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18 ESPAÑA La izquierda ignora el espíritu de la Transición SÁBADO 21 s 4 s 2007 ABC IU cree que la ley de Memoria Histórica pondrá las bases para empezar a anular los juicios El Gobierno sostiene que no produce ese efecto jurídico y De la Vega presume de un altísimo acuerdo que extiende a CiU S. E. G. L. A. MADRID. En Izquierda Unida están con la ley de Memoria Histórica como niño con zapatos nuevos. El coordinador general de la coalición, Gaspar Llamazares, más que satisfecho por el acuerdo con el PSOE que desbloquea el texto, continuó explicando ayer lo que significará la aprobación de la ley. Así, destacó que declarar ilegítimos los tribunales franquistas y las condenas que emitieron pondrá las bases para la anulación de los juicios sumarísimos, aunque advirtió que a la ley le queda un largo trayecto Para Llamazares, y para IU, la ley de Memoria Histórica es una de sus señas de identidad en estos momentos, uno de los pilares de su discurso político, que vuelve la vista al pasado una y otra vez para revisarlo todo, saltando por encima de lo que significó la Transición. El coordinador general de IU insistió en que la declaración de ilegalidad e ilegitimidad de los juicios sumarísimos significará una prueba determinante en las reclamaciones individuales ante los tribunales de represaliados durante el franquismo, y señaló que tras la aprobación de la ley se tendrá que crear jurisprudencia al respecto. Hasta ahora la jurisprudencia que existe ha sido la del Tribunal Supremo en su Sala de los Militar en la que normalmente se decía que no había una legalidad a la que acogerse. Ahora sí hay legalidad, hay legalidad internacional, que planteaba derechos a los españoles de entonces, y hay legalidad porque hay una ley que reclama la ilegitimidad y la ilegalidad de todos aquellos juicios comentó Llamazares. Mientras tanto, IU sigue preparando su programa electoral ante el 27 de mayo. También ahí la memoria histórica tendrá un lugar preferente. Es lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, donde la candidata de IU, Inés Sabanés, explicó ayer lo que ofrece a los madrileños para el futuro: declarar bien de interés cultural la tapia de fusilamientos del Cementerio de la Almudena, por los muertos entre 1939 y 1945, y la colocación de una placa de homenaje a las víctimas del franquismo en la Puerta del Sol. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que ha coordinado la redacción de esta norma desde que empezaron sus trabajos preparatorios, sostuvo que es una buena ley y respondió al PP que ni rompe nada, ni mira al pasado ni vuelve atrás sino que- -dijo- simplemente reconoce y extiende derechos a quienes fueron privados de ellos De la Vega, que también ha dirigido la negociación en la búsqueda de respaldo parlamentario, afirmó que el proyecto de ley cuenta ya con un altísimo grado de acuerdo al tener el apoyo de IU- ICV PNV y Grupo Mixto. Además, dijo que estoy segura de que tendrá también el de CiU, ya que el nuevo texto recoge muchos de sus planteamientos La vicepresidenta, durante su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros, señaló también que confío en que tanto ERC como el PP se sumen a la mayoría y aseguró que vamos a intentarlo porque merece la pena Sin embargo, fuentes gubernamentales indicaron que, una vez que se ha asumido el planteamiento de IU de que la ley incorpore la declaración como ilegítimos de los tribunales y condenas de la Dictadura, no queda margen para ir más allá de forma que puedan satisfacerse otras pretensiones de ERC. En cuanto al efecto jurídico de esa declaración, las mismas fuentes mantuvieron que carece de tal, aunque también admitieron que, una vez aprobada la ley, la interpretación quedará en manos de cada juez. Julio Banacloche Profesor de Derecho Procesal de la UCM ¿JUICIOS ILEGÍTIMOS? tilizar el Derecho vigente para saldar las pretendidas deudas que se tienen con la Historia no parece una opción muy recomendable. Básicamente porque resulta poco eficaz. La declaración que se pretende incorporar al texto de la proyectada Ley de Memoria Histórica por la cual se afirma que los tribunales existentes en la época de Franco y los procesos penales o administrativos que ante ellos se desarrollaron son ilegítimos, no puede producir ninguna consecuencia jurídica en relación con tales procesos. En primer lugar, porque la ilegitimidad no es un concepto jurídico, sino moral o político, por lo que sus posibles efectos han de quedar reducidos a esos ámbitos; y, sobre todo, porque para modificar una sentencia penal firme dictada por órganos legalmente configurados y que funcionan como tales- -como eran, pese a quien pese, los tribunales en la época de Franco- -se necesita, en un Estado de Derecho que es además continuidad del anterior, una nueva sentencia en la que se reconozca la existencia de un hecho nuevo que evidencie la inocencia del condenado Y el Tribunal Supremo ya ha considerado en numerosas ocasiones que una modificación legislativa no constituye un hecho nuevo que permita revisar una condena penal firme (auto de 14 de julio de 1998 y sentencia de 13 de mayo de 2003, sala de lo Militar) como tampoco lo es un cambio jurisprudencial (auto de 4 de octubre de 2001, U La tapia de fusilamientos IU quiere poner una placa de homenaje a las víctimas del franquismo en la Puerta del Sol de la Sala de lo Penal) Por otra parte, no conviene tampoco olvidar que entre los condenados por los tribunales de la inmediata posguerra había algunos asesinos múltiples que habían ejecutado a numerosas víctimas sin juicio previo y por motivos de puro odio político o religioso. ¿También eran ellos defensores de la libertad y la democracia, como se dice en el texto de la futura ley? ¿También a ellos se pretende rehabilitar? Si toda generalización conlleva injusticias, en un asunto tan sensible como éste algunos casos concretos pueden suponer verdaderas infamias, por lo que debe exigirse al legislador que actúe con una especial prudencia. También resulta muy discutible la premisa de que la victoria en una guerra no concede legitimidad al bando vencedor para enjuiciar al derrotado, y ello con independencia de si ganaron o no quienes tenían más razones morales para el triunfo (en terminología actual, los buenos La experiencia histórica más bien ha demostrado todo lo contrario. Sin olvidar el hecho de que el nuevo texto es incoherente, porque la negación de legitimidad no puede circunscribirse, en pura lógica, a unos concretos tribunales o procesos, sino que debería referirse al Poder que los creó y los sostenía, por lo que habría de extenderse a todos los órganos, instituciones, normas y procesos que integraron el régimen de Franco. Algo inasumible en la teoría y en la práctica. En cualquier caso, puestos a dar satisfacción a los afanes revisionistas de decisiones judiciales, ya podría el Gobierno instalarse en la actualidad y promover de inmediato la modificación de la que está permitiendo al asesino De Juana Chaos disfrutar de una situación de libertad de hecho. Y es que a veces la falta de legitimidad no hay que buscarla en lo ocurrido hace setenta años, sino en la sencilla cotidianidad.