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4 OPINIÓN SÁBADO 21 s 4 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro CONTROL JUDICIAL DE LAS PÁGINAS WEB E incrementa la presión que ejercen sobre el Gobierno ciertas entidades de gestión de los derechos de autor. Cuando ya se había retirado de la ley sobre medidas de impulso de la sociedad de la información el polémico artículo 17 bis, que permitía a dichas entidades cerrar o bloquear páginas web sin orden judicial, el asunto reaparece en otro anteproyecto de ley que empieza a circular y ha sido remitido a informe del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones. Todo ello con el agravante de que el nuevo texto amplía el ámbito de actuación de la SGAE y demás entidades a las actividades presuntamente vulneradoras de la propiedad intelectual que se realicen mediante programas de intercambios de ficheros. No es extraño que las asociaciones del sector hayan expresado sin rodeos su malestar por esta nueva maniobra. Nadie pone en duda que los derechos de autor deben ser protegidos por medios legítimos y a través de la normativa correspondiente. Sin embargo, esta especie de atajo que se le ha ocurrido al Ejecutivo vulnera gravemente los principios más elementales del Estado de Derecho. En efecto, cualquier medida que afecte a los derechos fundamentales- -entre ellos, la libertad de expresión- -debe pasar por un control judicial que ofrece a los ciudadanos unas garantías que no pueden ser eludidas. Lógicamente, el mismo argumento es aplicable a un eventual control del contenido de los blog El debate parlamentario sobre la llamada Ley de Internet sitúa en primer plano la exigencia de reforzar en la sociedad española un sector que muestra todavía cierta debilidad en comparación con otros países de nuestro entorno. No obstante, parece que al Gobierno lo único que le importa es atender a los intereses de algunas entidades que están dispuestas a actuar como juez y parte en un asunto de notable trascendencia. Por lo demás, esta cuestión no deriva de las inquietudes de los usuarios o de los operadores y debería quedar al margen del impulso al desarrollo de la sociedad de la información en España. Lo más preocupante es que refleja una nula sensibilidad hacia el Estado de Derecho: pretender que la administración o, peor todavía, que ciertas entidades homologadas por la administración puedan retirar una página web sin previa autorización judicial supone una confusión interesada del principio de división de poderes. El Consejo General del Poder Judicial tendría que tomar cartas en el asunto si se confirman los planes gubernamentales. Por lo demás, el desprecio de los autores del proyecto por la técnica legislativa resulta muy significativo. Da igual que el texto que les interesa se cuele en una ley general o que sea objeto de una ley singular y específica, carente de toda justificación. Lo importante es satisfacer el interés particular de los sectores que ejercen presión, aunque sea a costa de sacrificar las garantías jurídicas de los ciudadanos y de hacer sombra a los asuntos que realmente interesan en relación con internet. S PACTO PARA LA REVANCHA HISTÓRICA L acuerdo entre el PSOE e Izquierda Unida para impulsar definitivamente la llamada ley de memoria histórica constituye un ejercicio de cinismo político y legislativo que retrata las verdaderas intenciones de ambos partidos. Con la intención formal de reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra Civil o la Dictadura socialistas y comunistas han elevado a rango de ley su estrategia de división ciudadana y revisionismo histórico. No lo han hecho hasta los extremos más radicales que se habían planteado al iniciarse el trámite parlamentario del proyecto de ley, pero el dato de que la letra de la norma se quede por detrás de sus intenciones ideológicas no resta gravedad a la responsabilidad política de Zapatero. Este acuerdo del PSOE con la extrema izquierdaresumelavoluntad del Gobierno de plantear esta legislatura comoun punto y finaldelaconcordiademocráticapactada en la Transición y retrotraer a los españoles, otra vez, a una dialéctica maniqueay cainita. Una democracia, por definición, no puede ser sectaria, pero este proyecto de ley pretende que la democracia de todos los españoles se convierta en un arma arrojadiza contra aquellos que legítimamente pueden sentirse agraviados por la segregación partidista que promueven socialistasy comunistas. ¿Dóndequedan los quepor sus creencias religiosas fueron tambiénperseguidos y asesinados pormiles durantela GuerraCivil, y aunantes? ¿Porquéunamención específica a los condenados de tribunales franquistas y no a los que lo fueron por los jurados populares del bando republicano? Esta es, y no otra, la brecha que ha abierto la política de revisión instada por Zapatero. Los españoles ya estaban reconciliados mucho antes de que el presidente del Gobierno se sintiera llamado a rescatarlos moralmente. La Transición y el pacto constitucional fueron mucho mejores que estos tratos de revanchismo, pero, por desgracia, son particularmente vulnerables a la mala fe de quienes ya no se sienten vinculados al proyecto nacional iniciado en 1978. Además, el proyecto de ley vende humo a las víctimas de la persecución posterior