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4 OPINIÓN VIERNES 30 s 3 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro UNA ELÉCTRICA ESPAÑOLA PARA EUROPA ORRÍAN los primeros días del mes de febrero de 2001 cuando los por entonces presidentes de Endesa e Iberdrola, Rodolfo Martín Villa e Íñigo de Oriol, respectivamente, comparecían ante los medios de comunicación para anunciar que, tras las leoninas condiciones impuestas por el Gobierno, por aquel entonces del PP, desistían del proyecto de fusión que ambos habían promovido para crear una de las mayores compañías eléctricas del mundo. Se trataba de una más, pero no la última, operación corporativa frustrada en el sector eléctrico español. Y, por el camino, dejaba a una Iberdrola debilitada y sin un horizonte de futuro, expuesta a ser devorada por una de las grandes del sector europeo, con E. On y RWE como principales candidatos. Meses después, de la mano de Ignacio Galán, la empresa centró su estrategia en el negocio energético básico, cuando lo que se llevaba era la diversificación. El objetivo era ganar músculo, doblando tamaño y resultados. Hoy, culminado con éxito dicho plan, las aspiraciones de la sociedad, que ha pasado de ser presa a cazador, se han hecho realidad. Los accionistas de Iberdrola, los de toda la vida y los recién llegados, aprobaron ayer- -por una abrumadora mayoría del 99 por ciento, y en una junta que contó con una participación sin precedentes- -una de las mayores ampliaciones de capital de la historia empresarial española. Y lo han hecho convencidos de que la integración con Scottish Power creará un gigante eléctrico mundial, un coloso empresarial español capaz de seguir creciendo y creando valor, pese a las grandes dificultades de un mercado cada vez más competitivo y donde sólo sobreviven los mejor preparados. Iberdrola, que ha pasado de ser una compañía casi desahuciada a situarse al frente del sector por valor de empresa- -capitalización más deuda- demuestra que, en la nueva Europa de la energía, la eléctrica española se ha hecho fuerte gracias a un proyecto capaz de generar confianza en un escenario tremendamente sinuoso y sujeto al intervencionismo creciente del poder político. Un reto que no culmina con la opa sobre Scottish Power, sino que empieza ahora, porque Iberdrola tendrá que demostrar que es capaz de asumir el desafío y ganarse, cada día, la confianza de sus accionistas. No será fácil, pero resulta gratificante comprobar que el manido término de campeón nacional no es, en el caso de Iberdrola, una entelequia, ni una frase utilizada a conveniencia con fines partidistas. La travesía ha sido larga y difícil, a veces casi imposible en un sector convulso y en permanente tensión, pero el sacrificio ha merecido la pena. C TORMENTA SOBRE EL FALSO OASIS ARECÍA difícil empeorar la legislatura del primer tripartito, pero la clase política catalana está dispuesta a intentarlo, a juzgar por los episodios absurdos de los últimos días. En rigor, la noticia no es el rechazo a las proposiciones sobre autodeterminación presentadas por ERC, sino el mero hecho de su planteamiento. El desbarajuste sobre el modelo territorial que ha creado Rodríguez Zapatero es el caldo de cultivo para este tipo de propuestas, insensatas y contrarias no sólo a la Constitución y a la opinión pública, sino también al más elemental sentido común. El segundo tripartito empezó con aparentes mejores maneras que su antecesor y con la promesa de dar prioridad a la política social sobre las disparatadas cuestiones identitarias. Sin embargo, los buenos propósitos han durado poco tiempo. La distancia creciente que separa a los políticos de las preocupaciones reales de los ciudadanos catalanes quedó reflejada en la mínima participación en el referéndum estatutario, consecuencia lógica de una etapa marcada por El Carmelo y el tres por ciento Otra vez el imaginario oasis catalán se ha convertido en un patio de vecinos mal avenidos, donde todos riñen contra todos y ofrecen un espectáculo impropio de una sociedad moderna y desarrollada. La tormenta está ya desatada. José Montilla es incapaz de afrontar la insumisión de sus socios y el incumplimiento flagrante del protocolo suscrito con ellos. ERC es un partido antisistema respecto de la forma de Estado y de gobierno, incapaz de actuar como una formación política rigurosa: las banderías internas han convertido a Carod Rovira en un moderado que defiende como puede su cuota de poder frente a las exigencias de los radicales En cuanto a CiU, Artur Mas ha vuelto a dar la medida de su escasa dimensión política: seducido por el señuelo que le tendió Esquerra, ha desempeñado otra vez el papel de un nacionalista de corto alcance. Sus bandazos a la hora de enfocar un asunto que debería tener muy claro han llevado a la coalición que dirige a votar a favor de un referéndum de autodeterminación. Día tras día, Mas demuestra su incapacidad para pre- P sentar una alternativa coherente en Cataluña y para desempeñar un papel destacado en el conjunto de la política española, a