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22 ESPAÑA Tribuna abierta MARTES 17 s 4 s 2007 ABC José Manuel Villar Uríbarri Doctor en Derecho y abogado del Estado excedente DEMOCRÁTICA N la actualidad se plantea la vigencia y proyección del régimen de libertades que la Constitución consagra. Tradicionalmente, la doctrina constitucionalista más cualificada ha distinguido entre los derechos o libertades de proyección pública y los de proyección estrictamente privada. Entre los primeros, cabe incluir aquellos derechos que requieren un específico respeto de los poderes públicos, y dentro de los mismos se engloban la libertad de reunión, la libertad de expresión, el derecho a la participación política y el de que los tribunales presten la tutela judicial efectiva a los ciudadanos que acudan a ellos. Es evidente que existen otros derechos de la personalidad que explícita o implícitamente la Constitución tutela (artículo 10.1) y que podrían incluirse dentro de los denominados derechos de proyección privada. Pues bien, en un régimen constitucional de libertades, tienen especial relevancia los derechos y libertades de proyección pública. n el régimen político previo a la Constitución, los derechos y libertades de proyección pública estaban anulados y sólo se permitía a los individuos ejercer derechos de limitado alcance en su ámbito privado. Lo que cualifica al actual régimen constitucional, básicamente, son los derechos que se proyectan al exterior. Todo este preámbulo se recoge con objeto de exigir, cívica y ciudadanamente, que los poderes públicos tutelen aquellos derechos que efectivamente deben tutelar. No tiene ningún sentido que se establezca, en la sociedad española, un régimen de limitación de derechos básicos con la simultánea exaltación de derechos de proyección privada, como es el derecho a la libertad sexual, que ninguna tutela exigen de los poderes públicos. Es evidente que cualquier ciudadano puede administrar sus afectos, deseos o inclinaciones sexuales como lo desee, sin que, necesariamente, las autoridades públicas estén, permanentemente, recordando que la libertad sexual es un derecho esencial que debe ser predicado y ensalzado. Para el ejercicio de este derecho no se necesita a los poderes públicos. Basta que cada cual actúe en la intimidad LIBERTADES Y CALIDAD E En el régimen real de libertades no cabe exaltar las libertades y los derechos evidentes, que no pueden ser cuestionados por nadie, y no respetar aquellos derechos de proyección pública que exigen un reconocimiento permanente por parte de los poderes públicos E ÁNGEL CÓRDOBA o ante la sociedad como en cada momento prefiera y elija. ara lo que sí se requiere la actuación de los poderes públicos es para el ejercicio y desarrollo de los derechos de proyección pública, entre los que cabe recoger los siguientes: 1. -El derecho de libertad de expresión, tutelado en el artículo 20 de la Constitución. Los medios de comunicación que son críticos con el poder se encuentran amparados por este precepto constitucional y no puede decirse que, como no se atienen a las pautas del poder político imperante, crispan No crispan, ejercen, en toda su extensión, el derecho a la crítica política y, en consecuencia, a la libre opinión. 2. -El derecho de libertad de reunión, consagrado en el artículo 21 de la Constitución. Cuando, convocados por asociaciones de la más diversa naturaleza, los ciudadanos deciden manifestarse pacíficamente no cabe hablar P de algaradas, de tumultos o de movilizaciones populares que provocan división Se está ejerciendo, pacíficamente, la libertad de reunión. Aquí sí se requiere un claro sometimiento de los poderes públicos al ejercicio de este derecho ciudadano. Ese sometimiento comporta que no se califiquen las libres reuniones como algaradas o movilizaciones populares desviadas. El poder público tiene no sólo que permitir este tipo de reuniones sino que, también, debe respetarlas. 3. -El derecho de representación y de participación política, consagrado en el artículo 23 de la Constitución. Este derecho tiene su concreción esencial a través de la representación parlamentaria. Es importante, en el actual momento, que el Parlamento ejerza el control de cualesquiera cuestiones políticas que tengan vigencia y entidad para la sociedad española. No tiene sentido, por ejemplo, que se limiten o impidan comparecencias de cargos públicos que quieren explicar ante la correspondiente comisión parlamentaria el motivo por el cual disienten del poder ejecutivo. Es verdad que los reglamentos de la Cámara establecen un rictus para llevar a cabo dichas explicaciones, pero no es menos cierto que cualquier interpretación de dichos reglamentos debe ser acorde con la capacidad efectiva de control y conocimiento por parte del Parlamento de cuestiones que afectan al conjunto de la ciudadanía, sin que quepan restricciones más o menos acomodaticias, derivadas de la coyuntura política. 4. -El derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución. Este derecho, pieza esencial y clave en cualquier Estado democrático, debe partir del respeto a los órganos judiciales. No tiene ningún sentido, por ejemplo, que ante una sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la Fiscalía General del Estado diga que el pronunciamiento judicial es una pataleta Ello comporta un intento de desprestigio de la Administración de Justicia que, a la postre, produce un debilitamiento de las libertades constitucionales básicas. No tiene ningún sentido que se establezca, en la sociedad española, un régimen de limitación de derechos básicos con la simultánea exaltación de derechos de proyección privada, como es el derecho a la libertad sexual, que ninguna tutela exigen de los poderes públicos E s exigible a la Fiscalía General del Estado y a las instancias del poder político un mayor respeto a la Administración de Justicia y a sus pronu nciamientos judiciales. Sirva esta reflexión para poner de manifiesto que en el régimen real de libertades no cabe exaltar las libertades y los derechos evidentes y que no pueden ser cuestionados por nadie, y no respetar aquellos derechos de proyección pública que exigen un reconocimiento permanente por parte de los poderes públicos. Si se limitan, modulan o matizan estos derechos, el Estado democrático pierde calidad.