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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 11 s 4 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro LONDRES RECUPERA EL SENTIDO COMÚN N las sociedades contemporáneas, en caso de conflicto, el manejo de la información se ha convertido en un arma tan esencial como la pólvora. Eso es lo que han hecholos responsables delrégimen iraní mientras han tenido secuestrados a los marineros británicos y es lo que pensaba hacer el Ministerio de Defensa del Reino Unido para usar el eco de la prensa sensacionalista como amplificador de su respuesta en este desagradable asunto. Afortunadamente, en Londres ha prevalecido el sentido común y se ha puesto fin a una práctica dudosamente ética, consistente en autorizar la venta a los periódicos sensacionalistas los relatos del cautiverio de los quince soldados retenidos en Irán. En este caso, el régimen iraní ha hecho un uso abusivo e intolerable de los recursos más bajos de la propaganda. Los ayatolás se comportaron como salteadores, como secuestradores de viajeros como los que se han visto en las zonas todavía bajo la anarquía en Irak o Afganistán, obligando a sus rehenes a comparecer ante las cámaras de televisión para forzarles a recitar confesiones escritas de puño y letra por sus captores. El asunto consistía en justificar un acto de piratería tratando de convencer a todo el mundo de que la patrullera británica había rebasado el límite de las aguas territoriales iraníes, frente a las versiones del Gobierno británico sosteniendo todo lo contrario. Como era de esperar, la polémica no terminó con la liberación delos militares, puesto que el Gobierno iraní, en las actuales circunstancias en las que está lanzando un órdago a la comunidad internacional, ha seguido propagando su versiónsobrelos hechos, apoyándola en las filmaciones equívocas del cautiverio de sus rehenes, repitiendolassupuestas confesiones de culpabilidad de los militares. Tal vez el Ministerio de Defensa británico haya sentido la necesidad de contrarrestar esta propaganda iraní, temiendo que pudiera acabar haciendo mella en la moral de sus soldados. También para lasociedad británica, que tiene cada vez dudas más importantes sobre la pertinencia del esfuerzo militar que desarrollan junto a Estados Unidos en Irak, podría ser reconfortante conocer de primera mano los detalles del cautiverio, con la certeza de que cuanto más crueles y denigrantes fueran los pormenores, más crecería la irritación de los ciudadanos y el apoyo a los militares expedicionarios. Los efectos que puede tener una campaña bien orquestada en la prensa sensacionalista británica son bien conocidos a pesar de que el hecho de quelos diarios paguen porsusinformaciones forma parte de la práctica más habitual en aquel país. Pero aun en estos casos ha de prevalecer por encima de cualquier otra consideración la profesionalidad y el honor de los soldados británicos. Todo lo queexplicaronconjuntamenteen unarueda de prensa oficial ya dejaba bien claro quién se había comportado de manera cobardeeindecentey quiéneshabían demostrado su valentía y su sentido del deber. Las prácticas posteriores de comercio de exclusivas periodísticas y de sensacionalismo no servían más que para volver a enturbiarlo todo. E EL PSOE Y SUS SOCIOS HACEN CUENTAS A reforma delaley deFinanciación delos Partidos Políticos es fiel reflejo de la estrategia socialista para aislar al PP que viene practicando desde el principio de la legislatura. Se trata de una ley que debería ser pactada entre los dos grandes partidos de ámbito nacional puesto que afecta a reglas básicas del Estadodemocrático. Sin embargo, el PSOE ha cerrado acuerdos con los nacionalistas y plantea posturas que no son asumibles por laoposición, buscandouna vez más quelos populares ofrezcan una imagen de soledad parlamentaria. Es una táctica oportunista que reporta tal vez ciertas ventajas a corto plazo, pero que resulta desleal hacia el pluralismo político: en democracia, es tan importante la oposición como el Gobierno, mucho más cuando aquélla representa a casi diez millones de ciudadanos. La nueva ley favorece además los planes del Ejecutivo enrelación con Batasunao con cualquier otra marcaelectoral vinculada con ETA. En concreto, las cinco causas de la normativa vigentepararetirar odenegar ayudas públicas alospartidos quedan reducidas a una sola, frenteal criterio del PP en favor de mantener los eficaces filtros actuales, como se demostró precisamente en el caso de Batasuna. La cuestión tiene especial relevancia ante eventuales próximos pasos en el proceso de paz dado que la viabilidad de las negociaciones pasa necesariamente por que el entorno de ETA recupere- -a través de los partidos y de su presencia en las instituciones- -los ingresos perdidos por la ilegalización. Por otra parte, la ley está diseñada a la medida de las necesidades del PSOE y de sus socios. Hay una subida general de subvenciones del 20 por ciento, privilegios fiscales y otras ventajas que incrementan la financiación pública y favorecen así a las formaciones que viven a expensas de los presupuestos generales. En la realidad actual del sistema democrático, la tendencia hacia la