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4 OPINIÓN VIERNES 13 s 4 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro INCERTIDUMBRE ELECTORAL EN FRANCIA AMENAZA DIRECTA DE AL QAIDA A campaña de atentados integristas en el norte de África es el resultado de una decisión estratégica de Al Qaida de extender la guerra santa a todo el territorio que se propone recuperar para el nuevo califato que debe gobernar el islam, incluidos los países musulmanes dirigidos por regímenes laicos o monarquías corruptas La implantación de la red yihadista de Bin Laden en el Magreb tuvo el punto de inflexión con la conversión de los salafistas argelinos en el brazo local de Al Qaida, que pasaría a controlar, directa o indirectamente, la constelación de grupos terroristas de la región. Este proceso de reclutamiento ha ido acompañado por un afianzamiento logístico de Al Qaida en el desierto del Sahel, dando a la red integrista nuevas plataformas de lanzamiento para sus ataques terroristas y para la captación de más sectores del mundo musulmán. Por tanto, desde los atentados de Casablanca, en mayo de 2003, la progresión del terrorismo integrista al otro lado del Estrecho ha sido constante y, por esta razón, el Gobierno debe tomarse muy en serio las reiteradas apelaciones de Al Qaida a la recuperación de Al- Andalus para el islam, la última de ellas contenida en la reivindicación de los atentados de Argel. El terrorismo integrista no es, en absoluto, un problema generado por la pobreza ni una reacción provocada por la política exterior de Estados Unidos. La mentalidad europea es muy dada a estos argumentos vacuos porque le ahorran la carga de asumir riesgos y compromisos, como ya hiciera cuando pudo prevenir o contener, y no lo hizo, los totalitarismos del primer tercio del siglo XX. En todo caso, después de los atentados de París en los ochenta del siglo pasado y los ataques criminales del 11- M en Madrid y del 7- J en Londres, no es admisible que Europa se siga engañando sobre el más temible enemigo que se cierne contra ella. Ni que siga callando la evidencia de que en Afganistán y en Irak se combate a los mismos terroristas. El Gobierno español tampoco puede permitirse el error de minusvalorar la amenaza integrista contra nuestro país L y debe poner especial atención a Ceuta y Melilla. Es comprensible que sus representantes políticos hayan mostrado su malestar por el hecho de que se haya alertado en los últimos días sobre el riesgo de ataques a ambas ciudades autónomas. En otro momento, quizá sería un alarmismo desproporcionado, pero en las actuales circunstancias, con Marruecos y Argelia golpeados brutalmente, con amenazas directas de Al Qaida a España y con la circulación de los nombres de Ceuta y Melilla en los foros del integrismo, no sólo no es alarmista, sino obligado un emplazamiento al Gobierno para que adopte medidas de protección específicas. Más aún, a la vista de que las informaciones recabadas apuntan de nuevo a que terroristas marroquíes huidos están escondiéndose en España. No hay que olvidar que la actividad del integrismo en Ceuta ha sido creciente en los últimos tiempos, como se demostró en diciembre del pasado año, con la detención de once islamistas que estaban culminando la organización de un grupo terrorista. Es importante que el Gobierno traslade a la opinión pública la sensación real de que no se está mirando a otro lado, ni aplicando a esta situación de crisis en el Magreb los tópicos elusivos tan presentes en la propuesta de la Alianza de Civilizaciones. Hay un enemigo que ya ha matado en masa, que reitera sus amenazas y, sobre todo, que tiene determinación para ejecutarlas como sea. La respuesta al terrorismo integrista requiere un plan global de seguridad nacional, que recoja las experiencias y las lecciones impartidas por los atentados de Al Qaida, pero también por la vulnerabilidad de las sociedades occidentales, obligadas más que nunca a revisar sus políticas de inmigración y de integración de las poblaciones musulmanas. Ciertamente, los líderes musulmanes tienen razón cuando reclaman que no se confunda el islam con el terrorismo, pero deben asumir que Al Qaida mata en nombre del islam y que cada vez es mayor el número de jóvenes musulmanes atraídos por el terrorismo. Antes que las víctimas del integrismo musulmán, son los propios musulmanes quienes deben asumir que su fe y el terrorismo son incompatibles. EXPULSIÓN DE INMIGRANTES ILEGALES L Tribunal Supremo ha confirmado el criterio establecido por algunos Tribunales Superiores autonómicos en el sentido de que vivir ilegalmente en España no es motivo suficiente para la expulsión de un inmigrante. Según el Supremo, la Administración debe aportar otras razones que justifiquen la expulsión. El Supremo aplica así en términos muy literales la ley de Extranjería, según la cual la estancia ilegal se castiga con una multa, de modo que cualquier otro tipo de medidas más contundentes, como la expulsión del país, deben argumentarse por la existencia de daños o riesgos y en virtud de criterios justificados y no arbitrarios. No le basta al Supremo con