a la Guerra Civil porque, por más que se declare ilegítimos los tribunales franquistas y las condenas E y sanciones que estos impusieron, no se les reconoce una acción judicial específica para la revocación de sus sentencias, y por eso deja a salvo su derecho al ejercicio de las acciones a que hubiere lugar ante los tribunales de justicia esto es, a utilizar el mismo recurso judicial- -el extraordinario derevisión- -que ya estáprevisto porla ley deEnjuiciamiento Criminal. En su lugar, el proyecto de ley crea una declaración de reparación y reconocimiento personal cuya expedición se encomienda al Ministerio de Justicia, es decir, al Gobierno, lo que extrema el carácter político de la finalidad de esta norma. ¿Se reconocerá esta declaración, por ejemplo, a los herederos de las víctimas de Paracuellos delJarama? ¿Quedarán excluidos los que lucharon contra la dictadura franquista para instaurar la dictadura del proletariado, que nada tiene que ver con el restablecimiento de un régimen democrático en España como dice el artículo 3.3 delproyectopactadopor socialistas ycomunistas? Estaspreguntas habrían sido demenciales hace sólo unos meses, pero ahora sencillamente abren la puerta a que se las puedan formular muchas personas que se sienten zaheridas con el ataque a la convivencia promovido por la acción de este Gobierno. Nada más justo que reparar los agravios infligidos a los españoles que perdieron la guerra y a quienes sufrieron muchos de los abusos inherentes a los regímenes totalitarios, como ya se venía haciendo por los sucesivos Gobiernos democráticos, mediante reconocimientos honoríficos, históricos y económicos. Pero para ello no era necesaria una ley como la pactada por PSOE e IU, que es ante todo una satisfacción visceral para quienes están incómodos con la concordia democrática de 1978 y quieren sustituirla con la ruptura. Además, es un hecho que la ley llega históricamente tarde, no sólo en España, sino también en Europa, donde cada día cobra más fuerza el movimiento de condena a los crímenes tanto del nazismo como del estalinismo. Es posible que socialistas y comunistas confíen excesivamente en el silencio de los que discrepan de esta memoria histórica pero temen verse asociados al franquismo si expresan su oposición. Es un cálculo que siempre fallará con ABC, comprometido con los valores de la Transición democrática y del pacto constitucional. RAJOY SACA NOTA EN TVE L mito de que la política no interesa al ciudadano quedó anteanoche muy desvirtuado a la vista de que 6,3 millones de personas siguieron por TVE la entrevista a la que un centenar de ciudadanos sometieron al presidente del PP Ma, riano Rajoy. Este dato acredita el fracaso de quienes pretenden aislara lapolítica en una especie deburbuja para convertirlaen una actividad endogámica, manejablea capricho, sometidaa estrategias interesadas de una sedicente élite, y ajena por completo a los intereses de los ciudadanos salvo en periodo electoral. Es evidente que la política sí interesa cuando, como hizo Rajoy durante la entrevista, exhibe su cara más cercana y comprensiva hacia los problemas reales del ciudadano, o cuando un líder demuestra con datos solventes y argumentos ceñidos a la lógica, y no sólo con adjetivos o con insultos, su convencimiento en que lo que hace es lo correcto. A diferencia de José Luis Rodríguez Zapatero hace unas semanas, Rajoy no acudió a la televisión para ofrecer un mitin enlatado, carente de credibilidad y estudiado al detalle en su fondo y forma hasta el punto de nublar su capacidad de improvisación. Esto sí ocurrió con un Zapatero demasiado encorsetado y al que se vio preocupado por no rebasar determinadas exigencias de la telegenia, lo que a la larga le sumió en un discurso artificial y le abocó a un efecto contrario al deseado: dar una apariencia de frialdad y de enor- E me distanciamiento entre La Moncloa y la calle. Rajoy no sólo no incurrió en estos errores, sino que ante un auditorio claramente más agresivo que el que tuvo Zapatero ante sí, respondió con la soltura, la sinceridad y la cercanía que nunca demostró el presidentedelGobierno, quien por cierto retuvo anteel televisor a un número muy inferior de espectadores, 5.800.000. Pero Rajoy no sólo recabó un éxito en el capítulo de las formas, con una imagen de solvencia y de mesura incluso hasta en las preguntas más incisivas e impertinentes, que las hubo. A su oficio de buen orador, el presidente del PP unió la demostración de que encarna el liderazgo de un partido con un proyecto claro de futuro, basadoen un discurso moderado y decentro- derecha, implicado en la evolución y en las necesidades de la sociedad y completamente alejado de la intransigencia y la radicalidad en la que el PSOE intenta arrinconarle de manera permanente. Es lógico, pues, que el PP haya interpretado el aplauso final que recibió Rajoy- -no ocurrió lo mismo con Zapatero- -como un premio a su mensaje y al tono que empleó en un escenario tan difícil como es el directo en un plató de televisión. Más aún: en buena medida, ese aplauso simbolizó el refrendo a una manera eficaz de sintonizar con las demandas de la ciudadanía y un reconocomiento a la coherencia de unas convicciones personales y políticas configuradas como alternativa cierta a Zapatero.