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10 ESPAÑA www. abc. es VIERNES 20- -4- -2007 ABC PSOE e IU ignoran la Transición y pactan declarar ilegítimos los juicios del franquismo Socialistas y ecocomunistas desbloquean la ley de memoria con un acuerdo sin precedentes en la democracia J. L. LORENTE MADRID. El espíritu de concordia y reconciliación que dio lugar a la Transición democrática hace ahora treinta años se ve seriamente amenazado. Los socialistas del PSOE y los ecocomunistas de IU dieron ayer un importante paso en esa dirección al pactar un nuevo texto de la llamada ley de memoria histórica con la que pretenden que el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, declare ilegales e ilegítimos los tribunales y las condenas dictadas por estos durante la etapa del franquismo. Pese a haber alcanzado un acuerdo, PSOE e IU no se ponen de acuerdo en la interpretación del mismo. Para Izquierda Unida, el pacto sienta las bases para que la Justicia pueda empezar a anular los fallos y la posibilidad de que los represaliados reclamen las reparaciones del patrimonio incautado, si es el caso. Desde el PSOE, en cambio, se insistió reiteradamente en que se trata de una reparación de tipo moral a la vez que intentaba dejar claro que no hay nulidad de los juicios. La ley, si se aprueba, establecerá la ilegitimidad de los juicios y ése es un concepto político y no jurídico. El legislativo no puede suplantar al poder judicial señaló el portavoz del Grupo Socialista, Diego López Garrido, tras escuchar la- -en su opinión- errónea interpretación de sus socios de Izquierda Unida. En todo caso, una de las principales novedades del acuerdo es la inclusión de una condena expresa del franquismo, que se realiza en la exposición de motivos del proyecto de ley. Según subrayan los representantes de IU, es la primera vez que una ley condena el régimen franquista. El artículo 3 del texto estable que el Congreso declara la ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales y administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos ideológicos o políticos, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones Por ello, se declara la ilegitimidad, por vicios de forma y fondo, del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, los tribunales de responsabilidades políticas de la Junta de Defensa Nacional, de la Junta Técnica del Estado y el Gobierno, y Tribunal de Orden Público, así como todos los Consejos de Guerra realizados por motivos ideológicos o políticos Igualmente, se declaran ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos o políticos por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución En una disposición adicional en la que siguen trabajando PSOE e IU- -y que aún no está cerrada- -se justificará la ilegitimidad de los tribunales con una relación de las disposiciones del franquismo, desde los bandos de guerra de Burgos, que están afectadas por esta declaración. La futura ley reconocerá el derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron los efectos de las resoluciones que ahora se declararan ilegítimas. Este derecho será plenamente compatible con los demás derechos y medidas reparadoras reconocidas en anteriores normas, así como en el ejercicio de las acciones a que hubieran lugar Sin comité de notables Gaspar Llamazares, junto a una bandera republicana, en un acto la semana pasada EFE Un derribo histórico El acuerdo alcanzado ayer por los socialistas con IU- ICV pretende el derribo histórico de las instancias judiciales del franquismo encargadas de los procesos políticos. En 1940 se dictó la Ley por la que se creó el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, que se nutrió para sus acusaciones del trabajo realizado por la Delegación del Estado para El Partido Popular rechaza tajantemente el acuerdo con el argumento de que se derriba el pilar fundamental de la reconciliación entre los españoles la Recuperación de Documentos (DERD) instituida por Serrano Suñer en abril de 1938. Este Tribunal castigaba la militancia masónica o comunista con la incautación de bienes o con pena de reclusión mayor, de 20 a 30 años en los casos de pertenencia a esas organizaciones en sus grados superiores, y de 12 a 20 para los colaboradores A finales de 1963 desaparece porque sus funciones las asume otro órgano, el Tribunal de Orden Público (TOP) que, hasta su abolición en 1977, llevó adelante más de 3.000 juicios y sentencias en los que se encausó a 10.000 ciudadanos. Célebre fue el proceso 1.001 contra dirigentes de Comisiones Obreras. Además, durante la guerra hubo sentencias de depuración política dictadas por la Junta de Defensa Nacional, nacida el 24 de julio de 1936. A esa instancia la sustituyó la llamada Junta Técnica en enero de 1938.