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ABC LUNES 9 s 4 s 2007 ETA vuelve a amenazar al Estado ESPAÑA 17 El PSOE reduce de 5 a 1 los supuestos para negar subvención a las marcas de ETA El proyecto de nueva ley de financiación de los partidos, pactada por el PSOE con sus socios, liquida los filtros que evitan que el brazo político etarra reciba fondos públicos ÁNGEL COLLADO MADRID. El proyecto de la nueva ley de financiación de los partidos políticos pactada por el PSOE con sus socios nacionalistas borra de un plumazo los cinco puntos incluidos en la norma ahora vigente para impedir que las formaciones relacionadas con el terrorismo obtengan subvenciones públicas. El texto se limita a condensar en un solo artículo más genérico la posibilidad de suspender de forma cautelar la entrega de fondos a un partido que se encuentre ante un procedimiento de ilegalización. La sobriedad de las cinco líneas y media del nuevo artículo contrasta con el prolijo desarrollo en la actual ley del apartado correspondiente, pactado en 2003 por PP y PSOE, y que previene todas las trampas de ETA para lograr que sus distintas marcas electorales mantuvieran las subvenciones pese a ser parte de la banda. De entrada, se establece que no procederá la entrega de recursos procedentes de la financiación pública, cualquiera que sea su tipo o naturaleza, a favor de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores cuando, en su actividad incurran en alguna de las conductas previstas para la ilegalización de los partidos políticos Para negar dichos fondos basta también con que dichas formaciones políticas en sus órganos directivos, grupos parlamentarios o políticos, o en sus listas electorales incluyan o mantengan a personas condenadas por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo o delitos graves contra las Instituciones del Estado, en los términos previstos en la legislación penal, salvo que aquéllas hubieran rechazado públicamente los fines y los medios utilizados La ley de partidos obliga además a justificar la adquisición plena de los cargos que dan derecho a subvención para evitar la práctica batasuna de no dar cuentas ni tomar posesión después de salir elegidos para eludir controles legales o en señal de rechazo a las instituciones, pero sí cobrar el dinero correspondiente. La normativa es asimismo aplicable a los grupos ya existentes en cualquier Cámara de representación e Interior está obligado a perseguir los supuestos descritos en el primer punto. Todos esos detalles desaparecen en el proyecto que tramita el Congreso con el exclusivo apoyo del PSOE y los nacionalistas más IU. El PP ha quedado marginado pese a que desde 1987 la primera ley de financiación de los partidos y sus posteriores modificaciones fueron siempre acordadas entre las dos formaciones de ámbito nacional y de gobierno La oposición considera que este aspecto que afecta directamente a ETA es uno de los aspectos más escandalosos de la reforma y denuncia que es un intento de dejar la puerta abierta para que los herederos de Batasuna puedan cobrar subvenciones en un futuro inmediato. Para las finanzas de ETA es fundamental recuperar las fuentes legales de ingresos que a través de su brazo político tenía hasta la entrada en vigor de la ley de partidos que dejó a Batasuna fuera de la ley. Ahora, sólo el PCTV recibe fondos oficiales, ya que el Gobierno eludió proceder a su ilegalización y puede disfrutar de subvenciones de la Cámara vasca. El PSOE niega cualquier relación del cambio legal con las conversaciones del Ejecutivo con ETA y atribuye las protestas del PP a su afán por acosar López Garrido, portavoz socialista en el Congreso F. SECO Aspectos escandalosos al Ejecutivo. El PP presentará en los próximos días un conjunto de enmiendas a la reforma de la ley de financiación entre las que estará la exigencia de mantener el artículo vigente en la materia. Para demostrar que no hay nada detrás del nuevo artículo sólo tienen que dejar el actual sostiene el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Martínez Pujalte. Piden a Garzón que investigue la relación del Donosti con el PCTV ABC MADRID. El Foro de Ermua va a solicitar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que profundice las investigaciones sobre el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) después de que se haya sabido que uno de los miembros del comando Donosti desarticulado la pasada semana cobró de este partido político así como de la ilegal Batasuna. Fuentes de esta asociación han avanzado que sus representantes legales se dirigirán a Garzón para solicitarle que incorpore al sumario del PCTV la declaración judicial del miembro de ETA Sergio Lezcano Bernal, conocido con el alias de Kurtz Este etarra declaró tras ser detenido que recibía 1.060 euros mensuales de Batasuna como responsable de propaganda. Además, percibía otros 2.450 euros del PCTV por hacer el reparto de paquetería. Desde el Foro de Ermua se señala que este dato refuerza las sospechas de vinculación del PCTV- -que no llegó a ser ilegalizado y consiguió 9 escaños- -con Batasuna, extremo que se investiga en el sumario que tiene abierto el juez Garzón, informa Servimedia. El procedimiento fue abierto por otro magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Grande- Marlaska, quien admitió a trámite una querella de la AVT) a la que posteriormente se sumaron otros colectivos. Estos colectivos se han quejado de que Garzón no ha practicado diligencia alguna en este sumario pese a la existencia de informes policiales que vinculan al PCTV con Batasuna. Por otra parte, esta semana empezarán en la Audiencia Nacional varios juicios contra ETA. El primero, hoy, contra cinco miembros del comando Donosti desarticulado en el año 2005. El fiscal solicita para tres de ellos penas de 29 años de prisión por los delitos de integración en organización terro- rista, depósito de armas, tenencia de explosivos y falsificación de documentos. Los otros dos se enfrentarán a peticiones de 26 años de cárcel por los mismos delitos, a excepción del de falsificación, informa Efe. El jueves comenzará el juicio contra tres miembros del comando Vizcaya acusados del asesinato del teniente coronel Romeo en 1981, hecho por el que la Fiscalía solicita 28 años de prisión para cada uno de ellos. El fiscal pide que se les prohíba residir en Bilbao, ciudad donde vive la familia de la víctima, durante diez años a partir de su excarcelación. Un día después, el viernes, será juzgado el ex dirigente etarra Olarra Guridi por el atentado que costó la vida al funcionario de prisiones José Ramón Domínguez y por el intento de asesinato de un militar.