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24 ESPAÑA Tribuna abierta DOMINGO 1 s 4 s 2007 ABC Julio Banacloche Palao Profesor Titular de Derecho Procesal (UCM) DESPOLITIZAR EL MINISTERIO FISCAL E L pasado jueves se aprobó continuar con la tramitación parlamentaria del proyecto de ley que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En un momento como el actual, en que el desprestigio de la institución alcanza sus cotas más altas como consecuencia del evidente sometimiento del Ministerio Público a los intereses políticos del Gobierno (casos De Juana Chaos u Otegui) los partidos deberían aprovechar esta oportunidad que se les brinda con ocasión de la reforma para intentar recuperar la dignidad institucional de la Fiscalía. Existe una coincidencia generalizada en que el origen de los males que se atribuyen al Ministerio Público se encuentra en la propia Constitución, cuyo artículo 124.4 establece que el fiscal general del Estado sea nombrado a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. Esta facultad constitucional ha sido utilizada frecuentemente por los diversos ejecutivos para situar en ese puesto a juristas afines que, aprovechando la dependencia jerárquica a que se deben los miembros del Ministerio Público, han puesto la institución al servicio no de los intereses generales del Estado, sino del Gobierno de turno, lo que ha ido en detrimento del Estado de Derecho y ha mermado la confianza de la sociedad en el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. ara solventar esta grave sospecha- -sólidamente fundada- -de politización del Ministerio Fiscal, al proyecto presentado por el Gobierno no se le ocurre otra idea que la de sujetar al fiscal general del Estado al mismo período de mandato que el Gobierno que le nombró, obligándolo a cesar cuando éste cese. Con ello se consigue reforzar, si cabe, la tesis de que el fiscal general es un cargo de confianza del Ejecutivo, destruyendo completamente cualquier viso de autonomía y objetividad en el ejercicio de su función constitucional. Es decir, todo lo contrario de lo que se debe hacer para restaurar el prestigio de la institución. Frente a tan peregrina reforma, que sólo agudizaría los males hoy existentes, me- del Congreso de los Diputados, aunque luego formalmente lo proponga el Gobierno, para cumplir la exigencia constitucional. sta mayoría reforzada para la designación de altos cargos integrantes de órganos constitucionales no es algo nuevo: viene impuesta para los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Si también se estableciera para el nombramiento del fiscal general del Estado se conseguiría un doble objetivo de extraordinaria importancia: por un lado, los dos grandes partidos serían los responsables conjuntos de su nombramiento, con lo que se reduciría considerablemente la crítica política sobre su actuación, de la que ambos serían copartícipes, al menos en su origen; y, por otro, el propio fiscal general se sentiría mucho más libre en su toma de decisiones, dado que no debería su cargo a ningún partido en particular, al ser su elección el fruto de un acuerdo. Esa medida podría completarse con otras cuatro de sencilla ejecución: fijar la duración del mandato del fiscal general del Estado en cinco años, para no hacerlo coincidir con la legislatura, desvinculándolo así de un Gobierno concreto; establecer que sólo pudiera cesar por causas tasadas, siendo una de ellas la del incumplimiento grave de sus funciones, que debería ser apreciada por los mismos tres quintos del Congreso necesarios para su nombramiento, lo que reforzaría su autonomía; regular que, producido el cese automático del fiscal general por finalización de su mandato o por otra causa, se hiciera cargo de la Fiscalía interinamente el fiscal de sala del Tribunal Supremo de mayor antigüedad, forzando así a los partidos políticos a realizar un pronto nuevo nombramiento, y determinar que no quepa la reelección del cesado, abriendo así la institución a personas y estilos diferentes. a voluntad de cambio se demuestra no con declaraciones grandilocuentes, sino con medidas legislativas concretas dirigidas a alcanzar la finalidad pretendida. Si los dos grandes partidos no se plantean siquiera debatir una reforma como la que aquí se propone, no estarán legitimados en un futuro para reivindicar una Fiscalía autónoma que actúe conforme al interés general y no en defensa del partido político del Gobierno. E Si los dos grandes partidos no se plantean siquiera debatir una reforma como la que aquí se propone, no estarán legitimados en un futuro para reivindicar una Fiscalía autónoma que actúe conforme al interés general y no en defensa del partido político del Gobierno P rece la pena proponer otra mucho más razonable: que el nuevo estatuto del Ministerio Fiscal exija que el nombramiento del fiscal general del Estado obtenga el respaldo de las tres quintas partes El origen de los males se encuentra en la propia Constitución L