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ABC VIERNES 6 s 4 s 2007 TREINTA AÑOS DE LA LEGALIZACIÓN DEL PCE ESPAÑA 15 La legalización del PCE fue uno de los hitos fundamentales de la normalidad ciudadana. En la imagen de 1977, Adolfo Suárez escucha a Santiago Carrillo Suárez y la prueba del algodón Treinta años después Suárez es testigo obligadamente mudo de esta historia. Y Carrillo se ha apuntado a la teoría de la revisión oportunista que se empecina en restar grandeza a la construcción de la democracia POR CONSUELO ÁLVAREZ DE TOLEDO MADRID. ¡Pero no os dais cuenta de que se ha hecho detener! La reacción del presidente del Gobierno dejó sorprendidos a los altos cargos del Ministerio de la Gobernación que acababan de informarle de la detención de Santiago Carrillo en Madrid. Lo que faltaba en la agenda de Adolfo Suárez aquel 22 de diciembre del 76, después de llevar once días secuestrado por el Grapo el presidente del Consejo de Estado, Antonio M. Oriol. El Rey había acertado de pleno al designar a Adolfo Suárez para conducir la Transición. Don Juan Carlos estaba convencido de que sin la participación del PCE la democracia no sería posible. Para llegar al día D 9 de abril de 1977, y la hora H cuando Alejo García dio la noticia en el informativo de la noche de Radio Nacional, sería imprescindible el valor, más que probado, de Adolfo Suárez; la osadía, que algunos confundieron con imprudencia, también. Pero sobre todo un profundo sentido del Estado en aras del cual no preservó para sí mismo ni el más mínimo sentido del poder. Pocos, muy pocos, conocen la intrahistoria de la legalización del PCE vista desde el ala oeste de La Moncloa. Porque de la peripecia de Santiago Carrillo, peluca incluida, está todo escrito. Aunque ahora, cuando la mezquindad intenta apoderarse de la historia reciente de España, en un intento estúpido de reescribir las propias vivencias, hay quienes se empecinan en restar grandeza a uno de los momentos cruciales del nacimiento de la democracia. dicato de Transportes mataron a cuatro abogados y a un colaborador del despacho de laboralistas que el PCE tenía a disposición de Comisiones Obreras en la calle de Atocha de Madrid. La respuesta que el Partido supo dar a aquel bárbaro asesinato fue uno de los factores que abrieron las puertas de la normalidad no sólo a los comunistas sino al proceso de transición y con él a la convivencia nacional en democracia. Tachado de desleal, de perjuro y de traidor por los franquistas residuales; los pusilánimes, que le aconsejaban una transición por entregas, auguraban lo peor. Incluso el PSOE, que libraba con el PCE una dura pugna por la hegemonía futura de la izquierda, se mostraba dispuesto a tolerar la exclusión de los comunistas en un primer momento. Pero Adolfo Suárez estaba convencido de que el PCE iba a ser la prueba del algodón para la credibilidad del cambio democrático. Contaba para ello con la ayuda de personas que, sin ser precisamente de izquierdas, compartían la idea de que la participación de los comunistas era imprescindible. A su vez, Suárez intuyó que contaba con armas para jugar a fondo la batalla por la legalización de los comunistas. El centralismo democrático característico de la organización garantizaría el éxito de la conducción que Carrillo sin duda acometería. Su concurso podría ser interesante para mantener dentro de límites razonables las tensiones centrifugadoras de los emergentes nacionalismos periféricos. Y, tan importante como todo lo anterior, la moderación de los comunistas empujaría en el mismo sentido a los socialistas, dirigidos por un equipo más joven y osado sin duda que el viejo y escarmentado resistente frente a la dictadura franquista. Siguiendo las normas, el Tribunal Supremo era la institución competente para legalizar al PCE. La Sala IV fue designada para fallar la consulta del Gobierno, pero se fueron acumulando dificultades que parecían insalvables. La respuesta de Adolfo Suárez fue instantánea. Después de disolver la organización del Movimiento, el 1 de abril precisamente, hasta entonces día de la victoria suprimir la censura de prensa, decretar la libertad de sindicación y convocar las primeras elecciones generales libres, recabó la opinión, de forma discreta e individualizada, de buena parte de su Gobierno sobre la posible legalización del PCE después de contar con el informe positivo de la Fiscalía del Estado. Desde el sí de la mayoría al si no existe otro remedio... todos le dieron su apoyo. El Jueves Santo, 7 de abril, prácticamente todos tomaron unos días de vacaciones. Sólo Gutiérrez Mellado quedaba en Madrid. El Rey estaba en Francia. En la mañana del sábado día 9, Sábado de Gloria, el titular de Gobernación, Rodolfo Martín Villa, regresó a Madrid en helicóptero oficial. El fiscal general acaba de emitir su informe favorable a la luz de los nuevos estatutos que Ramón Tamames había presentado semanas atrás en el Registro. Poco después del almuerzo, el partido de La Pasionaria y Carrillo quedaba inscrito por orden del ministro, cuyos nervios le jugaron una curiosa pasada: iba sin la firma correspondiente. A las diez de la noche, Alejo García, director del informativo de Radio Nacional carraspeó incrédulo ante la noticia que no pudo leer sino al segundo intento. España cerraba así el primer paréntesis tranquilo del año. La alegría desbordada en las calles de los militantes se topaba con la incredulidad de la inmensa mayoría y la desolación de los guardianes de las esencias del régimen anterior. Treinta años después Adolfo Suárez es testigo obligadamente mudo de esta historia. Y Santiago Carrillo se ha apuntado a la teoría de la revisión oportunista que se empecina en restar grandeza a la construcción de la democracia. Pero la legalización del PCE fue uno de los hitos fundamentales de la normalidad ciudadana, del trasvase a la política lo que en la calle era ya normal. Sin miedos ni rencores. Dos meses más tarde los españoles confiaron el gobierno del cambio democrático a quienes más votos tuvieron, no a quienes más chillaban en la calle. Respuesta instantánea Desconfianza y escepticismo Porque todo aquello sucedió a fuer de voluntad; contra el viento del inmovilismo y la marea de algunos oportunistas que chocaban inútilmente con la voluntad de un presidente surgido entre la desconfianza y el escepticismo. España, en los primeros meses de 1977 era un infierno. En enero, además de manifestaciones a diario, asesinatos a cargo de los guerrilleros de Cristo Rey y del Grapo, desmantelamiento de la organización del Movimiento, el Grapo vuelve a dar otro golpe de audacia secuestrando al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el teniente general Villaescusa. Pero, sobre todo, el día 24 dos pistoleros pagados por el secretario general del sin-