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4 OPINIÓN SÁBADO 31 s 3 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro CHANTAJE DE IRÁN L régimen teocrático de Teherán está reproduciendo los intolerables métodos de las bandas de secuestradores que hemos visto en Irak o Afganistán. Es vergonzoso que un Gobierno que reclama el reconocimiento internacional se comporte como lo hacen los terroristas cuando capturan a viajeros, cooperantes o periodistas, obligando a sus víctimas a reconocer lo que sus captores quieren ante las cámaras de televisión. Lo que está haciendo el presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, es contrario a todas las prácticas civilizadas, es incompatible con el derecho internacional y no tiene justificación ni en el hipotético caso de que la patrullera británica hubiera franqueado el límite de las aguas territoriales de su país, como él insiste en afirmar. La posición británica en este caso es la única posible: no es aceptable una negociación en la que los soldados capturados son utilizados como rehenes, pero al mismo tiempo se confía cualquier solución al trabajo de la diplomacia, a pesar de la gravedad que el caso representa tratándose de militares. Y en este caso, la expresión rotunda del apoyo de los países miembros de la Unión Europea a Gran Bretaña constituye una medida que debe ser aplaudida. Por eso, es importante que las autoridades iraníes sientan la presión unánime de todos los europeos, tanto como que los británicos sepan que no están solos cuando tienen que hacer frente una situación de intolerable chantaje como ésta. La detención de los militares británicos significará sin duda un obstáculo añadido para las delicadas negociaciones sobre el dossier nuclear que acaban de desembocar en una primera tanda de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Nadie puede ignorar que esto no ayuda en absoluto a mejorar las condiciones, pero tampoco se podrá acusar a Gran Bretaña o a la Unión Europea de ser los responsables de haber enrarecido el ambiente. Todo el peso de la responsabilidad debe recaer sobre el régimen de Teherán, que, en efecto, ha elegido deliberadamente tensar la cuerda hasta niveles intolerables. Ahmadineyad sabrá las razones por las que ha preferido actuar desafiando las reglas del sentido común. La declaración de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE aprobada ayer en Bremen menciona claramente que en el caso de que los militares británicos no sean liberados incondicionalmente, se adoptarán las medidas adecuadas Sin prejuzgar cuáles deben ser esas medidas, Europa entera se juega mucho en este órdago siniestro lanzado por el presidente iraní y por ello es necesario que los Veintisiete se mantengan unidos sin ningún tipo de fisuras. En el logro de una resolución honorable de esta situación nos jugamos también nuestra reputación internacional. Lo peor que podría pasar es que además de a los soldados británicos, los iraníes mostrasen un día en su televisión a algún representante político europeo dándoles la razón en sus inaceptables métodos. E SUSPENSIÓN A MEDIAS A decisión del juez Garzón sobre el acto convocado por Batasuna para hoy en Baracaldo es, formalmente, una suspensión cautelar, pero también podría ser interpretadacomo unaautorizacióncondicionada. Elautoprohíbela celebración del acto en el que la izquierda proetarra iba a hacer su presentación electoral, pero deja abierta la puerta a una autorización in extremis si los organizadores se comprometen a no mencionar directa ni indirectamente al partido Abertzale Sozialisten Batasuna. Esta formación tiene suspendida su inscripción en el registro de partidos del Ministerio del Interior, porque el fiscal va a pedir su ilegalización a la Sala Especial del TribunalSupremo. Para el fiscaly paraGarzón, ASB esposiblemente sucesora de Batasuna y por eso acuerda la medida cautelar de suspensión condicionada. Así planteado, el auto no resulta coherente con la realidad de la convocatoria y plantea problemas deejecucióncasi insuperables. El problema delacto previsto para hoy no reside en la posibilidad de que la izquierda proetarra haga o no propaganda de ASB, formación aún no constituida, sino en la certeza de que es un acto político promovido por Batasuna, que sí ha sido ilegalizada y disuelta por el Tribunal Supremo. Resulta contradictorio suspender el acto porque ASB es sucesora de Batasuna y, al mismo tiempo, contemplar su autorización si Batasuna, que es la fuente de ilegalidad de esta convocatoria aunque ahora se llame Izquierda Abertzale se compromete a no hablar de su sucesora. El recorrido argumental del auto es equívoco y, en términos jurídicos y políticos, desaprovecha laocasión deponer a Batasuna frentea las verdaderas consecuencias de su proscripción legal. Por otro lado, no permite dar al novedoso criterio del Ministerio Fiscal- -que solicitó la suspensión del acto- -la eficacia necesaria para acreditar su cambio de actitud ante la izquierda proetarra. El umbral de la exigencia al Gobierno de Rodríguez Zapatero está muy alto, en lo que afecta a cualquier posible rectificación de su política sobre ETA. Sin duda, tanto la desarticulación del nuevo comando Donosti