partitocracia produce un grave deterioro en la legitimidad del sistema, dado que acrecienta la distancia entre la clase política y la sociedad civil. Por ello, es contradictorio predicar la democracia participativa o deliberativa y las ideas en favor de una ciudadanía activa al tiempo que se favorecen los peores vicios del L modelo que otorga a los partidos el monopolio de la representación. Mucha gente se siente discriminada cuando compara su posición como cliente de una entidad bancaria con la condonación de las deudas de los partidos. De ahí el acierto del PP al presentar una enmienda en favor de la transparencia, que obligaría a todos a hacer públicos sus créditos bancarios. El vínculo entre financiación de partidos y corrupción es algo más que una sospecha infundada, pero no se debe generalizar porque perjudica injustamente a quienes cumplen la ley con rigor. Parte de los casos de actuaciones ilegales en el ámbito urbanístico están conectados con mecanismos que aportan dinero de forma irregular a los partidos. La idea de que los constructores y los promotores inmobiliarios no puedan realizar donaciones está orientada en la dirección correcta, aunque siempre podrían buscar fórmulas indirectas de muy difícil control. Pero el PSOE y sus socios tampoco parecen dispuestos a aceptar una propuestatanrazonable, llevados entreotrascosas por elafán recaudatorio queinspira todo el texto de la ley. Lo cierto es que nadie se va a creer que determinadas empresas con intereses muy concretos en el ámbito local aporten fondos al partido que cuente con mayoría en el municipio sin esperar nada a cambio. Mezclar dinero y política es muy arriesgado, ya que genera un ambiente donde proliferan los negocios turbios y los personajes de dudosa moralidad en el manejo de los caudales públicos. El asunto se complica todavía más si entran en juego, a la hora de otorgar créditos o de perdonar deudas, las propias cajas de ahorros, que están controladas en buena medida por las comunidades a través de consejeros propuestos por los partidos. El conflicto de intereses es patente, porque resulta inevitable pensar que van a actuar como juez y parte de una causa que afecta directamente a las formaciones políticas a las que deben su nombramiento y de las que depende su continuidad. En definitiva, como establece la Constitución los partidos son elemento sustancial en el Estado democrático, pero no pueden convertirse en instituciones privilegiadas al margen de los ciudadanos. INTEGRISMO Y TERROR EN MARRUECOS L terrorismo islamista sigue enseñando sus dientes en Marruecos. Ayer, varios terroristas se inmolaron en las calles de Casablanca al hacer estallar los explosivos que llevaban consigo cuando la policía trataba de detenerlos. Otro terrorista fue abatido a tiros y más de treinta personas han sido detenidas. Más allá del éxito policial y la desactivación de una peligrosa célula terrorista con un historial de atentados en la misma ciudad que va desde el sufrido en 2003 hasta el perpetrado hace apenas un mes en un cibercafé, la noticia pone de manifiesto que Marruecos atraviesa por un inquietante escenario de presión por parte del terrorismo islamista. Un escenario que hay que relacionar necesariamente con la atmósfera integrista que padecen ciertos sectores de la sociedad marroquí y que, lejos de decrecer, aumenta en los últimos años tanto en intensidad como en radicalidad. No hay que olvidar que son cada vez más los marroquíes que abrazan el integrismo y la exaltación del odio contra Occidente como reacción a las transformaciones modernizadoras que propician los cambios económicos y sociales que experimenta el país en los últimos años. En este sentido, no sólo procede adoptar medidas policiales que aumenten la lucha contra el terrorismo, sino políticas sociales que contribuyan a rebajar los gravísimos desequilibrios interiores que padece Marruecos. E Aquí, la colaboración española resulta trascendental a todos los niveles, empezando por la seguridad. Marruecos está demasiado cerca como para que nuestro país se desentienda de lo que sucede al otro lado de las fronteras de Ceuta y Melilla. Lo estamos viendo ahora, cuando el proceso sobre el 11- M en la Audiencia Nacional está demostrando que existe una gran facilidad en el cruce de fronteras entre ambos países y una enorme capilaridad entre los grupos integristas que actúan en Marruecos y los que operan entre la población inmigrante de origen marroquí que vive en nuestro país. En estas circunstancias urge aumentar e intensificar las vías de colaboración que ya existen. No sólo por razones de amistad sino porque, de hecho, somos los primeros interesados en que la situación marroquí sea plenamente estable en términos políticos y sociales. Nada sería más peligroso para los intereses de España que tuviéramos que compartir vecindad con un Marruecos desestabilizado por el terrorismo islamista y bajo una creciente presión social del integrismo. España debe estar aún más pendiente de lo que suceda al sur del Estrecho y, sobre todo, favorecer la modernización de las estructuras de un país al que, además de estimular en su desarrollo económico, debemos contribuir decididamente en su plena democratización.