Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 OPINIÓN MIÉRCOLES 18 s 4 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro LA SOCIEDAD ARMADA MATANZA EN P PRESIÓN AL CONSTITUCIONAL OS gobiernos central y catalán han convertido el traspaso de competencias previstas por el estatuto de Cataluña en una carrera contrarreloj para presionar al Tribunal Constitucional a la hora de resolver los recursos de inconstitucionalidad contra la nueva norma autonómica. La táctica consiste en crear, a toda prisa, un entramado competencial de tal envergadura que acabe siendo una situación de hecho disuasoria para dictar una sentencia que declare la inconstitucionalidad del estatuto con toda la amplitud que merecen sus numerosas vulneraciones de la Carta Magna. Para este objetivo se está utilizando la comisión bilateral Estado- Generalidad, cuya denominación es, por sí misma, suficientemente demostrativa del carácter confederal que ha instaurado el estatuto entre Cataluña y el Estado, como si fueran entidades políticas diferenciadas. Esta relación de paridad entre una y otro no se corresponde, en absoluto, con el principio de organización autonómica, que consiste en una distribución territorial de competencias entre administraciones públicas, pero no en una coartada para fragmentar la unidad política del Estado, ni para dotar a una determinada región de un texto con aspiraciones constitucionales, como pretende el estatuto catalán. Dicha comisión se reunió por segunda vez el pasado lunes, en el palacio de la Generalitat, bajo la presidencia- -meramente formal- -del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y con la participación del consejero catalán de Relaciones Institucionales, Joan Saura, y en ella se acordó que el Gobierno central someterá a consulta previa a la Generalitat sus políticas legislativas sobre materias tales como energía y minas, juego y espectáculos, agua y obras hidráulicas, medio ambiente, infraestructuras del transportes y telecomunicaciones, obras públicas, ordenación del territorio, del litoral y del urbanismo, y transportes. Es decir, se implanta una especie de cosoberanía, pero sin reciprocidad, porque el Gobierno central- -que actúa como si fuera el Estado- -no será consultado L cuando la Generalitat legisle sobre esas materias. Este resultado no es una desviación interpretativa del estatuto, sino fiel reflejo de la voluntad política en la que se basó el acuerdo del Tinell entre nacionalistas y socialistas, alcanzado en octubre de 2003 y renovado a los mismos efectos por Montilla. Por eso, numerosos expertos constitucionalistas ven en este estatuto un vaciamiento de la Constitución por el atajo de una aparente reforma estatutaria. Por lo pronto, en la reunión de la comisión se acordó crear varias comisiones para negociar el traspaso a la Generalitat de las competencias sobre los aeropuertos situados en Gerona, Reus y Sabadell, así como la de ordenación y gestión del litoral, especialmente significativa en cualquier política medioambiental que pretenda desarrollar el Gobierno central. El aeropuerto del Prat sigue en el tira y afloja de los últimos meses, pero los antecedentes ponen a la Generalitat en camino franco para lograr el máximo despliegue competencial, sin que las reservas que oponga el Gobierno de Rodríguez Zapatero tengan verdadera entidad política. La razón de este apremiante desarrollo estatutario es coartar la libertad jurisdiccional del Tribunal Constitucional, pues tanto socialistas como nacionalistas confían en que sus magistrados no se muestren tan dispuestos a tomar una decisión que no sólo podría declarar la inconstitucionalidad del estatuto, sino también la de todos los traspasos competenciales que se han hecho a su amparo. Desde que la Generalitat falló en su temeraria recusación del magistrado Rodríguez Zapata, los mensajes de Montilla y de sus socios de tripartito han encadenado una advertencia tras otra sobre las consecuencias de una declaración de inconstitucionalidad del estatuto. Mucho denunciaban los socialistas las presiones del PP al TC, pero hay formas más envolventes y perjudiciales de intentar coartar la independencia de criterio de sus magistrados, como la de enfrentarlos a una responsabilidad política que no les corresponde, que prejuzga sus criterios legales futuros y que está creada artificialmente mediante una inflación alocada de competencias. CAMPS, APUESTA DE FUTURO EN VALENCIA AS listas electorales del PP en la Comunidad Valenciana son fiel reflejo de que el llamado zaplanismo ha fracasado en el desafío planteado contra Francisco Camps. El presidente de la Generalidad- -que preside también el PP regional- -ha ganado la batalla en toda la línea, dejando reducidos al mínimo a los partidarios del portavoz en el Congreso de los Diputados. Los desplantes del sector vinculado con Eduardo Zaplana y, en los últimos tiempos, la negociación con el PSOE a espaldas de su partido respecto de la Caja de Ahorros del Mediterráneo han pasado factura ante la solidez de la gestión de