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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 4 s 4 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro BIEN PARA TODOS EL AGUA, UN EL NAUFRAGIO DEL PROCESO L auto del juez Ismael Moreno y las demandas del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado contra el partido proetarra Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) reflejan esa realidad del terrorismo etarra que había permanecido velada por la ensoñación de una paz negociada con ETA. El llamado proceso depaz ha sido un cúmulo de espejismos y medias verdades, con mentiras completas, que nunca ha tenido un solo fundamento cierto, una expectativa razonable de cese de la violencia. Ni ETA llevó a cabo ese alto el fuego permanente que anunció hace un año, ni el Gobierno tenía razones para afirmar que el proceso para el fin dialogado de la violencia estaba asentado en cimientos sólidos El fracaso político del Ejecutivo se sitúa en los dos objetivos básicos que se marcó el presidente del Gobierno: ETA sigue con la violencia y la izquierda abertzale sigue formalmente proscrita. Por eso, Zapatero debe una explicación de la gestión política de este proceso, que naufraga por sus propios vicios de origen. Ahora se sabe oficialmente lo que muchos alertaron y, por ello, fueron denostados por el coro de entusiastas oficiales del proceso, incluso después del atentado de Barajas. ETA empezó a reconstituir el comando Donosti al poco tiempo de empezar la tregua, trasladó a territorio español armas y explosivos y comenzó a hacer seguimientos, seleccionar objetivos y marcar posibles víctimas, como el filósofo Fernando Savater. Gran parte de todo esto sucedía mientras el discurso oficial del Gobierno daba a conocer informes que verificaban que el alto el fuego era total, el presidente del Gobierno autorizaba los contactos con ETA y aumentaba la intensidad con que se auguraba un acuerdo inmediato que dejaría en la cuneta política al Partido Popular, taparía la boca a las víctimas y anularía a todos los escépticos del proceso de paz La excelente operación de la Guardia Civil contra el comando Donosti ha desarticulado una escuadra de asesinos, pero también ha desvelado con toda crudeza hasta qué punto la negociación y el diálogo con ETA son absolutamente imposibles. La necesidad de derrotar a los terroristas con las armas de la ley y sin condiciones no es una opción de extremistas belicosos, sino la única posibilidad que tiene el Estado de acabar con la violencia de ETA. Los etarras sí quieren vencedores y vencidos y, por eso, no será posibleestablecer condiciones políticas racionales que permitan una negociación con E los terroristas. ETA sólo merece una derrota policial. Mientras el PSOE y el Gobierno se han dedicado a enredar a este país en una madeja de polémicas gratuitas, pero muy dañinas, porque han desarmado moral y políticamente a la sociedad frente a ETA, los terroristas han rentabilizado hasta extremos insospechados los gravísimos errores de percepción y análisis en los que ha incurrido el Ejecutivo sobre la realidad etarra. Por esto mismo, la vuelta a una política realmente antiterrorista no sitúa el contador a cero, porque ETA se beneficia hoy del desmantelamiento de recursos políticos y legales que hace tres años la tenían contra las cuerdas, como el pacto Antiterrorista, la ley de Partidos Políticos, los movimientos cívicos y, sobre todo, la unidad de la sociedad española. Es cierto que el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado han solicitado la ilegalización de ASB, como sucesora de Batasuna. Pero no basta, ni mucho menos, esta decisión para poder afirmar que las cosas han empezado a cambiar. Por lo pronto, el acto de Batasuna en Baracaldo, el pasado sábado, vulneró de principio a fin la sentencia de ilegalización dictada por el Supremo, pero también el auto del juez Garzón, cuyas últimas resoluciones están produciendo una confusión de la que sólo se está beneficiando la izquierda proetarra. La ilegalización de ASB estaba cantada desde el principio por la adscripción batasuna de sus promotores, por la similitud de nombres y por la ausencia de un rechazo explícito a la violencia. Pero más allá de esta actuación obligada de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, lo importante sigue sin resolverse: la urgencia de una rectificación inmediata del Gobierno y del PSOE en su posición frente la izquierda abertzale, que, lejos de haber introducido en su estrategia cambio alguno que la distancie de ETA, demuestra día a día su subordinación absoluta a las directrices de la banda. Lo peor de todo es que aún es posible que el Gobierno y los socialistas consumen un error tan grave como los ya cometidos: tratar a Arnaldo Otegi y a Batasuna como representantes homologables de una opción legítima, como unos moderados que pugnan por librarse de ETA. Es la tentación en la que puede caer Zapatero de buscar a toda costa un argumento para lavar la cara a este despropósito continuo en que ha consistido el proceso de paz Pero la realidad que el PSOE no puede tapar es que ni ETA ha dejado de ser terrorista, ni Batasuna ha dejado de ser parte de ETA. CUBA, UN VIAJE ARRIESGADO L ministro de Asuntos Exteriores ha cumplido