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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 28 s 3 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro IMPARABLE GASTO SANITARIO DEL ULSTER A QUEBEC N los últimos días se han producido dos acontecimientos remarcables en ambos lados del Atlántico. Por un lado, en Irlanda del Norte se ha llegado por fin a un acuerdo entre los dos extremos de la vida política local- -los lealistas y los republicanos- -para compartir un gobierno autonómico que deberá entrar en funciones en mayo. En la otra orilla del océano, en las elecciones de la región de Quebec, los ciudadanos han dado la espalda sonoramente a los partidarios de la independencia y los han relegado al último lugar de sus preferencias. Aparentemente, en ambos hechos se diría que hay pocas cosas en común, pero lo cierto es que tanto uno como otro marcan un rumbo hacia la normalización de una excepcionalidad que hasta ahora se creía que sería más o menos permanente y muestran que puede haber una fórmula constructiva y aceptada por una mayoría que no pase necesariamente por definiciones traumáticas, independentistas o de ruptura. Al contrario de lo que sostienen constantemente los que promueven esos procesos disgregadores, lo que se ha visto en Quebec y en el Ulster demuestra que la evolución de las sociedades modernas no es siempre unidireccional. En la provincia francófona de Quebec, el último referéndum sobre la independencia se realizó hace doce años y se mantuvo la unidad de Canadá por un escaso uno por ciento de los votos. Este fin de semana, y después de varios periodos de gobierno de los llamados soberanistas los ciudadanos han enviado a los partidarios de la independencia al último lugar del escalafón de sus preferencias políticas y han entregado su confianza a un nuevo partido que, si bien reclama una mayor autonomía, ha decidido abiertamente dejar de discutir la pertenencia del territorio a Canadá. Es evidente que si hoy se les volviese a preguntar sobre ello a los quebecois el resultado sería muchísimo más claro que el de 1995. Igual sucede en Irlanda del Norte. Tampoco nadie hubiera creído hace diez años que se llegaría a un acuerdo para que los partidarios irredentos de la pertenencia de esta E provincia al Reino Unido y quienes querían imponer a tiros su reunificación con la República de Irlanda se sentarían juntos para administrar un Gobierno autónomo sin hacerse preguntas- -por ahora- -sobre quién de los dos ha ganado la guerra. Si todo va bien, dentro de un tiempo se podrá responder que la ganaron los ciudadanos del Ulster, quienes es de esperar que, dentro de la UE, ya no encuentren razones para acalorarse sobre algo que hasta no hace mucho aún era causa de que se derramase sangre. Casi todos los argumentos que tan fervientemente intervienen en la justificación de este tipo de situaciones conflictivas, incluyendo el nacionalismo excluyente de todo tipo, tienen su origen en lo que puede ser definido como sentimientos, algo que, según puede comprobarse, cambia con el tiempo. Por eso es tan importante que en política prevalezcan los principios esenciales, que no están sometidos a este tipo de mutaciones y son más útiles para el bienestar y el progreso de las sociedades. Los sentimientos son fácilmente manipulables, pero a la larga- -como se está viendo en Quebec o en el Ulster- -los ciudadanos acaban siendo sensibles a criterios razonables que las fuerzas disgregadoras intentan hacer pasar por caducados o superados. Nada puede predeterminar cuáles serán las tendencias sociales dentro de diez años en el Ulster, en Quebec o en otros lugares de Europa, puesto que, por poner un ejemplo, no se sabe de qué modo influirá en ello la evolución de un caso tan específico como el de Kosovo, cuyo estatus definitivo va a ser determinado en los próximos meses. Sin embargo, sabemos ya que no hay ninguna razón para pensar que la evolución de este tipo de pensamiento identitario sólo puede discurrir en un sentido. Lo único que pasa es que sus partidarios suelen hacer mucho más ruido cuando encuentran terrenos propicios a su expansión que cuando los ciudadanos les dan la espalda. Ahora no se convocará un referéndum sobre la unidad de Canadá y eso no quiere decir que los canadienses, incluidos los de Quebec, tengan dudas sobre ello. EL FUTURO DE ENDESA L largo y enrevesado proceso para intentar controlar Endesa se ha convertido en un monumental enredo que amenaza con complicar el futuro de la propia empresa, con el peligro evidente de que, tras el actual fuego cruzado y las anunciadas alianzas, sin claros vencedores, se produzca el troceamiento de la eléctrica con la consiguiente pérdida de su valor, más allá de la coyuntural revalorización actual de sus acciones. Se trata de un final al que ya conducía el disparate de las formas empleadas en este proceso, como la evidente mano del Gobierno de Rodríguez Zapatero, presente en esta opa desde el principio- -cuando alentó la entrada de Gas Natural en