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12 ESPAÑA Zapatero abre un nuevo proceso s Escándalo institucional por el caso Otegi SÁBADO 24 s 3 s 2007 ABC Cisma en la Audiencia Nacional Lo nunca visto ocurrió ayer, en una jornada en la que primero la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional arremetió contra la Fiscalía por retirar los cargos contra Otegi y luego ésta lanzó la sombra de la prevaricación sobre la Sala. La guerra está servida POR NATI VILLANUEVA MADRID. Si alguna imagen representa la definición de desencajado es la de los rostros de los magistrados de la Sección Cuarta el pasado miércoles, al sentirse ninguneados por las artimañas de la abogada de Otegi y la Fiscalía de la Audiencia Nacional para evitar (o aplazar, en el peor de los casos) la comparecencia del batasuno en la vista pública. La humillación a la que se sometió a estos jueces aventuraba una sentencia que no se iba a quedar en unos fundamentos jurídicos superficiales. Y qué duda cabe de que ha sido así. La tomadura de pelo del portavoz de la ilegalizada Batasuna se podía esperar, dicen fuentes jurídicas. No así la irreverente conducta del representante del Ministerio Público, Fernando Burgos, y de la letrada Jone Goiricelaia, que vulneraron las mínimas normas de decoro en una audiencia pública se presentaron juntos, diez minutos después de que se constituyera el Tribunal y sin toga. Era el comienzo de una jornada bochornosa, marcada por mentiras desde el minuto uno (así lo interpretan las fuentes consultadas) cuando Goiricelaia sabía que no había nieve en Burgos, y Burgos, el fiscal, probablemente ya había recibido la orden de su jefe de retirar los cargos. Lo que se podía haber resuelto con la retirada de la acusación en un momento procesal anterior a la vista (hubiera evitado el esperpento vivido por los tres magistrados, la fijación de una vista ex profeso en horario de cine y un perjuicio considerable a las arcas públicas) se tornó en el peor de los caminos a elegir: el de la pataleta de la Fiscalía porque, dicen esas fuentes, la Sala no accedió a sus pretensiones de aplazar la vista. En el estricto cumplimiento de la legalidad, lo que también corresponde al Ministerio Público, el Tribunal se preocupó por que el batasuno compareciera en la vista, por las buenas o por las malas. Todo esto sucedía tras la reprimenda, en público, del presidente de la Sala, Fernando Bermúdez de la Fuente, a Goiricelaia (cuando ésta le comunicó que su cliente estaba bloqueado por la nieve) tras la ausencia de explicaciones ante la información que el Tribunal solicitaba a la abogada sobre el punto kilométrico en el que se encontraba el batasuno, y tras la confirmación de que la carretera de Burgos, donde supuestamente permanecía atrapado Otegi, estaba en perfecto estado. La brecha estaba abierta y la sentencia que ayer se hizo pública no deparó ninguna sorpresa respecto a lo que se esperaba, después de un juicio en el que los magistrados dejaron claro que la retirada de los cargos de la Fiscalía contra el batasuno obligaba a dictar una sentencia absolutoria. Lo que no dijo entonces el presidente del Tribunal y sí consta en la resolución de ayer es que existe prueba de cargo suficiente para condenar a Otegi por enaltecimiento del terrorismo. Para ello, la Sala emplea nada menos que siete de sus doce folios en contextualizar la causa (su origen, recuerda, está en una querella interpuesta por el propio Ministerio Fiscal) y poner de manifiesto la incoherencia de la Fiscalía al no haber presentado recurso alguno tras la notificación del señalamiento de la vista. Tampoco ahorra papel la ponente (Carmen Paloma González Pastor) en exponer cada una de las expresiones proferidas por el batasuno en el entierro de la etarra Olalla Castresana, ni en reproducir el contenido del delito de enaltecimiento tal y como está regulado en el Código Penal. Lo cierto es que la sentencia de Otegi ha puesto la guinda de la tarta a unas relaciones (entre jueces y fiscales de la Audiencia Nacional) que no están atravesando su mejor momento. Muestra de ello fue el cruce de acusaciones entre ambos colectivos nada más conocerse la resolución. Mientras la Fiscalía acusaba a los magistrados de falta de imparcialidad, e incluso de dejación de funciones, fuentes de la Audiencia Nacional subrayaban la presión a la que el Ministerio Público ha intentado someter a la Sala desde el minuto uno, cuando en uno de los recursos firmados por el fiscal jefe ya se condicionaba el desarrollo de la vista a la parcialidad de los magistrados que componen esta Sala. Brecha ya abierta Antecedente de De Juana Guillermo García- Panasco Presidente y portavoz de la Asociación de Fiscales YA ESTÁ BIEN esde la Asociación de Fiscales queremos transmitir un sentimiento que creemos ya generalizado en nuestra carrera: indignación. Los constantes cambios de criterio de la Fiscalía en los últimos tiempos, en asuntos de especial relevancia en los que una D institución se la juega han contribuido a ello. Y decimos esto porque, desgraciadamente, la sospecha de utilización de la Fiscalía según la coyuntura política del momento parece la única explicación posible a tanto despropósito. Creemos que los ciudadanos merecen una explicación veraz por parte del máximo responsable de esta situación, que es el fiscal general del Estado, que ha llevado a nuestra carrera a unos niveles de descrédito y desconfianza sin precedentes. Pero al mismo tiempo reivindicamos el rigor profesional de la inmensa mayoría de los fiscales de este país, que ya no nos sentimos representados por Cándido Conde- Pumpido. Nos duelen las reiteradas afirmaciones que vinculan al Ministerio Fiscal con el Gobierno de turno. Hay que decir alto y claro que ese no es el diseño constitucional. Los partidos tienen ante sí una nueva oportunidad histórica para remediar esta situación: una reforma de nuestro Estatuto profesional que garantice la autonomía real del Ministerio Fiscal. La solución no pasa por manifestaciones ante las puertas de instituciones sólidas de nuestro país ni con querellas de dudosa viabilidad jurídica. Sin embargo, esto nos debe hacer reflexionar sobre el creciente distanciamiento de los ciudadanos y la Fiscalía. Una sintonía que jamás se debió perder. Aunque sí la más grave, no es la primera crisis que enfrenta a los magistrados de la Audiencia Nacional con el Ministerio Público. La última fue con motivo de una decisión judicial de indudables tintes políticos como era la excarcelación de De Juana Chaos porque no comía en el hospital. La Fiscalía informó entonces a favor de la prisión atenuada, una decisión que en principio iba a tomar la Sección Primera. Dada la repercusión y el antecedente que esta resolución tendría, el presidente de la Sección Tercera, Alfonso Guevara, propuso que el asunto se debatiera en Pleno. Así se hizo. Por doce votos a favor y cuatro en contra (entre ellos, curiosamente, el de González Pastor) el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia decidía mantener al etarra en el hospital. Cuando el Tribunal Supremo resolvió el recurso de casación del etarra y éste se convirtió en un preso clasificable (y no preventivo) Instituciones Penitenciarias acordó esa prisión atenuada. Pero eso sí era una decisión política