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4 OPINIÓN LUNES 2 s 4 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro HIPOTECAS: PRIMER AVISO L director general de Banca Comercial del Santander acaba de advertir que su organización percibe dificultades- -algunos retrasos, síntomas de impuntualidad -en la amortización de las hipotecas en cartera. Los deudores apuntan síntomas que encienden alguna luz ámbar y perciben dudas en el momento de hacer frente a los compromisos mensuales de pago. El directivo del Santander no anunció crecimiento de la morosidad, ni se refirió a una situación preocupante para los acreedores, pero señaló que se perciben dificultades que antes no se notaban. La vigilancia hipotecaria constituye hoy uno de los primeros indicadores para los agentes económicos y, especialmente, los responsables de la política monetaria. Desde el sector hipotecario se sigue la evolución del sector inmobiliario, uno de los principales motores de la economía española, cuya debilidad puede representar el disparo de salida a un cambio de tendencia en el ciclo de crecimiento económico. En los Estados Unidos, con un modelo de crecimiento similar al español, el sector inmobiliario ha manifiestado una crisis que alerta a los agentes económicos sobre lo que puede ocurrir. Precisamente, las vacilaciones de los mercados bursátiles norteamericanos durante estos últimos días tienen su origen en datos débiles del sector inmobiliario, y la crisis reciente de alguna de las empresas hipotecarias de alto riesgo puso en alerta al sector. En España los datos reales del mercado hipotecario siguen siendo tranquilizadores: la morosidad está en cotas bajas- -menos de medio punto, sobradamente compensado con coberturas genéricas y específicas- -y no se percibe incremento salvo en el segmento de alto riesgo. Además, y al revés que en Estados Unidos, no se ha registrado aquí un incremento sustancial del crédito hipotecario para destinarlo al consumo de otros bienes. La parte sustancial de la financiación hipotecaria se refiere a primeras hipotecas de viviendas principales o secundarias. No obstante, algunos bancos- -lo señaló esta semana el presidente del Popular- -han incrementado las exigencias a la hora de otorgar financiación hipotecaria y toman cautelas crecientes en la financiación al promotor. Durante los últimos doce meses, el coste de las hipotecas en la zona euro ha crecido más de un punto y, aunque sigue en cotas bajas- -entre el 4 y el 4,5 por ciento, de las mejores de la historia- supone un esfuerzo adicional en la capacidad de ahorro de las familias. La primera consecuencia será una caída del consumo interno de las familias, que tendrá repercusión en el crecimiento, y, una vez anotado ese efecto, es cuando se producirá un aumento de la morosidad a la que se refería el banquero de referencia. Cuando este fenómeno se produzca, será indicativo de que este largo período de crecimiento sostenido estará a punto de llegar a su punto final. Preparar esa hipótesis y mitigar sus posibles efectos es la tarea que corresponde a los gobiernos diligentes y responsables. E FISCALÍA A LA ORDEN L Ministerio Fiscal se enfrenta a una nueva reforma de su estatuto orgánico después de que el Congreso de los Diputados rechazara, el pasado jueves, la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular. En plena polémica por la actuación de la Fiscalía en la excarcelación de Ignacio de Juana Chaos y en la impunidad de Arnaldo Otegi, la politización impuesta por el fiscal general del Estado a la actuación de sus subordinados en relación con el llamado proceso de paz realmente justificaría una revisión del funcionamiento de esta institución. Sin embargo, la reforma presentada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero profundiza los más graves defectos ya constatados en la Fiscalía y crea otros nuevos. Dijo el ministro de Justicia en la defensa de la reforma que desaparece la intervención del Ejecutivo en el Ministerio Fiscal gracias al sistema de causas tasadas para el cese del fiscal general del Estado. No sólo no es cierta esta afirmación, sino que lo previsto en el proyecto ata con mayor fuerza al jefe de la Fiscalía con el Gobierno que lo nombra, que extiende e intensifica aún más su tutela sobre el Ministerio Público. Por un lado, la reforma prevé que el fiscal general cese al mismo tiempo que el Ejecutivo, lo que hace de ese cargo un puesto de mera confianza política del partido en el Gobierno. Por otro lado, entre las causas tasadas de cese del fiscal general se encuentra el incumplimiento reiterado o grave de sus funciones, pero quien debe valorar tal incumplimiento es el propio Gobierno. De esta manera, la identificación del fiscal general con el Ejecutivo se hace aún más fuerte y notoria para poner a los fiscales a la orden de sus indicaciones políticas, justo ahora que parece imponerse la doctrina de que las actuaciones de éstos deben valorar y tener en E