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4 OPINIÓN SÁBADO 14 s 4 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro FAMILIAS SIN AYUDAS UNQUE el Gobierno empezó su legislatura anunciando buenos propósitos en materia de política familiar, las cosas siguen igual o peor que antes. Según el informe presentado por el Instituto de Política Familiar- -del que ayer daba cuenta ABC- -seis de cada diez familias no reciben ayuda de las Comunidades autónomas por tener hijos a su cargo. Hay otros datos muy reveladores: así, mientras los gastos que genera un hijo se sitúan, según la edad, entre los siete mil y los diez mil euros anuales, la ayuda media a nivel nacional no llega a trescientos euros y, en el mejor de los casos, asciende a poco más de cuatrocientos. La mayoría de las veces la conciliación de la vida personal y familiar se queda en pura retórica, puesto que apenas existen ayudas para el cuidado de niños pequeños o para pagar las guarderías. La penuria tiene también su reflejo en el ámbito institucional, de manera que ninguna comunidad autónoma cuenta con una consejería ocupada en exclusiva de la familia, y sólo en cuatro de ellas aparece en la denominación, compartida con otras cuestiones heterogéneas de la política social. Es razonable atender la petición del Instituto que ha presentado el informe en el sentido de exigir el establecimiento de una prestación económica mensual por hijo de carácter universal y que se contemplen los supuestos específicos de parto o adopción múltiple, que suponen gastos todavía más difíciles de soportar para una economía media. La protección a la familia es un mandato que el artículo 39 de la Constitución dirige a todos los Poderes Públicos, pero es sobre todo una exigencia elemental de justicia en la sociedad contemporánea. Se trata, según todas las encuestas, de la institución social más valorada y es notorio que desarrolla funciones esenciales en el terreno educativo y asistencial. Para los jóvenes, la permanencia en el hogar familiar es una garantía de estabilidad ante la carestía de la vivienda y el cambio de hábitos respecto de la edad en la que los hijos se independizan. Para una gran mayoría de ciudadanos, se hace difícil atender a tantos gastos, sin que el Estado y las demás entidades públicas aporten unas ayudas que permitan aliviar tales cargas. Sería necesario también revisar la cuantía de las deducciones tributarias, hoy día de alcance muy limitado. El PSOE debe analizar el dato incuestionable, según el cuál las comunidades autónomas en las que gobierna se sitúan casi sin excepción en la cola de todas las clasificaciones. Como siempre, una cosa es predicar y otra dar trigo, pero lo cierto es que no son suficientes esas promesas que el viento se lleva después de la convocatoria electoral. Las Administraciones Públicas están obligadas a abordar en serio un problema que afecta a la vida cotidiana de la inmensa mayoría de los españoles y que necesita con urgencia un acto de voluntad política acompañado de un razonable esfuerzo presupuestario. A ANV, OTRO DISFRAZ DE ETA A izquierda proetarra ha sacado a la luz su cuarto disfraz para poder concurrir a las elecciones municipales y forales del 27 de mayo en el País Vasco y Navarra. La formación utilizada ahora como pantalla es Acción Nacionalista Vasca, partido que surgió como una escisión radical del PNV en los años treinta del siglo XX y que acabó incorporado al entramado de grupos reunidos por ETA en la coalición Herri Batasuna, a partir de 1978. Desde entonces, ANV ha sido un peón de brega de las sucesivas denominaciones de la izquierda proetarra, que ya se planteó contar, en las municipales de 2003, con la siglas de esta reliquia del nacionalismo más extremista. Entre las aportaciones de ANV a la estrategia de ETA consta su participación en algunos los documentos en los que Herri Batasuna apostaba por socializar el sufrimiento es decir, una estrategia de intimidación generalizada. Con estos antecedentes, la inscripción de los representantes de ANV- -que no concurre a unos comicios desde 1977- -en las juntas electorales del País Vasco y Navarra es la manifestación más evidente de que la izquierda proetarra prepara una nueva plataforma para poder volver a las instituciones municipales y forales. Este requiebro del entramado batasuno ha vuelto a poner de manifiesto la falta de coherencia en el Ejecutivo, pues si el Ministerio Fiscal- -por puro formulismo o sincera voluntad de aplicar la ley- -pedía a la Policía información sobre los vínculos de ANV con Batasuna (esperemos que con mejor método que los nefastos informes de verificación del alto el fuego) la vicepresidenta primera del Gobierno no dudó en afirmar que este partido cumple los requisitos legales para ir a las elecciones porque condena la violencia Este juicio es, sin duda, impertinente, en primer lugar porque hay una investigación policial en marcha, ya condicionada políticamente desde el Ejecutivo; en segundo lugar, porque la ilegalización del entramado batasuno decidida por el Tribunal Supremo