que los extranjeros en cuestión hubieran sido detenidos por la presunta comisión de un delito o que desarrollaran una actividad (en un bar de alterne) sin autorización administrativa, recordando la abundante doctrina que declara esta última actividad como un medio lícito de vida. Se trata, en definitiva, de una interpretación generosa de la ley que tal vez pueda no ser criticable desde una perspectiva técnico- jurídica, pero que sí puede causar incomprensión en parte de la sociedad y, en cualquier caso, sitúa el problema en el ámbito del legislador, que no puede eludir por más tiempo su responsabilidad en esta materia. Según todas las encuestas, la inmigración ilegal figura entre las preocupaciones principales de los españoles y la permanencia de muchos extranjeros en nuestro territorio E al margen de la ley exige una respuesta eficaz de los poderes públicos. Cualquier flexibilidad en este terreno es interpretada por las mafias que trafican con seres humanos como una oportunidad. De hecho, las regularizaciones en masa y las leyes permisivas producen un efecto llamada puesto que transmiten al inmigrante el mensaje de que lo importante es entrar en España por cualquier medio, ya que la posibilidad de ser expulsado es muy remota. El Gobierno ha practicado en este delicado asunto una política confusa, errática y muy criticada por la UE. Un falso buenismo aplicado a la inmigración irregular produce alarma social y no ayuda a la necesaria política de integración de los inmigrantes que llegan a España en busca de nuevas oportunidades. Ellos son los grandes perjudicados de una visión negativa de la inmigración, provocada por los grupos organizados que introducen a los ilegales y los dejan en absoluto desamparo. Si la legislación vigente permite una interpretación tan amplia como la realizada por el Tribunal Supremo, el deber del legislador es adaptar la ley para que no deje lugar a dudas. De lo contrario, la supuesta firmeza de los responsables de Interior respecto de casos concretos quedará en nada ante la decisión contraria de los jueces. Nadie debe vivir al margen de la ley en un Estado de Derecho, sea nacional o extranjero, porque de lo contrario la sociedad se sentirá indefensa. A larguísima campaña electoral francesa está entrando en su recta final con las encuestas más llenas de dudas que de certezas. Y las certezas son además aquellas que añaden elementos inquietantes a un proceso en el que está en juego no sólo el futuro político de Francia, sino el de toda Europa. Los franceses muestran una tendencia preocupante hacia los extremismos, tanto de derecha como de izquierda, y aunque la fórmula de la segunda vuelta está hecha para obligar a optar después por el voto útil, la primera votación es el retrato político de la sociedad, que en este caso y por azares de las combinaciones del calendario tendrá ocasión de reflejarse en las elecciones legislativas que se celebrarán prácticamente seguidas de las presidenciales, en el mes de junio. Para un país que había hecho de los ideales ciudadanos de la revolución la base de cohesión social durante siglos, la emigración y la identidad nacional emergen en un inquietante debate que demuestra hasta qué punto Francia necesita urgentemente un cambio de aires después de casi tres décadas, en las que François Mitterrand primero y Jacques Chirac después han agotado el modelo de la posguerra y han dejado al Estado francés prácticamente en bancarrota. Las encuestas indican también que la mitad de los electores no ha decidido todavía a quién votarán el 22 de abril, lo que significa que cualquier combinación puede ser posible como resultado ante la segunda vuelta. La ventaja en la que se ha instalado desde el principio el candidato conservador Nicolás Sarkozy no le garantiza en ningún caso la victoria en la segunda, si el adversario fuera el centrista François Bayrou en lugar de la socialista Segolene Royal. Los partidarios de Sarkozy, que han puesto su esperanza en sus anunciados planes de modernización del país, pasan por haber lanzado la mayor movilización sobre el terreno, pero en estos momentos Francia puede ser una sociedad imprevisible: también se movilizaron a favor del sí las maquinarias oficiales de todos los grandes partidos durante el referéndum sobre la Constitución europea y, sin embargo, los electores dieron la espalda a unos y otros para acabar contagiando a la Unión Europea la malaise francesa. Por ello no están de más todos los llamamientos que se hagan a la sensatez de los votantes, como el que ha lanzado un numeroso grupo de intelectuales de varias tendencias, pidiendo el apoyo a Nicolas Sarkozy frente a la peligrosa deriva populista que encarnan tanto la socialista Royal como su candidato alternativo, Bayrou. Una y otro representan la Francia del miedo a la renovación y a la reforma de estructuras ya decadentes, cuando lo que el país precisa sin demora son pasos decididos hacia su definitiva modernización. De lo que decidan los franceses ha de salir la solución a sus propios problemas, pero también a los de una Europa de la que Francia forma parte indispensable. L