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12 ESPAÑA La izquierda ignora el espíritu de la Transición s Tribuna abierta VIERNES 20 s 4 s 2007 ABC Manuel Álvarez Tardío Profesor de Historia Política de la Universidad Rey Juan Carlos Lo que se busca no es un cambio en las reglas del juego, sino una forma de interpretar esas reglas conforme a los elementos ideológicos compartidos por la izquierda y los nacionalistas, laminando de paso a la derecha ACE poco hemos asistido a una de esas historias que no calan demasiado en la opinión pública, la de ex dirigentes del Partido Comunista de España vanagloriándose de su papel en la Transición, mientras dirigentes actuales de ese mismo partido consideran aquel proceso como una claudicación inaceptable y declaran abiertamente que el respaldo de los comunistas a una Monarquía democrática se debió únicamente al miedo a un golpe de Estado y a la decisión personal de Santiago Carrillo. La historia, sin embargo, no carece de importancia, pues pone de relieve el viaje de ida y vuelta realizado por un sector minoritario, pero relevante, de la izquierda española. Apenas había pasado un lustro desde la celebración de las primeras elecciones democráticas, cuando los comunistas españoles decidieron desandar el camino y adoptaron como propia la interpretación, hasta entonces minoritaria, de la Transición como una traición que habría dado lugar a una democracia imperfecta. Iban a contracorriente, pero eso les ayudaba a tender puentes con otros sectores, como era el caso del nacionalismo vasco y el independentismo catalán. Sin embargo, la línea mayoritaria en la interpretación académica de la Transición y en la memoria de la misma construida por sus principales protagonistas, no cuestionaba, sino todo lo contrario, la legitimidad fundacional del sistema inaugurado en 1978. En ese sentido, resulta razonable, por tanto, que el actual presidente del Gobierno, en un reciente encuentro con historiadores, se haya referido a la Transición en los términos más o menos esperados, esto es, como un hecho histórico positivo y del que los españoles pueden sentirse orgullosos. Lo contrario, además, no se hubiera correspondido muy bien con la historia de su propio partido en las dos últimas décadas. Sin embargo, no son pocas las dudas que surgen a propósito de esta intervención. Si todo esto hubiera ocurrido a finales de los ochenta o incluso durante toda la primera parte de los noventa, las palabras del presidente no hubieran extrañado a nadie. Por aquel entonces, mientras la salida de Santiago Carrillo daba paso en la nueva Izquierda Unida a una revisión crítica de la Transición, los socialistas, protagonistas del consenso constituyente y responsables del Gobierno desde 1982, no estaban fuera, sino dentro, del amplio coro de ala- DESANDAR EL CAMINO H banzas a la Transición. Pero hoy no resulta tan sencillo creer que todavía existe una diferencia abismal entre los discursos de Rodríguez Zapatero y Francisco Frutos a propósito de lo ocurrido en el bienio constituyente. Las palabras del presidente no se corresponden con algunas de las políticas que su gobierno ha impulsado o amparado. Hoy, además, a nadie se le oculta que en el Partido Socialista y en sus cercanías mediáticas existen motivos para no considerar oportuno un exceso de celo en la reivindicación de la etapa constituyente. Es harto significativo, además, ese afán por presentar algunas medidas, como la que pretende aprobarse a propósito de la memoria histórica sin apenas reconocimiento de lo legislado anteriormente, como si incluso durante la larga etapa de los gobiernos de Felipe González no se hubiera actuado con suficiente determinación, constreñidos por una consideración idílica del período fundacional de la democracia. bienestar y desarrollo tanto tiempo anhelados E l resultado, como cabía esperar, es que la imagen de la Transición como un éxito en la historia contemporánea de España ha pasado a ser habitual solamente entre los dirigentes del Partido Popular, a los que resulta, además, complemento indispensable del pilar central de su oposición al Gobierno: la defensa del orden constitucional frente a lo que consideran una revisión encubierta del mismo. La situación, desde