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18 ESPAÑA Tribuna abierta JUEVES 5 s 4 s 2007 ABC Gracián Colectivo que reúne a 60 intelectuales y profesores de reconocido prestigio REFORMA CONSTITUCIONAL Intervención del Estado en las Comunidades S natural que los estados descentralizados sufran, de cuando en cuando, tensiones de rebeldía o desintegración. Y ello hay que preverlo constitucionalmente, sin que tal previsión pueda interpretarse como falta de confianza. Y si el problema a solucionar puede venir de una comunidad autónoma, resulta obvio que el mecanismo corrector tiene que radicar en el poder central del Estado; sería tanto como negar la existencia del Estado, ubicarlo en orbitas internacionales o en plataformas de consenso interregional. Conflictos de esa naturaleza se dan en diversos lugares y momentos. No hace mucho que el Reino Unido suspendió la autonomía de Irlanda del Norte por uno de ellos. En España, sin ir más atrás del siglo XX, entre 1931 y 1938, los tuvimos dos veces con Cataluña, pero entonces la Constitución de 1931 no contenía remedios singulares, y los gobiernos republicanos, para reconducir las estructuras políticas catalanas dentro de la legalidad, tuvieron que utilizar los resortes del estado de guerra, con soldados y cañonazos. Y si bien el estado de guerra, como la indeseada cirugía, puede ser necesario en casos extremos, entre el funcionamiento regular de las instituciones corregido mediante recursos y demandas ante los tribunales, y los estados de alarma, excepción, sitio o guerra, que afectan a derechos de los ciudadanos, tiene que existir algún mecanismo especial que permita al Estado afrontar las rebeldías o riesgos para el interés general producidos por los órganos y autoridades de las comunidades autónomas. Nuestra Constitución de 1978, con su artículo 155, buscó esa vía intermedia que evitara tener que usar los cañones. Pero como hemos vivido aceptando la tesis gratuita y falsa de que lo progresivo es el incremento sucesivo del poder regional y el debilitamiento correlativo de competencias estatales, el precepto quedó olvidado, se guardó silencio, no se desarrolló en treinta años y ni siquiera conocemos que gobierno alguno haya previsto modos de aplicarlo. Hemos vivido aceptando la tesis gratuita y falsa de que lo progresivo es el incremento sucesivo del poder regional y el debilitamiento correlativo de competencias estatales E administrativamente apartados de sus funciones, de modo cautelar e inmediato. La decisión interventora se adoptará cuando los recursos jurídicos ordinarios no sean suficientes para garantizar el respeto efectivo al interés general de la nación. Su intensidad y duración, que se concretarán al aprobar el acuerdo, serán las que se reputen indispensables para conseguir la vuelta a la normalidad, atendiendo a criterios de proporcionalidad respecto de la gravedad de la posición que la reclame. La iniciativa de la medida corresponderá al Gobierno que, salvo razones de urgencia, deberá haber solicitado dictámenes de los órganos consultivos de superior nivel que puedan pronunciarse sobre las causas de la propuesta; también a una cuarta parte de los miembros de la cámara competente para tomar la decisión, y, asimismo, al Gobierno de alguna otra comunidad autónoma que resulte directamente afectada por el comportamiento que motiva la propuesta interventora. L ÁNGEL CÓRDOBA H oy, cuando ya las moderadas autoridades de algunas comunidades hacen advertencias públicas de su disposición a enfrentarse con la legalidad, se hace trascendente darle al artículo 155 de nuestra Carta Magna una mayor claridad y concreción, para que pueda ser directamente aplicable, aunque no se dicten normas complementarias. Las medidas de intervención pueden responder a situaciones diferentes: una, en que la gravedad o agudeza del problema suscitado por o en una comunidad autónoma haga preciso suspender su régimen estatutario; otra, cuando fuese tan sólo una rama o actividad de la correspondiente comunidad la que motivara- -bien por lo que se haga o por lo que se omita- -la exigencia de la intervención estatal. La Constitución ha de otorgar directamente al poder central del Estado amplias facultades para conducir los comportamientos hacia vías de normalidad legal y de acomodo al interés general de la nación, y, entre ellas, de mayor a menor rigor, las de disolución de la cámara legislativa autonómica con decaimien- to del Gobierno por ella investido, y las de suspensión del funcionamiento de dichas cámaras y gobiernos, en todo o en parte, según las circunstancias (la intervención no afectará a los tribunales de Justicia porque son y deben seguir siendo estatales) E n todos los casos citados y durante el período de intervención, el parlamento y el gobierno del Estado asumirán las funciones y competencias de los órganos y autoridades comunitarios que hayan resultado afectados. Los funcionarios, entes y empleados dependientes de las autoridades comunitarias con mandato extinguido o suspenso quedan jerárquicamente subordinados al órgano o autoridad del Estado que realice la función sustitutoria, y a sus delegados. Quienes de aquéllos se nieguen a cumplir o resistan a las órdenes de los sustitutos, además de incurrir en infracción muy grave, podrán ser a decisión podría ser adoptada por el Senado si se garantiza que sus miembros responden al interés del Estado, no siendo así cuando entre senadores representantes de comunidades autónomas y de partidos regionalistas ocupen más de un 20 por ciento de sus escaños. En otro caso le corresponderá al Congreso, siempre por una mayoría reforzada, quizá entre la mayoría absoluta y los dos tercios. El acuerdo- -como después el de levantamiento de las medidas- -habrá de ser publicado en todos los diarios, periódicos y tablones de anuncios o equivalentes de los entes públicos radicantes en la comunidad afectada. No cabrá la suspensión cautelar de la ejecutividad en recursos contra la decisión interventora o contra actos sucesivos dictados por órganos del Estado en el ejercicio de la misma, si se impugna, directa o indirectamente, la adopción, alcance o mantenimiento de la intervención. Si se hubiera disuelto la cámara legislativa autonómica, al finalizar la intervención, el Gobierno de la Nación convocará nuevas elecciones y continuará ejerciendo las funciones ejecutivas hasta que se constituya gobierno en la comunidad. En los demás casos, concluida la intervención, las instituciones autonómicas recuperarán plena vigencia, si bien las normas y actos que el Estado hubiera producido durante la intervención conservarán su valor como si hubieran procedido de los órganos autonómicos sustituidos.