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30 ESPAÑA VIERNES 20 s 4 s 2007 ABC El Gobierno carga sobre las Comunidades el mayor coste financiero de la dependencia El Consejo de Ministros aprueba hoy el baremo que utilizarán las comunidades para valorar la gravedad del dependiente M. J. PÉREZ- BARCO MADRID. Insuficiente. Así les pareció ayer a la muchas comunidades autónomas la financiación que el Gobierno se ha propuesto destinar para la atención a las personas dependientes. De esta forma lo manifestaron a los medios de comunicación varios consejeros de bienestar social, tanto del PP como del propio PSOE, mientras, a puerta cerrada, se reunía el Consejo Territorial de Dependencia. En este órgano están representados las comunidades y el Ministerio de Trabajo y entre sus funciones tiene algunas tan trascendentales como decidir cuánto pagarán los dependientes por el coste de los servicios que necesiten. Lo cierto es que el encuentro de ayer tenía un único objetivo: el Gobierno quería informar a las comunidades sobre cómo y en qué cantidad va a financiar los servicios que precisen aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas y que formarán parte del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) Se trataba de una reunión meramente informativa, sin aprobación de ningún documento, ya que el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, presentó el anteproyecto de un real decreto que recoge el nivel mínimo de protección para los dependientes, y eso es competencia exclusiva del Gobierno. El texto será remitido al Consejo de Estado para su dictamen. En ese documento se establece que las administraciones destinarán diferentes cuantías para atender las necesidades de los grandes dependientes, en torno a 223.000 personas que serán las primeras atendidas este año. Aportarán 1.014 euros al mes como media para los que se encuentran en el mayor grado de dependencia, una cantidad que ya anunció Caldera. Este grupo se ha valorado como los mayores dependientes (gra- do III, nivel 2) A continuación, existe otro colectivo que siendo también grandes dependientes viven en mejores condiciones (grado III, nivel 1) En ellos se invertirá 774 euros al mes. Cantidades que no resultan suficientes para las comunidades, ya que el coste de una plaza en una residencia es muy superior a los 1.014 euros. Por ejemplo, en Castilla- La Mancha cuesta 1.450 euros al mes; en Madrid en torno a 1.800 para una persona mayor y a 3.000 para un gran dependiente, al igual que en Baleares y Castilla y León, según afirmaron los propios consejeros de esas autonomías. Las comunidades se preguntan ahora si esas diferencias serán asumidas por los usuarios o por ellas mismas. Pero al desgranar la cifra de 1.014 euros para conocer qué porcentaje aportará cada administración hay algunas sorpresas. Aunque en principio la Administración General del Estado y las comunidades comparten al 50 %l a financiación- -es decir, 507 euros mensuales cada una- un documento que mostraron varios consejeros a los medios de comunicación señalaba otros matices. El Gobierno aportará un mínimo de 250 euros al mes para atender a cada dependiente y, a través de convenios adicionales con cada autonomía, podrá sumar otros 257 euros. Las que no se libran de su parte son las comunidades, que íntegramente deben abonar sus 507 euros para costear los servicios que precise cada dependiente. Lo único que de momento está claro en el desarrollo de la ley de dependencia es el baremo que utilizarán las comunidades para valorar la gravedad de la persona dependiente que solicita ayuda al Estado. Hoy lo aprobará el Consejo de Ministros a través de un real decreto, que podría entrar en vigor el próximo lunes, la fecha límite que preveía la ley. Pero aún queda pendiente conocer cuánto se paga por esos servicios y cuáles serán realmente éstos. El mínimo del Estado Alta rotación y precariedad laboral pueden comprometer la dependencia El secretario general de CC. OO. José María Fidalgo, destacó ayer que la elevada feminización, la alta rotación, la precariedad en el empleo y los bajos salarios pueden comprometer la calidad del nuevo sistema de dependencia, según recoge el informe La calidad del empleo del nuevo sistema para la autonomía personal y la atención a la dependencia elaborado por su sindicato. Para que el nuevo sistema sea eficaz y dé el servicio que los ciudadanos necesitan, CC. OO. propone que se garantice la calidad en el empleo a los 260.000 empleados que trabajarán en esta actividad, así como formación, entre otras medidas.