación por alumno basada en criterios de equidad y afrontar los costes de la transición del actual modelo a las nuevas enseñanzas de Grado y Posgrado, con especial consideración a las universidades con rigidez de raíz histórica La Administración del Estado asume también la ampliación de las becas (244 millones) y la reordenación del sistema retributivo estatal de productividad docente, de gestión y de Recursos adicionales Estado y autonomías. Del total de los 2.186,70 millones de financiación pública adicional, 800,5 corresponden a las autonomías y 1.386,1 al Estado. Becas y ayudas. Tendrá 244 millones de euros. Mejora de la calidad educativa. Se proponen 800,5 millones. Fondo de fomento de I+ D +i. El informe destina 605,2 millones. Fondo de resultados de I+ D +i. El reconocimiento de esta actividad contaría con 292,9 millones de euros. Productividad docente e investigadora. A sufragar los complementos por estos conceptos se prevé un gasto adicional de 244 millones. Criterios de equidad El texto recomienda una ampliación de becas y préstamos renta que equipare a España con la OCDE investigación del profesorado universitario (244 millones) El crecimiento de las becas y ayudas se justifica en que debe existir un sistema de becas y de préstamos- renta que garantice la igualdad de oportunidades, ya que la dimensión de los recursos destinados a este fin es inferior a la mitad de los países de la OCDE. En cuanto a la reordenación del sistema retributivo y la creación de nuevos complementos de productividad docente e investigadora, en ambos casos los profesores se someterán voluntariamente a la evaluación de una agencia estatal, que será competente para aprobar la concesión o la denegación de los mismos. La productividad del complemento por gestión se evaluará tras cumplir un mandato en el cargo. Junto a la recomendación sobre becas y ayudas se incluye la de diferenciar los precios públicos por niveles académicos y de acuerdo con la experimentalidad de cada plan de estudios. Además, se indica que las políticas universitarias estarán diseñadas y gestionadas con objetividad y rigor y se establecerán para periodos de entre 4 y 5 años. Finalmente, se introducen penalizaciones por pácticas identificadas como ineficientes intervencionistas o proteccionistas