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4 OPINIÓN JUEVES 12 s 4 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro MEJORAR LA ATENCIÓN PRIMARIA ON independencia de la inevitable guerra de cifras, la huelga de los médicos de atención primaria refleja una vez más los múltiples problemas reales de la sanidad española. Como es notorio, este asunto afecta directamente a los ciudadanos aunque no siempre los partidos políticos le prestan el interés que merece. Con carácter general, los médicos plantean reivindicaciones razonables, y así se ha reconocido en diversas comunidades autónomas en las que se han alcanzado acuerdos satisfactorios. En otros casos, como ocurre en Madrid, el propio consejero de Sanidad ha expresado en público su apoyo a alguna de las peticiones. Por tanto, cabe exigir a las administraciones implicadas y a los responsables sindicales una suficiente flexibilidad negociadora para afrontar los temas pendientes. Es razonable pedir un incremento presupuestario para el sector sanitario, con la repercusión correspondiente en el aumento de personal y en las mejoras retributivas. También es digna de consideración la solicitud de una receta multiprescripción renovable que vendría a simplificar en beneficio del paciente ciertos trámites engorrosos. La propuesta más llamativa de cara a la opinión pública hace referencia a los ya famosos diez minutos para atender cada consulta. Se trata, no sin un poso de cierta demagogia, de una manera de llamar la atención de la gente, aunque en la práctica el tiempo que se dedique a cada caso debería depender de las circunstancias concretas. En todo caso, es cierto que conviene aliviar la saturación que padecen algunos centros, para lo cual sería importante disponer de datos estadísticos sobre los diversos colectivos que reciben asistencia en la sanidad pública con vistas a racionalizar la prestación del servicio. Los médicos han sabido expresar sus reivindicaciones con buen criterio y causando las molestias mínimas a los afectados. Es el momento de que las administraciones públicas adopten medidas para justificar el elevado gasto sanitario, porque a veces no está claro de dónde procede el déficit permanente en esta materia. En la segunda Conferencia de Presidentes celebrada en el Senado, el Estado se comprometió a aliviar los problemas de financiación de la sanidad que padecen las comunidades autónomas, pero al parecer tales mejoras no han llegado todavía a ser percibidas por los usuarios. De hecho, según denuncian los médicos, el presupuesto destinado a atención primaria en el marco del gasto sanitario público es muy inferior en España a la media europea. La elaboración y puesta en práctica de planes de mejora en este tipo de actividad, con el acuerdo de los profesionales y de las consejerías competentes, supondría un avance muy positivo. También deben potenciarse las actividades de formación y de investigación en la medida en que un médico bien preparado está en condiciones de prestar un servicio de mayor calidad. Antes de la nueva convocatoria de huelga que se anuncia para el mes de mayo, las partes deberían ponerse de acuerdo en beneficio del derecho a la salud de todos los ciudadanos. C ALARMANTE SEÑAL DESDE EL MAGREB A sacudida de graves ataques terroristas en Marruecos y Argelia está reavivando con intensidad una pesadilla a la que erróneamente empezábamos a dejar de lado. A apenas unos cuantos kilómetros de la Península se está abriendo de nuevo el frente de una guerra atroz e implacable cuyos ecos llegan claramente hasta nosotros. Marruecos, que parecía inmune a este cáncer terrible del integrismo, aparece ahora como un escenario de violencia en el que la policía apenas logra contener las oleadas de terroristas suicidas que tratan sucesivamente de reeditar los sangrientos atentados de Casablanca. Y en Argelia, donde se creía que la ley de olvido y perdón promulgada por el presidente Abdelaziz Buteflica había supuesto el final de casi una década de violencia, los terroristas han reanudado su actividad en pleno centro de Argel, atacando nada menos que la sede de la presidencia del Gobierno un 11- A. Los expertos confirman que los primeros obedecen órdenes de los dirigentes internacionales de Al Qaida y en el segundo caso la multinacional del terror islámico se ha encargado de asumir directamente la autoría de las bombas de ayer, certificando los anuncios hechos a primeros de año sobre el desarrollo de un creciente frente terrorista en el Magreb. Nuestra perplejidad ante esta efervescencia criminal viene dada por el hecho de que el objetivo de estos terroristas suicidas no obedece a ninguna de las consideraciones que España puede suponer. No luchan contra una dictadura opresiva; más bien al contrario, intentan instaurar un régimen implacable regido por reglas religiosas medievales. No quieren la democracia más que para utilizarla como medio para aniquilar las influencias del mundo occidental, ni desean vivir mejor, sino que están dispuestos a inmolarse en el camino de un paraíso prometido por las enseñanzas coránicas a los que ofrecen su vida en esta extraña guerra