luego, da lugar a comportamientos un tanto esquizofrénicos, como el de algunos nuevos defensores acérrimos del orden autonómico de 1978 que en otras circunstancias hubieran dirigido duros ataques contra el Título VIII de la Constitución; o el de los que siguen sosteniendo que la Transición fue un éxito de la oposición antifranquista a la par que hacen numerosos guiños a quienes, desde los extremos del sistema, consideran a nuestra democracia como un producto imperfecto de una transición pactada con ex franquistas. Si todo quedara en un debate entre especialistas a propósito de la historia política de la Transición, apenas habría de qué preocuparse. Pero en él están involucrados los dos pilares sobre los que ha funcionado la alternancia y se ha consolidado la democracia en España: los dos grandes partidos nacionales. Quizá pueda ser discutible parte de la ac- E Lo que el actual Gobierno ha puesto en marcha no es eso, sino la revisión de los valores compartidos sobre los que se edificó el consenso constituyente tual estrategia conservadora, en la medida que no parece asumir del todo que la España autonómica definida en 1978 está necesitada, por el modo en que ha evolucionado, de una reforma profunda, de una especie de ley de punto y final que permita asegurar la supervivencia del Estado nacional, y por tanto de los mecanismos que garanticen la igualdad ante la ley y el ejercicio real del principio de solidaridad territorial. C on todo, no es el mayor o menor acierto del PP ante esta situación, sino la estrategia de demolición de la legitimidad fundacional del sistema emprendida por el actual presidente del Gobierno y respaldada sin apenas fisuras por su partido, lo que nos ha colocado en una situación tan inesperada como embarazosa. Situación tanto más chocante si se piensa que ahora más que nunca la sociedad española ha alcanzado niveles de riqueza, l afán por rescatar para la vida política lo que ya sólo preocupaba a los historiadores; el empeño en querer pasar a la historia como el gran taumaturgo de la España del siglo XXI; la voluntad apenas disimulada de someter a la derecha a un cercamiento institucional que la impida, no ya ganar en unas elecciones- -algo que no está, al menos por ahora, en su mano- -sino gobernar con normalidad; y la decisión cada vez más evidente de que sean el sistema, y no los nacionalistas, el que se pliegue a las demandas de quienes siempre lo consideraron un medio y nunca un fin en sí mismo. Todo eso, aunque Rodríguez Zapatero parezca negarlo con su defensa formal de la Transición, supone un ataque absolutamente demoledor contra la legitimidad fundacional de nuestra democracia. Algunos se confunden al pensar que se trata de una apuesta valiente a favor de una revisión constitucional con la que lograr una España más plural. El problema es otro. La revisión, por supuesto, puede hacerse- -y algunos la veríamos con agrado si de lo que se trata es de desarmar el victimismo nacionalista y reforzar la eficacia de la Administración central como garantía de los derechos y libertades fundamentales- Pero lo que el actual Gobierno ha puesto en marcha no es eso, sino la revisión de los valores compartidos sobre los que se edificó el consenso constituyente. Lo que se busca no es un cambio en las reglas del juego, sino una forma de interpretar esas reglas conforme a los elementos ideológicos compartidos por la izquierda y los nacionalistas, laminando de paso a la derecha. La idea es bien sencilla, y fue formulada por personajes situados en el extremo del sistema hace ya tiempo: para hacer posible la Constitución de partido que no se logró en 1978 ha de fracturarse primero el puente ideológico entre los dos grandes partidos nacionales que hizo posible la configuración de unas reglas comunes. El presidente haría bien en meditar, pues rota la lealtad al bipartidismo- -algo que con tanto ahínco han perseguido los comunistas y los independentistas- podrá ser posible por un tiempo un monopolio temporal del poder asentado en una interpretación de la Constitución a gusto de los revisionistas, pero la democracia, entonces, habrá de afrontar una crisis de legitimidad que ya ha empezado a vislumbrarse y que será muy difícil reconducir.