contamina a cualquiera de sus partidos integrantes; y en tercer lugar, porque la condena de la violencia que pueda haber hecho ANV en algún momento queda completamente neutralizada por su integración en el espectro político controlado por ETA. El hecho de que sea un partido surgido hace ochenta años e inscrito en 1977 no significa que respete la Ley de Partidos Políti- L cos de 2002. También ETA surgió como escisión de las juventudes del Partido Nacionalisa Vasco en los años cincuenta. El panorama que se dibuja a corto plazo no admite ambigüedades como la expresada por la vicepresidenta primera, cuyas palabras sólo alientan escepticismo y duda sobre la verdadera voluntad del Gobierno frente a la izquierda proetarra. Batasuna ha subido el nivel de su desafío al Estado. Ya dispone de cuatro opciones electorales: Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) las agrupaciones electorales, el Partido Comunista de las Tierras Vascas y, ahora, Acción Nacionalista Vasca. Sólo está confirmada la demanda de ilegalización contra ASB, cuya vinculación con Batasuna es tan burda y notoria que sólo cabe pensar que es una pieza sacrificada de antemano. Pero ahí sigue intacto el PCTV instalado en el Parlamento, apoyando las estrategias de ETA y Batasuna, negándose a condenar los atentados etarras, contratando como asesores a dirigentes batasunos, querellada en la Audiencia Nacional y, según se ha sabido a raíz de la detención del nuevo comando Donosti con el etarra Sergio Lezcano metido en nómina. Esta impunidad continuada del PCTV sólo empeora la interpretación de las palabras de Fernández de la Vega sobre el supuesto cumplimiento de la ley por parte de ANV y tampoco tranquiliza sobre la posible impugnación de las agrupaciones electorales para las que Batasuna ha promovido una campaña de recogida masiva de firmas. El problema es que, sin una política antiterrorista concreta, fiable y sostenida, el Gobierno no tiene crédito en sus anuncios de firmeza frente a Batasuna. Es imprescindible que las elecciones del 27- M se celebren en el País Vasco sin la presencia de listas proetarras. Es, asimismo, falso que la presencia del entramado batasuno en las instituciones contribuya a la normalización política. No lo hicieron Herri Batasuna y sus sucesores desde 1978; no lo ha hecho el PCTV desde 2005. Por el contrario, la máxima debilidad de ETA coincidió con su expulsión de los ayuntamientos y las diputaciones forales. Si cualquiera de sus marcas electorales vuelve a ellas, la responsabilidad política será de quienes se lo permitan, porque lo aprovechará para seguir dando cobertura al asesinato y la extorsión, único fin para el que ETA se interesa por la legalidad democrática. MERCADO SIN GARANTÍAS JURÍDICAS L lamentable espectáculo en torno a la opa sobre Endesa y el abierto enfrentamiento entre el Gobierno y el presidente de la CNMV subió ayer de intensidad con el duro intercambio dialéctico entre el vicepresidente Pedro Solbes y Manuel Conthe, quien, en unas jornadas financieras organizadas por ABC, acusó al Ejecutivo de ejercer una política industrial contraria a las normas del mercado de valores y reclamó la dimisión del vicepresidente del organismo regulador, Carlos Arenillas. Casi en paralelo, y mientras el propio vicepresidente económico proclamaba su desconfianza en Conthe, el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para completar el esperpento, emitía una nota pública de descalificación de su presidente y reclamaba, asimismo, su dimisión. El desprestigio de la CNMV un organismo, teórica y legalmente independiente, ha alcanzado cotas impensables con la consiguiente merma del crédito de las instituciones españolas y de la brusca pérdida de imagen de nuestro país en el extranjero, El principal culpable de esta situación es un Gobierno que ha acreditado una desconsideración que raya en el desprecio por los organismos reguladores, en los que se asien- E ta buena parte del equilibrio de poderes del Ejecutivo, lo que ha generado una grave inseguridad jurídica que quiebra los principios del libre mercado. Días atrás, uno de los medios financieros más prestigiosos del mundo señalaba que más que campeones nacionales a España le convendría disponer de un organismo de control del mercado financiero independiente, profesional y con prestigio. Es decir, la antítesis del actual. Nada resulta más nocivo para los inversores que la inseguridad jurídica, la arbitrariedad y la incertidumbre. El atribiliario desarrollo de la opa sobre Endesa, una de las operaciones financieras más costosas y ambiciosas ocurridas en el continente, es un pésimo ejemplo que ha puesto en evidencia el grosero y torpe intervencionismo de un Gobierno severamente amonestado por Bruselas. La CNMV es un organismo de corta tradición, sin trayectoria ni experiencia, que ha estado sujeto desde su nacimiento a las injerencias políticas. En esta tesitura, quizá lo más conveniente sería revisar la actual ley y proceder a una reforma profunda de la institución que la dote de una verdadera independencia.