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4 OPINIÓN LUNES 16 s 4 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro DEMOCRACIA EN RUSIA PUTIN Y LA E COMISIÓN DEL 11- M, DOS AÑOS PERDIDOS AS últimas declaraciones del secretario de Organización del PSOE, José Blanco, sobre la responsabilidad del PP por el 11- M demuestran que los socialistas siguen dispuestos a no renunciar a nada con tal de mantener viva la crispación generada tras el atentado terrorista. En respuesta a Mariano Rajoy, quien había pedido que el Gobierno se tomara en serio la amenaza integrista, Blanco le espetó ayer que ojalá se hubiesen preocupado de ese asunto antes del 11- M e insistió en que el PP metió al país en una guerra que ha aumentado los riesgos Se trata, como es obvio, de insistir en que el atentado fue culpa de la guerra en Irak y de la imprevisión del Gobierno. Teniendo en cuenta que, el día antes de que ETA volara la Terminal 4 de Barajas y asesinara a dos ciudadanos ecuatorianos, el presidente del Gobierno anunció un año mejor que nunca y unas navidades sin bombas, José Blanco y, en general, el PSOE deberían dejar de juzgar las imprevisiones y mentiras ajenas. En relación con el terrorismo integrista, todo el mundo debió preocuparse antes. Estados Unidos, antes del 11- S. Gran Bretaña, antes del 7- J. Pero cuando el terrorismo islamista ya comenzaba a ser objeto de investigación judicial y preocupación política en España, no pocos acusaron al PP de estar inventando un fantasmacomocoartadapara su apoyoa lapolíticaexterior de George Bush. Inclusoel PSOE incorporó ala fraseología histórica su chiste sobre el comando Dixán el de aquellos islamistas que tenían materiales teóricamente útiles para fabricar explosivos caseros. Finalmente, cinco de ellos fueron condenados a trece años de prisión por integración en banda armada. Además, el Gobierno socialista tiene pendiente la planificación deuna verdadera política contra elterrorismo islamista. De hecho, dos años después de concluida la Comisión de Investigación sobre el 11- M, creada en el Congreso de los Diputados, el Ejecutivo no ha cumplido la mayoría de las resoluciones aprobadas por los parlamentarios. Izquierda Unida, socio preferente de Rodríguez Zapatero, va a promover diversas iniciativas para impulsar el cumplimiento de esas recomenda- L ciones, ante la pasividad del Ejecutivo. Aunque siempre fue evidente que aquella Comisión fue un fraude parlamentario cometido por el PSOE para condenar políticamente al Partido Popular, habría sido posible obtener de ella algún beneficio si el Gobierno hubiera atendido las conclusiones que todos apoyaron, incluido el PP si bien los populares votaron en contra por no estar de acuerdo con las acusaciones contra su gestión entre el 11 y el 13 de marzo. La falta de reformas y decisiones concretas por parte del Ejecutivo han convertido en papel mojado las conclusiones de la Comisión. Sólo en relación con las víctimas y con el ámbito policial se han ejecutado algunas de sus recomendaciones; ninguna de carácter legal ni político. Y no lo ha hecho el PSOE porque la creación de una política específica contra el terrorismo islamista exige compromisos que son incompatibles con la demagogia y la superficialidad del discurso general del Gobierno sobre el islam y las relaciones internacionales. El combate contra el terrorismo islamista tiene múltiples frentes, pero Rodríguez Zapatero ha quemado la imagen de España en muchos de ellos. Por ejemplo, es precisa una actitud de lealtad hacia los aliados occidentales, pero el PSOE optó por salir de Irak a la carrera y por escamotear apoyos en Afganistán. Es necesario reforzar la identidad política del Occidente democrático, pero Zapatero ha apostado por una mezcolanza irreconocible con pretensiones solemnes en la Alianza de Civilizaciones. Tampoco se ha avanzado en la implantación de recursos institucionales, como se pedía en las conclusiones de la Comisión, mediante la comparecencia bianual del presidente del Gobierno para definir la estrategia antiterrorista, la creación del Comité Estatal de Crisis, la elaboración de nuevos protocolos de actuación coordinada delEstado y las Comunidades autónomas o la reforma de la Comisión Delegada del Gobierno para situaciones de crisis. Mientras tanto, el PSOE persiste en mantener el 11- M como un arma arrojadiza contra el PP y no como la primera agresión terrorista en Europa, en el contexto de una campaña global de la yihad internacional contra las democracias occidentales. EL PNV SE RETRATA A entrevista con Ibarretxe que ayer publicaba el Diario Vasco es fiel reflejo del desconcierto del PNV ante el protagonismo creciente de ETA y su entorno, magnificados por Zapatero al poner en marcha el sedicente proceso de paz El PNV intenta como puede no perder su papel en el desarrollo de los acontecimientos. De ahí que el lendakari vuelva a la carga con la reclamación de una consulta democrática sólo entre los vascos, un eufemismo que encubre lisa y llanamente un referéndum de autodeterminación, o que Joseba Egibar apueste directamente por plantar cara a los