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ABC MARTES 3 s 4 s 2007 ESPAÑA 27 EDUCACIÓN César Nombela Catedrático de la Universidad Complutense NINGÚN AVANCE os intentos de reforma de la Universidad, durante la transición política, se desarrollaron con tintes dramáticos, entre visiones enfrentadas sobre las instituciones de educación superior. Afectaron a la cohesión interna de la UCD, contribuyendo incluso- -según opiniones autorizadas- -a la disolución del partido que con tanto acierto pilotó el cambio político. Al concluir la nueva reforma domina el escepticismo ante lo que pueda aportar una norma que carece de la menor ambición para el avance, como no sea en alguno de los pronunciamientos retóricos del preámbulo. La LRU de 1983 aportó un marco estable, aunque afectado de notables contradicciones internas. Se racionalizaron cuestiones como las áreas de conocimiento o la estructura departamental, al tiempo que se consagraba una autogestión heterogénea que hacía difícil alcanzar metas ambiciosas y rendir cuentas de ello. Desde entonces, con frecuencia la Universidad se ha visto marginada de algunas de las grandes iniciativas de investigación promovidas por las administraciones, lo que no indica mucha confianza en la institución. La novedad de la LOU (2001) que mantuvo las estructuras anteriores, fue reforzar las exigencias para la selección del profesorado, mediante unas pruebas públicas de habilitación nacional. Una iniciativa boicoteada por la convocatoria masiva de plazas dos semanas antes de su aprobación, para ser cubiertas por el sistema anterior. Con la reforma reciente se suprime la habilitación, se anula la prueba pública de ámbito nacional para acceder al profesorado universitario, afirmando además que el nuevo sistema de acreditación incorpora para el conjunto de comunidad académica un mayor rigor (sic) No se entiende en qué se puede basar la afirmación de que un proceso, también de ámbito nacional, mediante examen de documentos y sin limitación de plazas, sea más riguroso que otro en el que los candidatos han de presentarse en concurrencia pública, poniendo de manifiesto de forma abierta sus méritos y capacidades. Es una pena que no hayan comparecido en el Parlamento algunos excelentes profesores que fueron habilitados gracias a un sistema público abierto a todos. Habremos de volver sobre el tema. L Un profesor universitario imparte clase a sus alumnos DAVID ARRANZ La mitad del profesorado universitario deberá tener el título de Doctor Las universidades privadas disponen de seis años para cumplir la exigencia s Los centros adscritos y las instituciones no presenciales lo harán en cuatro años M. ASENJO MADRID. Al menos el 50 por ciento del profesorado universitario- -tanto en universidades públicas como privadas- -deberá tener el título de Doctor, según la reforma parcial de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) aprobada el pasado día 29 por el Congreso de los Diputados. Asimismo, el 60 por ciento del porcentaje de doctores acreditará la evaluación positiva por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) o del órgano autonómico correspondiente. El cumplimiento de estas condiciones es más difícil en las instituciones privadas que en las públicas, ya que en éstas sólo el 49 por ciento del personal docente e investigador a tiempo completo podrá ser contratado. La reforma ha añadido un artículo (4 bis) en el que se dice que el personal docente e investigador con contrato laboral temporal será inferior al 40 por ciento. Y además, varias de las figuras contractuales están destinadas a doctores. La ley aprobada por el PP en 2001 fijaba el mínimo de doctores y evaluados positivamente en un 25 por ciento. Sin embargo, las privadas están funcionando con el decreto de requisitos mínimos de 1991, que ya fijaba en el 50 por ciento el conjunto mínimo de doctores. Según la normativa de mínimos, el 30 por ciento de los docentes de primer ciclo (los tres primeros cursos o carreras de tres años) deben poseer esta titulación, exigencia que se eleva al 70 por ciento en segundo ciclo y al cien por cien en el tercero (Doctorado) Las universidades privadas y sus centros adscritos disponen de seis años a partir de la publicación de la ley para ajustar sus plantillas a estos requisitos. Los docentes de centros privados adscritos a universidades públicas y los de univer- Más exigencias Universidades privadas. Ven incrementados sus niveles de exigencia en la nueva LOU. Profesorado. Los docentes funcionarios en activo en las universidades públicas no compatibilizan su tarea con las privadas. Doctores. Como en las públicas, al menos la mitad del profesorado será doctor y también un mínimo del 60 por ciento de ellos acreditados por la Agencia Nacional de Evalución de la Calidad y Acreditación. sidades presenciales, financiadas principalmente por administraciones públicas, tendrán un plazo de cuatro años para adecuarse a la norma. A efectos de los mencionados requisitos, el número total de profesores se computará sobre el equivalente en dedicación a tiempo completo. La ley establece también que los profesores funcionarios en activo en una universidad pública no podrán trabajar al mismo tiempo en una privada o centro adscrito privado. Las normas aún vigentes sólo permiten esa compatibilidad en el caso de funcionarios sin dedicación exclusiva y para centros privados adscritos a universidades públicas, posibilidad que también se extingue. Las privadas deben ajustar sus normas de funcionamiento a la nueva ley en el plazo de tres años, los mismos de que disponen las públicas. El desarrollo de la LOU implica la elaboración posterior de algunos reglamentos y decretos. El Ministerio de Educación prevé que, en breve, se aprobarán los de Directrices de los futuros títulos y los borradores de los Estatutos (docente, investigador del alumnado) Y antes de que comience el nuevo curso estarán también los decretos sobre la Conferencia General de Política Universitaria (política) el Consejo de Universidades (académico) y el Registro de Universidades, Centros y Titulaciones. Incompatibilidades Los primeros decretos de la LOU serán los relacionados con las nuevas titulaciones y el Espacio Europeo Un plan de financiación específico de referencia, en menos de un año La financiación del sistema universitario es una de las demandas más reiteradas en los últimos años pero no acaba de concretarse un modelo. La Comisión que en el Consejo de Universidades elabora una propuesta financiera tiene los trabajos muy avanzados, según sostienen los altos responsables de la política universitaria. Al mismo tiempo, la propia LOU incluye en el apartado económico la exigencia de que en menos de un año la nueva Conferencia General de Política Universitaria (Gobierno y autonomías) deberá presentar el denominado modelo referencial de costes Esto permitirá diseñar un modelo que responda a las necesidades de la Universidad española y, más en concreto, a los desafíos del futuro, fundamentalmente el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) La oposición mayoritaria, representada por el Partido Popular, considera que así no alcanzaremos los niveles de la OCDE ni competiremos en Europa. Más información sobre la LOU en: http: www. mec. es