pesar del contexto favorable. El caso es que el Gobierno autonómico está en crisis y que no se trata de un episodio aislado, sino del síntoma de una enfermedad grave. Todo apunta a que estamos de nuevo ante una legislatura perdida. En la etapa de Maragall la excusa era la elaboración del nuevo estatuto, pero ahora vale el mismo pretexto en forma de presión intolerable hacia el TC para anticipar las consecuencias de una eventual declaración de inconstitucionalidad. La actuación de la Generalitat respecto de la recusación de magistrados es una prueba del chantaje irresponsable que parecen dispuestos a practicar sus responsables. Para reconducir la situación, Montilla tendría que decir muy alto y muy claro que- -como no puede ser de otro modo- -el Ejecutivo autonómico respetará y cumplirá íntegramente la sentencia que dicte en su día el intérprete supremo de la Constitución. Presionar al árbitro en una cuestión tan delicada es inaceptable en términos políticos, y refleja una sorprendente deslealtad hacia el sistema constitucional. De ahí que cunda el desánimo entre los sectores moderados y sensatos de la política y la sociedad catalana: después de unos pocos meses, el tripartito está ya amortizado y depende de maniobras partidistas que no anticipan nada bueno. Todo es posible cuando los protagonistas de la tragicomedia son un presidente sin autoridad, un partido radical que funciona en régimen asambleario y una coalición incapaz de superar el síndrome de la pérdida de poder. Zapatero debería sacar alguna conclusión de las consecuencias que acarrea actuar como un aprendiz de brujo. Después de proclamar que la nueva organización territorial era la panacea de todos los supuestos males, ahora resulta que el edificio no se tiene en pie. Así están las cosas, en espera de que el TC cumpla su función en defensa objetiva de la Constitución, sin dejarse influir por las maniobras ilegales e ilegítimas que algunos han puesto en marcha, en particular por esa intolerable amenaza de reclamar el derecho de autodeterminación si no les gusta la sentencia. NINGÚN DILEMA MORAL OS principales dirigentes del Partido Popular han pedido a Agustín Díaz de Mera que colabore con el tribunal que juzga el atentado el 11- M y facilite la identidad de la fuente que le habló de la existencia de un informe policial sobre la relación de ETA con los autores de la masacre. Rajoy y Acebes han hecho lo que debían: no hubiera sido comprensible que un eurodiputado de su partido desmintiera de forma tan gratuita e injustificada las demandas de transparencia y las apelaciones a la verdad que el PP lleva haciendo desde hace ya tres años. Este es el único mensaje que la opinión pública acepta y entiende, y el único que cabe esperar de un partido cuyo líder ha insistido en que se debe confiar plenamente en los jueces. Es comprensible, por otro lado, la defensa personal a Díaz de Mera por parte de quienes fueron sus superiores, pero conviene no equivocarse con lo que ha sucedido. La polémica sólo tiene como responsable a Díaz de Mera y a él le corresponde una rectificación inmediata, que únicamente consiste en dar al tribunal la identidad de su fuente para que pueda ser investigada la existencia de un informe que pudiera ser relevante para el esclarecimiento del mayor atentado terrorista sufrido por España. No hay dilema moral alguno, ni precepto legal que ampare a Díaz de Mera; no hay dilema que valga entre su deber de colaborar con la demanda de justicia de las familias de 192 muertos y más de mil heridos y la protección deunas policías que, sólo por rela- L cionarlos con el supuesto informe, ya estarán suficientemente identificados por sus superiores y compañeros. Si lo que pretendía era proteger la seguridad de estas personas, Díaz de Mera las comprometió desde que habló del supuesto informe sobre ETA y el 11- M en un medio de comunicación. Por otro lado, ninguna norma avala al eurodiputado del PP a no dar esa identidad: la ley de Enjuiciamiento Criminal establece de forma muy clara quiénes están exentos y dispensados del deber de declarar. En ninguno de estos casos encaja Díaz de Mera. Tampoco hay secreto oficial ni de Estado que legitime su silencio. En este juicio ya han declarado personas que, a pesar de la protección de su imagen e identidad, están identificadas o son identificables, muchas de las cuales corren un riesgo teóricamente superior a una mera represalia laboral, que es el argumento con el que disculpa su silencio Díaz de Mera. Mal ejemplo para los ciudadanos que sea un ex director general de la Policía quien apele a los perjuicios que puede causar a un agente el hecho de ir a un juicio a colaborar con los jueces en el esclarecimiento de una masacre terrorista. ¿Así es como se fomenta la colaboración ciudadana con la justicia? Aclarada la posición del PP Díaz de Mera es quien debe dar el paso siguiente, para que una vez dado, eso sí, comparezcan ante el tribunal, uno tras otro, todos los que tengan que ver con ese informe, incluidos los que hubieran podido decidir su eliminación.