que se atreven a calificar de santa España, donde la salvajada del 11- M pesa aún mucho en el ánimo de la ciudadanía y donde, por tanto, la preocupación es creciente, no tiene más remedio que seguir ofreciendo a nues- L tros vecinos toda la ayuda posible para su desarrollo económico y apertura política, aun sabiendo que el grueso del problema forma parte de una discusión en el interior del mundo islámico en la que prácticamente no tenemos ninguna capacidad de influir. Sin embargo, la frecuencia creciente de los atentados terroristas en Argelia y Marruecos pone ante nosotros una situación sobre la que es razonable pensar que puede empeorar a corto plazo. Somos vulnerables, por la proximidad geográfica, pero sobre todo por la permeabilidad de las fronteras. El creciente número de ciudadanos de origen magrebí que vive entre nosotros, en España y en otros países europeos, constituye un medio de penetración y camuflaje para terroristas, con el agravante de que ya sabemos que ahora forman parte orgánica de la siniestra estructura de Al Qaida, que por su parte lleva mucho tiempo demostrando que tiene objetivos planetarios y que no ha dejado de tener a España en su macabra diana. No hace tanto que el Gobierno prometió redoblar los medios dedicados a la lucha contra esta amenaza. Sin embargo, pocos datos hay que indiquen que se está prestando la atención que merece a un problema del que puede depender nuestra percepción de la seguridad. Las invocaciones huecas a la famosa alianza de civilizaciones han sido la bandera de enganche de una política equivocada que en sus aspectos concretos ha hecho poco por consolidar nuestros intereses geoestratégicos en la zona ni por ayudar a la aproximación entre los Gobiernos de Marruecos y Argelia, que comparten una misma amenaza pero no han aprendido a luchar conjuntamente para derrotarla. La preocupación suscitada por estos atentados es comprensible y legítima. Son una terrible señal de alarma que debemos atender sin vacilar. Hace menos de una década, en Argelia murieron unas 80.000 personas en una guerra civil que se reactiva ahora y que se convierte en un espejo de lo que puede suceder en Marruecos. Es el momento de que el Gobierno español asuma su responsabilidad. Antes de que vuelva a ser demasiado tarde. CONDUCTAS DISPARES EN EL BANQUILLO ON la citación judicial de los policías mencionados por el ex director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera, en su carta al magistrado Javier Gómez Bermúdez, la polémica sobre el informe que supuestamente vinculaba a ETA con los atentados del 11- M se va a someter al filtro de la justicia. Quienes tanto dudan de que se llegue a saber la verdad en este juicio, tendrán ocasión de satisfacer sus inquietudes. Así se pondrá fin a una discusión que ha perturbado innecesariamente la marcha del juicio y se sabrá qué sucedió con ese informe. Cada cual habrá de enfrentarse a la responsabilidad de sus actos y manifestaciones, pero Díaz de Mera ya tiene una primera por haber cometido una equivocación injustificable. En su posición de ex director general de la Policía, su paso por el juicio del 11- M debía haber seguido otro registro, defendiendo la gestión informativa y política del Gobierno del PP y la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado y no comprometiendo innecesariamente a los dirigentes de su partido, que se han visto inmersos durante estos días en una discusión absurda de la que sólo se ha beneficiado el PSOE. La rectificación de Díaz de Mera llega tarde para ahorrar a Rajoy un trance por el que no tenía que haber pasado, ante todo porque el empeño de algunos en meter como sea a ETA en el 11- M encajona al PP allí donde el PSOE quiere tenerlo. C Sin duda, la actitud de Díaz de Mera durante su comparecencia en el juicio contrasta con la que mantuvieron ayer dos de sus colaboradores y responsables directos de la política antiterrorista del PP Jesús de la Morena, ex comisario ge, neral de Información, y Pedro Díaz Pintado, ex subdirector general operativo. Uno y otro fueron mandos de la máxima confianza de los tres ministros del Interior del PP estuvie, ron en sus cargos desde 1996 hasta 2004 y participaron de forma esencial en la eficaz lucha contra ETA. Conviene tener en cuenta estos datos por si empiezan a extenderse sobre ellos las sombras de las insidias. Sus testimonios fueron coherentes y confirmaron la veracidad de las informaciones dadas a la opinión pública por el Gobierno del PP a partir de los atentados y, en concreto, por Ángel Acebes. Expusieron de forma ordenada lo que sucedió desde el 11 de marzo hasta el 3 de abril, fecha de la explosión en Leganés. Dieron respuesta a muchas dudas interesadas, tanto de quienes siguen diciendo que el Gobierno del PP mintió al decir, en las horas y días posteriores al atentado, que ETA era la principal sospechosa, como de quienes se obcecan en descalificar la investigación judicial, pese a que ésta se ha construido en una parte muy importante con las aportaciones policiales hechas bajo mandato del PP Y esto es lo que a algunos pa. rece no gustar: que las preguntas tengan respuestas.