una de sus ambiciones personales: las relaciones con la dictadura cubana estaban congeladas y las ha reactivado viajando a la isla en una visita que no debería tener otro objetivo que contribuir al proceso de transición. La gratitud expresada por el régimen cubano al jefe de la diplomacia española da buena muestra de cómo la dictadura trata de aprovechar el acercamiento del Gobierno español y, en cambio, ofrece serias dudas de su voluntad aperturista. Ningún otro país democrático ha ido tan lejos en sus relaciones actuales con La Habana, por el convencimiento de que cualquier movimiento de aproximación, en estos momentos, juega a favor de los intereses de un régimen agonizante y que se resiste a dar la más mínima señal de cambio. Pero Moratinos ha dado un paso de consecuencias todavía imprevisibles, porque si el viaje se queda en la pura retórica habrá fortalecido la imagen del Gobierno cubano, aislado del mundo libre y democrático, y contribuido- -tal vez sin pretenderlo- -a suavizar el rostro más duro de la dictadura. No resulta explicable, en cualquier caso, que el ministro de Exteriores no haya encontrado el mo- E mento de reunirse con la disidencia, con los heroicos partidarios de la democracia que sobreviven a duras penas en el interior de la isla. Habría sido de agradecer, al menos, un apretón de manos, porque entre ellos hay dos premios Sajarov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, y las titulares de uno de ellos- -las Damas de Blanco- -ni siquiera fueron autorizadas a recogerlo en Estrasburgo. Por el contrario, lo que han señalado el ministro y su séquito sobre las posibilidades de cooperación, incluyendo la peculiar visión que hace el régimen castrista de los Derechos Humanos, resulta un puro formalismo. Todos deseamos que se abran las cárceles de la dictadura, pero no hay nada de elogioso en negociar la puesta en libertad de presos políticos si no se denuncia al mismo tiempo la grave injusticia que se comete al encarcelarlos. El futuro de Cuba debe estar, por supuesto, en manos de los cubanos, y no van a ser ni España ni Estados Unidos quienes lo dicten. No es posible, ni deseable, que el castrismo sobreviva a su creador, por lo que la mejor receta para ayudar a los cubanos es la de promover la necesaria emergencia del pensamiento democrático. AS fuertes lluvias registradas estos días en la cuenca del Ebro han provocado desalojos de viviendas, cortes de carreteras y serias amenaza de desprendimientos en pueblos y ciudades, que han llevado a las autoridades a activar los correspondientes planes de emergencia. El riesgo afecta también a los pantanos, que- -según las previsiones de la confederación hidrográfica- -necesitan un desembalse urgente. El agua se desperdicia sin utilidad para nadie mientras otras zonas de España siguen padeciendo la sequía, lo que agudiza los conflictos artificiales entre regiones limítrofes. Estas son las consecuencias inaceptables de la ausencia de una política con sentido de Estado. El Plan Hidrológico Nacional está paralizado en sus elementos esenciales, el Ministerio de Medio Ambiente se limita a poner parches y el Consejo de Ministros aprueba cada cierto tiempo, cuando la situación resulta insostenible, un trasvase limitado que apenas sirve para unas pocas semanas. Una sociedad moderna y desarrollada no puede admitir que la política del agua esté sujeta a tensiones territoriales basadas en una visión insolidaria y localista. Hace tiempo que la opinión pública exige un proyecto ambicioso para afrontar una realidad insoslayable. La España húmeda y la España seca no pueden vivir de espaldas una de otra, y corresponde precisamente al Estado ejercer sus competencias para garantizar el interés general y poner en práctica el principio de solidaridad, que preside el modelo territorial vigente junto con los de unidad y autonomía. La Constitución y la jurisprudencia del TC son muy claras a este respecto, pero las aventuras sin lógica que alienta el Gobierno han llevado a una yuxtaposición de normas sobre el agua en los diferentes estatutos de autonomía que incurren en incoherencias y visiones estrechas. El agua es un bien para todos. Su utilización partidista supone el sacrificio de un proyecto político a escala nacional a cambio de ventajas electoralistas a corto plazo. Incurren en una grave responsabilidad quienes transmiten a los ciudadanos una voluntad de enfrentamiento en lugar de buscar soluciones aceptables para unos y otros. Ante todo, las actuaciones sobre infraestructuras y obras de canalización y regadío deben programarse con tiempo suficiente y presupuestos garantizados y sobre un acuerdo político general, y las comunidades afectadas tienen que ser compensadas de forma razonable para evitar la impresión de que existen vencedores y vencidos. Muy al contrario, todos los españoles somos los beneficiarios de una política hidráulica justa y eficaz. La imagen de estos días resulta muy lamentable: el agua se pierde sin utilidad para nadie mientras las regiones cercanas sufren restricciones en el riego e incluso en el consumo doméstico. Ojalá sirva todo ello para que las autoridades tomen conciencia de que determinadas cuestiones sólo pueden resolverse desde el punto de vista del interés general de España. L