Endesa- -hasta el final, con la llamada a la pública italiana Enel, todo un alarde de intromisión, intervencionismo y reglas de juego desiguales que han obligado a la Comisión Europea a llevar a España ante el Tribunal de la UE. Tampoco han sido muy afortunadas algunas controvertidas decisiones de la CNMV la CNE y el Tribunal de Defen, sa de la Competencia, organismos reguladores encargados del correcto funcionamiento del mercado. El escenario actual requiere que la CNMV mantenga unas reglas claras e iguales para que no se empeore aún más la creciente imagen negativa de España como economía abierta, moderna y competitiva. Al final, todo este cúmulo de despropósitos E redunda en perjuicio de la mayor empresa eléctrica española, objeto ahora de disputa entre la alemana E. On y las coaligadas Acciona y la italiana Enel, sociedad con mayoría de capital público, que han pactado el futuro control de Endesa y ofrecen un mínimo de 41 euros por acción frente a la opa de la alemana, que ha subido la oferta en dos ocasiones hasta los actuales 40 euros por título, casi el doble que lo ofertado en su día por Gas Natural. En esta anómala situación, la CNMV ha reiterado que Acciona y Enel, poseedoras ya del 21 y del 24,9 por ciento de Endesa, respectivamente, han de esperar seis meses desde el ampliado plazo de la de E. On, que finaliza el próximo martes, para poder lanzar su opa por la totalidad del capital de Endesa y evitar interferencias en la única oferta actual. Por su parte, E. On ha recurrido a los tribunales en un nuevo episodio de este largo proceso, judicializado en exceso. Endesa se ha convertido así en toda una prueba de fuego y en un ensayo para la futura reorganización de las empresas energéticas europeas, un sector estratégico, especialmente para aquellos países, como España, con una altísima dependencia energética exterior. Una reordenación que ha desatado en torno a Endesa una batalla en la que los grandes perjudicados pueden ser la propia compañía y sus accionistas si no se garantiza el valor futuro de la compañía. S evidente que las reivindicaciones salariales y las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios deben conjugarse con la gestión eficaz de los recursos públicos. Sobre todo, las administraciones competentes tienen que ejercer sus funciones con la máxima eficiencia: en este sentido, la última conferencia de presidentes celebrada en el Senado fue una buena prueba de que las cosas no funcionan bien y que se genera demasiado déficit sanitario. Son muy negativos los datos que hoy publica ABC acerca de la evolución del gasto en este ámbito. Según un informe privado de reconocida solvencia, dicho gasto ha crecido de forma alarmante en los últimos años y se ha disparado en los tres anteriores, con incrementos del 10 por ciento anual. Aunque en menor proporción, también el gasto farmacéutico sube más de lo razonable. Es lógico que muchos ciudadanos tengan la impresión de que los poderes públicos gastan de forma inmoderada y de que los recursos humanos y materiales no están bien aprovechados. La formación del personal sanitario en sus diferentes niveles es larga y costosa, y la dotación de nuevas tecnologías en nuestros hospitales no siempre se aprovecha al máximo de sus posibilidades. En definitiva, las cosas podrían hacerse mucho mejor si las administraciones implicadas estuvieran dispuestas a prescindir de gastos superfluos y a optimizar los cuantiosos recursos que manejan. En este escenario complejo se enmarca el acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y los MIR, facilitado por convenios previos en materia salarial con los comunidades autónomas. La racionalización de los periodos de guardia y de descanso, los seguros de responsabilidad civil y la situación de las profesionales durante el embarazo eran cuestiones pendientes respecto de las cuales se ha producido el acercamiento entre las partes. Convendría, sin embargo, que las discrepancias no se llevaran a niveles que crean alarma social entre los usuarios de la sanidad. La preocupación por la actitud rígida del departamento que dirige Elena Salgado y la campaña informativa sobre el exceso de horas de trabajo ha producido un profundo malestar en un sector que depende decisivamente de la confianza entre médicos y pacientes. El derecho a la salud está reconocido por el artículo 43 de la Constitución y se impone como un mandato a los poderes públicos. Esta vez, Elena Salgado ha logrado evitar un choque frontal con otro de los sectores que le corresponde administrar, pero la opinión pública tiene la sensación de que ciertas decisiones dependen en exceso de la presión de los interlocutores y de la proximidad de las convocatorias electorales. Los MIR, sin duda, tenían gran parte de razón, y sus quejas estaban más que justificadas. No obstante, es mala señal que el Ministerio competente sólo escuche cuando alguien utiliza la palabra huelga mientras que el dinero público destinado a Sanidad parece que nunca tiene límites. E