cuenta la realidad política y el escenario diseñados por el Ejecutivo. Además, la reforma incrementa de forma desproporcionada la potestad de investigación de los fiscales, con carácter previo a la judicial, en relación con los delitos económicos, al aumentar a doce meses- -prorrogables- -el plazo para llevar a cabo dicha investigación, que se ejecuta sin garantías para la defensa de los sospechosos; que, en el mejor de los casos, sólo da lugar a la presentación de una querella- -por tanto, habrá que repetir toda la investigación en sede judicial- y que se presta a una utilización política y por meros criterios de oportunidad. En cuanto a la organización interna del Ministerio Público, el Consejo Fiscal- -órgano de representación de los fiscales- -sigue siendo un convidado de piedra, y más ahora que es percibido por el Gobierno socialista como una fuente de oposición ideológica, dada su mayoría conservadora. Tampoco las nuevas competencias de la Junta de Fiscales de Sala- -algo así como el estado mayor del Ministerio Fiscal- -relacionadas con los asuntos que afecten al Gobierno implican una mejora de la autonomía de la institución, pues Cándido Conde- Pumpido ha designado a su gusto y conveniencia a los nuevos fiscales de sala, de forma que esta Junta quedará como herencia muy limitativa para un próximo fiscal general, más aún si lo nombra un Gobierno del Partido Popular, de manera que el PSOE se asegura un perfil ideológico para cuando se produzca la alternancia en el poder. Se trata, en definitiva, de una reforma legal que sigue la pauta de las demás reformas socialistas sobre la justicia: carece de un modelo definido de institución, persigue un efecto claramente político e intervencionista y se basa en una idea subordinada del Poder Judicial. DEMASIADOS ACCIDENTES OS primeros datos aportados por la Dirección General de Tráfico sobre la operación salida de Semana Santa resultan muy negativos, teniendo en cuenta que, en realidad, se trata de un simple fin de semana, ya que buena parte de los ciudadanos continúa hoy en su puesto de trabajo, y que los días más conflictivos están por llegar, en especial a partir del miércoles. El carné por puntos merece una valoración positiva, pero conviene tener presente que no es la panacea de todos los males: algunos conductores se han acostumbrado ya a encontrar resquicios legales y no pocos conocen con todo detalle dónde están situados los radares y los controles policiales. El exceso de velocidad sigue siendo frecuente en nuestras carreteras, y también el abuso del alcohol, sobre todo entre los jóvenes, produce graves consecuencias. Las campañas de Tráfico en los medios de comunicación y los paneles luminosos de autopistas y autovías están bien orientadas, pero da la impresión de que su utilidad empieza a ser decreciente. En último término, la educación impartida desde la escuela es la clave para mejorar la seguridad vial, así como la percepción social de que los agentes son colaboradores del usuario de las vías públicas y no meros recaudadores de multas. Tal vez habría que insistir en este planteamiento en los anuncios publicitarios, ya que sigue muy arraigada en la sociedad española la imagen de los automovilistas que se sienten cómplices frente a una Administración que sólo busca imponer sanciones. En este sentido, el Estado y las comunidades autónomas L deben hacer un serio esfuerzo para demostrar que cumplen con su deber. Las carreteras, sobre todo en la red secundaria, necesitan un mantenimiento permanente y deben eliminarse cuanto antes muchos puntos negros que son perfectamente conocidos por los usuarios. No basta con poner anuncios y presentar planes a bombo y platillo, sino que es imprescindible abordar con urgencia la puesta en condiciones de determinadas vías públicas. De cara a las vacaciones inminentes, todavía hay tiempo para insistir en una llamada a la prudencia. Los accidentes de tráfico provocan en España un número de muertos y heridos muy superior a lo que sería razonable en un país desarrollado y que cuenta con un parque automovilístico de buen nivel. Sin embargo, la educación vial dista mucho de ser suficiente y es imprescindible perseverar en este terreno, aunque el resultado sólo se consiga a medio plazo. El carné por puntos ha abierto un camino positivo, según confirman las estadísticas a partir de su entrada en vigor, pero los datos de este fin de semana son un síntoma de que, si no hay continuidad en la acción administrativa, las cosas podrían ir a peor. Es fundamental que los poderes públicos extremen su colaboración con las asociaciones del sector, a pesar de que entre unos y otros se perciba un excesivo recelo, puesto que dichas asociaciones cuentan con un notorio prestigio entre los automovilistas y pueden aportar elementos muy favorables en la lucha contra los accidentes. Ojalá que la prudencia y la esperada mejoría climatológica reduzcan las cifras preocupantes que ayer adelantaba la DGT.