Estados español y francés Todo ello supone, en definitiva, reconocer al País Vasco un poder originario- -se le llame o no soberanía -para decidir el futuro a su manera, sin contar con el resto de España. Se trata, por tanto, de resucitar el fallido plan soberanista que rechazó el Congreso de los Diputados por abrumadora mayoría después de una aprobación bajo mínimos en el Parlamento de Vitoria. Han cambiado mucho las cosas desde entonces, y lo peor que le puede pasar al PNV es verse relegado por la izquierda abertzale para hablar y actuar en nombre de todos los vascos, de acuerdo con esa inaceptable identificación que unos y otros practican entre el territorio, la población y los partidos que representan sólo a una parte de los ciudadanos. No hace falta repetir los argumentos ya conocidos para rechazar una propues- L ta ilegal e ilegítima. En todo caso, debería presentarse como lo que es, es decir, una superación del marco constitucional vigente que no reconoce otra soberanía que la atribuida al pueblo español. Merece también una seria reflexión otra afirmación que aparece en la entrevista. Dice Ibarretxe que las iniciativas políticas deben continuar, con independencia de que ETA siga o no amenazando a los políticos no nacionalistas. Es difícil asumir que en pleno siglo XXI y en el marco de la Unión Europea se considere normal- -o, cuando menos, irrelevante- -que un amplio sector de los ciudadanos, así como sus representantes, no puedan defender las propias ideas sin temor a la violencia y sin ser perseguidos y acosados hasta convertir en imposible la vida cotidiana. Da igual, al parecer, que haya gente amenazada, que muchos tengan que llevar escolta y que no puedan participar con naturalidad en debates o actos públicos. El lendakari, al que se debería suponer presidente de todos los vascos, tiene objetivos de largo alcance que no van a ser perturbados por unas cuantas amenazas de más o de menos. El más alto representante del Estado en la comunidad autónoma- -por tanto, de un Estado social y democrático de derecho, como proclama la Constitución- -se muestra insensible ante la falta de libertades públicas y deja bien a las claras cuál es el objetivo último del nacionalismo vasco. L presidente ruso está a menos de un año del fin de su segundo y último mandato, y no es casualidad que sus intentos cada vez más explícitos de volver a modificar la Constitución para poder seguir al frente del país hayan levantado una ola de protestas en sectores democráticos. La reacción exagerada y abusiva de las Fuerzas de Seguridad ante simples manifestaciones pacíficas revela que la posibilidad de que Vladimir Putin intente perpetuarse en el poder es real, tanto como la exhibición del tipo de política que el líder ruso defiende con esta represión. Putin, que desarrolló toda su carrera en la desaparecida Unión Soviética recorriendo los siniestros pasillos del KGB, ha demostrado en su gestión cuán limitadas son sus convicciones democráticas. Sus conciudadanos aprecian su labor para restablecer el respeto a las instituciones después del periodo de desconcierto que siguió al derrumbe de la Unión Soviética y tras años de una gestión errática de un presidente, Boris Yeltsin, que hizo gala de tanta precipitación política como de amor al vodka. Sin embargo, Putin ha transformado erróneamente la aprobación de ciertos aspectos de su gestión en el pretexto para erosionar el avance del país hacia nuevos esquemas que pudiesen llegar a ser realmente democráticos. Su persecución contra una parte de la nueva oligarquía surgida de la corrupción del imperio soviético resultó muy popular, pero, al mismo tiempo, Putin ha abusado de su simpatía por el orden para usar sin ningún control todos los mecanismos a su alcance para responder de modo implacable a las críticas, como demuestra su acoso a televisiones y diarios que consideraba incómodos y las sospechas de que haya podido inspirar o proteger a los asesinos de numerosos periodistas emblemáticos. Las recientes intervenciones de las fuerzas de orden público en Moscú y San Petersburgo son, efectivamente, el síntoma de una agitación política en Rusia, tal vez como no se había vuelto a registrar desde que en 1991 se produjo el colapso de la URSS. Hace quince años que los rusos caminan hacia la democracia, pero, por desgracia, da la impresión de que lo han hecho siempre andando en círculos, para regresar invariablemente a las posiciones de partida, donde reaparecen los reflejos autoritarios del Kremlin. Los rusos han conocido a lo largo de su historia tantos tiranos que, en estos momentos, los destellos totalitarios del actual presidente parecen llevaderos si se comparan con los de Stalin, por no ir más lejos. Sin embargo, Putin no ha sido en sus dos mandatos el democratizador que Rusia necesitaba, algo que ni siquiera se ha molestado en aparentar. Aún tiene unos meses para hacer el mejor servicio que podría prestar a su país, permitiendo al menos que la sociedad rusa pueda elegir libremente un nuevo presidente. Por lo que visto este fin de semana en Rusia, no es eso lo que Vladimir Putin tiene en mente.