Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
ABC JUEVES 12 s 4 s 2007 ESPAÑA 25 El PP concluye que la misión europea de urbanismo pretende hacer daño a España El informe que denuncia los abusos en la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería y Madrid, fue aprobado ayer en la Eurocámara con el rechazo popular LAURA VILLENA. SERVICIO ESPECIAL BRUSELAS. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo dio su apoyo ayer al informe que denuncia los abusos urbanísticos de la Comunidad Valenciana, Almería, Murcia y Madrid. El texto, elaborado por el eurodiputado polaco Marcin Libicki y el británico laborista Michael Cashman tras su periplo por España, fue aprobado con el apoyo de todas la fuerzas políticas excepto de los tres eurodiputados populares, Carlos Iturgaiz, Luis Herrero y Cristina Gutiérrez- Cortines, y denuncia particularmente los métodos de designación y los excesivos poderes otorgados a urbanizadores y constructores. La visita de seis días emprendida el pasado 27 con el ánimo de analizar in situ las supuestas irregularidades urbanísticas en estas comunidades, dio lugar a un texto especialmente crítico con el derecho de propiedad. Desde el punto de vista de la delegación hay una clara falta de respeto a los derechos fundamentales con respecto a la propiedad de los ciudadanos europeos en muchas partes de España y particularmente en la Comunidad Valenciana dice el informe. Dicho de una forma más sencilla, la visita de los eurodiputados sirvió para dar eco a los numerosos casos en los que residentes, tanto españoles como extranjeros, se ven amenazados de expropiación tras la compra de viviendas construidas en el marco de acuerdos ilegales entre constructores y autoridades En ningún otro país de la UE se abusa del derecho de propiedad de los ciudadanos como en España afirmó Cashman. El texto también hace referencia al fomento del desarrollo sostenible y pide indemnizaciones para los afectados. En este sentido exige la creación de comisiones independientes para la investigación de litigios por irregularidades en planes urbanísticos. El eurodiputado del PartidoPopular Europeo (PPE) Carlos Iturgáiz, rechazó de plano el texto y calificó la misión parlamentaria como una oportunidad para intentar desgastar al Gobierno de la Comunidad Valenciana. Iturgáiz resaltó el hecho de que los eurodiputados obviaran en su visita municipios socialistas y comparó la visita con la película Bienvenido Mr. Marshall recalcando el daño que el informe pretende hacer a Valencia y a España Y es que, tal y como recoge el texto, los eurodiputados y su comitiva no siempre fueron bien recibidos y las autoridades de algunos municipios aprovecharon la visita para reprocharles que los anteriores viajes de delegaciones del Parlamento Europeoo en 2004 y 2005 costaron 200 millones de euros al sector del turismo. El laborista británico Michael Cashman respondió a Iturgáiz que si de verdad se ha dañado al Gobierno valenciano, está en sus propias manos la solución al problema y el respeto a los derechos fundamentales y pidió la intervención del Tribunal Europeo de Justicia y el de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo en casos de pérdidas de propiedades y falta de compensaciones a las víctimas. Entre las recomendaciones que se incluyen en el texto, que no es vinculante y tan sólo tiene un valor político, se pide al Gobierno español y al valenciano que definan los criterios de aplicación del artículo 33 de la Constitución española sobre el interés público para evitar abusos en el derecho de propiedad, y pide a la Comisión Europea (CE) que intervenga en los casos de infracciones de España contra la legislación comunitaria en casos de vastos planes urbanísticos Representantes de la CE presentes en el debate de ayer afirmaron que Bruselas tiene previsto tomar una decisión el próximo mes de junio, sobre si llevará o no a España ante el Tribunal Europeo de Justicia por el incumplimiento de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) de la directiva europea de contratación pública. El pasado mes de diciembre ya abrió un expediente contra España por esta cuestión y ahora estudia si debe o no acudir ante el Tribunal de Luxemburgo. El TSJ de Asturias anula el ordenamiento urbanístico de Llanes GONZALO DÍAZ RUBÍN OVIEDO. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha estimado el recurso presentado por el partido Endecha Astur y ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Llanes, aprobado por el Ayuntamiento, entonces presidido por Antonio Trevín, hoy delegado del Gobierno, y que contó con el visto bueno del Principado. Es la segunda vez que los tribunales anulan el ordenamiento urbanístico de la villa turística del oriente de Asturias, ya que el Supremo anuló las normas subsidiarias de 1995. En ambas casos presidía la Corporación el socialista Antonio Trevín. Los motivos que esgrime el TSJA para anular el plan general son muy similares a los que en su día motivaron la decisión del Supremo: el Ayuntamiento de Llanes vulneró los trámites de información pública. El tribunal considera además que el estudio económicofinanciero que acompaña el documento es irrealizable. Detenidos dos hijos de la principal imputada del PP en el caso Faycán La Policía detuvo ayer, en el marco del caso Faycán a Alejandro y Francisco José Fernández Torres, hijos de Antonia Torres, ex concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) Ambos han sido imputados en el caso- -que investiga el cobro de presuntas comisiones ilegales desde el Consistorio- -por supuesto blanqueo de capitales. Expediente contra España Expropiaciones Los desmontes para la construcción de 395 viviendas han transformado la ladera sur del Alto del Cuco, en el municipio de Piélagos EFE La Fiscalía de Cantabria abre una investigación penal sobre las viviendas ilegales de Piélagos ARANCHA BELLO SANTANDER. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que obliga al derribo de 395 viviendas que se estaban construyendo en el Alto del Cuco, en el municipio de Piélagos, ha sido sólo el primer paso. La Fiscalía cántabra ha ido más allá y ha decidido investigar si se pueden exigir responsabilidades penales sobre la construcción de esta urbanización masificada que ha destruido el Monte La Picota, un paraje natural cercano a la costa. La repercusión social y medioambiental que ha tenido este caso ha empujado a Pilar Martín- Nájera, fiscal jefe de la región, a indagar en los procedimientos llevados a cabo para permitir esta aberración que ha causado un daño irreparable en el paisaje y que, además, ha movilizado a cientos de propietarios que se quedarán sin sus casas, en las que habían invertido una media de 50.000 euros. La urbanización del Alto del Cuco vulnera la Ley del Suelo, con rampas muy superiores a las permitidas, y la Ley de Barreras Arquitectónicas. Además, tanto el presidente de Cantabria como la asociación ecologista ARCA- -quien interpuso el primer recurso contra el Plan Parcial llevado a cabo en este monte- -han acusado al alcalde popular de Piélagos de aprobar su ejecución en contra de los informes de la Comisión Regional de Urbanismo. Por estos hechos, que motivaron la sentencia de derribo, la Fiscalía investigará cómo fue posible que este plan saliera adelante vulnerando tantas normativas. Además, desde el Gobierno regional también han denunciado su tramitación que se aprobó antes de la Ley de Protección del Litoral, POL, que habría calificado este monte como zona protegida. La decisión, en última instancia, de construir la urbanización fue del Ayuntamiento del municipio, donde gobierna el PP desde hace 18 años, y que fue quien aprobó el Plan Parcial del Alto del Cuco.