Gobierno y las muy favorables expectativas electorales del equipo actual. El episodio de la CAM tuvo, sin duda, una significación especial, llevando incluso a Mariano Rajoy a intervenir expresamente en defensa de la coherencia y del sentido común. Por lo demás, Zaplana ha estado muy poco activo en favor de los suyos, muchos de los cuales se sienten abandonados por un jefe de filas que ha intentado mantener desde Madrid el control político de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la eficacia de Camps y un enfoque hábil ante el desafío interno, procurando eludir el choque frontal y ganar apoyos territoriales, terminan por ofrecer un resultado concluyente: es, en rigor, una victoria por goleada, de manera que el zaplanismo- -debilitado incluso en su reducto de Ali- L cante- -pertenece ya al pasado en la trayectoria del PP valenciano. La política democrática tiene sus propios mecanismos de regeneración. Los cuadros y las bases de los partidos valoran el trabajo bien hecho y la cercanía a los problemas reales de la gente frente a las maniobras de salón y al intento de jugar un doble juego. Un partido tan vivo y dinámico como es el PP de la Comunidad Valenciana no se puede controlar con un mando a distancia. De hecho, los episodios de enfrentamiento ni siquiera influyen en las perspectivas electorales, que apuntan con toda probabilidad a una nueva mayoría absoluta. Queda claro aquí quién está en ascenso de cara al futuro y quién permanece anclado en el pasado. Pero no se trata sólo de nombre. En el conjunto del PP, Camps representa, junto con otros líderes bien conocidos, un proyecto atractivo y una opción por los planteamientos de un centro reformista que convence a muchos sectores sociales. En cambio, el portavoz en el Congreso ha perdido mucho tiempo en orquestar maniobras no siempre leales hacia los suyos, favoreciendo intereses ajenos a su partido, cuya gran mayoría no comparte teorías sin sentido. En definitiva, ha utilizado su condición de portavoz parlamentario en actuaciones que no sirven para ganar la confianza de amplios sectores del electorado. Parece claro que los populares valencianos han sabido entender el mensaje. OCO hay de nuevo en la tragedia de la Universidad de Virginia, salvo el escalofriante número de víctimas. Por ese mismo motivo, por tratarse de un tipo de crimen tan conocido, resulta más incomprensible que los responsables del centro se comportasen de manera tan negligente a la hora de tomar medidas después de la primera tanda de disparos. No cabe duda de que una adecuada reacción de profesores y policías hubiera logrado salvar muchas vidas. Sin embargo, más allá de esa lamentable ausencia de respuesta en los momentos cruciales- -más de dos horas de tiempo- la realidad demuestra que lo que se haya dicho o hecho hasta ahora no ha podido proteger a la sociedad norteamericana de una especialidad criminal tan irracional como incomprensible y que resurge cada cierto tiempo de forma aparentemente inevitable. Se han hecho estudios de todo tipo para intentar esclarecer los pensamientos que pueden llevar a un ser humano a semejante aberración destructiva, o los misteriosos laberintos sociales donde tales inclinaciones maduran, pero las conclusiones no aclaran las cosas. Tal vez la única certeza, nacida del simple sentido común, indica que en estos sucesos tiene mucho que ver la particular relación de la sociedad norteamericana con las armas de fuego. No se trata del único factor, como demuestra el hecho de que este tipo de acciones también han tenido lugar en lugares donde esta circunstancia no existe, pero sí es el más relevante. Por ello, si tenemos en cuenta las razones en las que se basa la redacción de la segunda enmienda de la Constitución norteamericana, es evidente que ha llegado el momento de que tal disposición sea profundamente revisada. Tal vez en los ya lejanos tiempos fundacionales se consideró que empuñar un arma era un deber cívico de cada individuo para proteger a la naciente república, o que los pioneros que trataban de asentarse en territorios indómitos no tuviesen más remedio que utilizar escopetas para amparar sus intereses y propiedades. Pero nada de eso existe ya. Estados Unidos posee el Ejército más poderoso del mundo para defender su independencia, y se supone que las Fuerzas de Seguridad de un Estado moderno deberían ser lo bastante eficaces como para proteger la paz en todas partes del país y proporcionar un nivel adecuado de seguridad a los ciudadanos, sin necesidad de que éstos tengan que depender de sus propios arsenales. Si los norteamericanos quieren llevar a sus últimas consecuencias su pensamiento clásico sobre las armas de fuego, la solución no puede ser otra que dejar a los estudiantes que vayan armados a clase para que se puedan defender, y así hasta que vuelvan en todas partes del país los modos del salvaje Oeste Si lo que quieren es cambiar las cosas, entonces deben reformar las leyes para que adquirir un arma no sea más fácil que comprar un encendedor de gas, como sucede ahora.