como la ilegalización de ASB y la petición fiscal de que se suspenda el acto de hoy en Baracaldo, constituyen dos pasos en la buena dirección. Es lo que se leha reclamado insistentemente alGobierno y ahora merece L que se le reconozca el avance. Ahora bien, el Gobierno debe asumir elcostedelescepticismo y ladesconfianza que su propiapolítica ha generado durante este mandato. Por eso, no bastan la operación policial contra el comando Donosti ni la iniciativa contra el acto batasuno en Baracaldo para dar por certificada la rectificación demandada. La política antiterrorista que el Ejecutivo debe recuperar es una presión constante y en todos los frentes contra ETA y sus cooperadores. También un cambio radical de la estrategia socialista. Por eso, sería un fraude a la sociedad que estos primeros pasos en lo que sí puede llamar política antiterrorista, respondieran únicamente al deseo de aliviar la presión crítica de la opinión pública de cara a las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo; o que estuvieran integrados en una mera estrategia de acción- reacción sólo para forzar nuevamente una nueva etapa en la negociación. De Juana Chaos sigue excarcelado- -llame como llame el Gobierno a la situación penitenciaria de este etarra- Otegi disfruta de una impunidad inmerecida gracias a la abdicación por el fiscalde su función acusatoria; y el PartidoComunista de las Tierras Vascas, que acrisola todas las causas posibles de ilegalización, sigue siendo la sucursal etarra en el Parlamento vasco gracias también a la omisión de acciones legales por parte del Ejecutivo y del Ministerio Público. El Gobierno tiene aún mucho que demostrar hasta que la sociedad española pueda aceptar que realmente se ha producido un cambio en la política antiterrorista. También el PSOE, cuyos más recientes pronunciamientos políticos, en el Congreso y en Vitoria, sobre Batasuna y sus satélites, no invitan al optimismo. Las medidas policiales y judiciales de estos últimos días son positivas, sin duda. Pero lo son, sobre todo, porque estaban casi inéditas en esta legislatura; porque el Gobierno socialista estaba actuando con otros criterios y otro discurso muy distintos al de la aplicación incondicional de la ley. Si expresan una rectificación sincera y drástica para empezar a luchar contra ETA, bienvenidas sean. Si son sólo una operación de marketing de cara a las elecciones o para reflotar el proceso de diálogo con ETA, la responsabilidad política del Gobierno ante la sociedad será ineludible. UNA LEY QUE NO CONVENCE A aprobación definitiva por las Cortes Generales de la nueva ley de Universidades pone fin a un proceso largo y complejo que había suscitado muchas expectativas en la comunidad universitaria. Sin embargo, un análisis realista del texto no permite justificar el optimismo oficial. La universidad española tiene problemas de fondo que la ley no se ha atrevido a afrontar. La primacía del localismo, incompatible con el espíritu universalista de la institución, queda consagrada e incluso acrecentada bajo la cobertura formal de la autonomía universitaria. Cada universidad podrá crear carreras a la carta en el marco de un catálogo muy genérico. El sistema de elección del rector queda también en manos de cada uno de los centros. Los rectores en conjunto salen reforzados, como fiel reflejo de su influencia en los criterios ministeriales. La selección de profesores no acaba de ser convincente, ya que es notorio que el mérito y la capacidad se acreditan mejor con ejercicios públicos que mediante sistemas cerrados y endogámicos. En general, la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, el llamado proceso de Bolonia se desarrolla más en las formas que en los contenidos. Aunque sigue abierta la brecha entre la universidad y el mundo laboral, hay previsiones interesantes para hacer compatible el estudio y la experiencia L de trabajo de los alumnos. También se potencia la investigación, pero no está claro que existan mecanismos eficaces para transmitir a la sociedad el conocimiento que se genera. La ministra de Educación y Ciencia ha logrado sacar adelante un texto que no convence a casi nadie, pero que tampoco suscita rechazos radicales. De hecho, el presidente de la Conferencia de Rectores califica la reforma de imprescindible pero añade que se queda un poco corta Mercedes Cabrera no ha sido capaz de alcanzar el deseable consenso con el Grupo Popular, que denuncia muchas incertidumbres bajo una apariencia engañosa. En todo caso, no era ésta la reforma ambiciosa que necesita nuestra enseñanza superior, lastrada por el control burocrático del poder académico y por la escasa flexibilidad para adaptarse a una sociedad dinámica. Los títulos universitarios están devaluados y muchos alumnos buscan ahora otras diplomaturas más útiles de cara al mercado, a través de estudios específicos de postgrado. Habrá que ver si la oferta de las universidades en este terreno puede competir con los másters que desarrollan instituciones privadas y empresariales. En concreto, se echa de menos la lucha contra el localismo favoreciendo la movilidad y la especialización, así como un sistema objetivo para evaluar méritos docentes e investigadores.