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4 OPINIÓN SÁBADO 24 s 3 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro tisfaga a ETA lo suficiente para que emita un comunicado preelectoral. Frente a esta deserción del fiscal en la defensa de la legalidad, muchos ciudadanos pensarán quesu deber esconstituirseen acusadores popularespara garantizar un juicio a los proetarras. ero también aquí se ha vuelto a equivocar Zapatero porque hay jueces que no están dispuestos a que se les confunda con el fiscal general. La sentencia que absuelve, a la fuerza, a Otegi es una prueba de que hay jueces que cuidan la dignidad del Estado y garantizan su continuidad frente al enemigo que quiere destruirlo. La sentencia de la Audiencia Nacional es una proclamación del valor de la legalidad, sin adherencias políticas ni intereses sectarios, pero con una firmísima denuncia de la dejación de funciones cometida por el fiscal para el único objetivo de salvar a Otegi, delincuente sin condena. Los magistrados que firman la sentencia no han podido condenar porque se lo impidió la retirada de acusación por parte del fiscal, el único acusador; pero no les impidió juzgar la prueba que se practicó antes de que la acusación fuera retirada. La valoración probatoria confirma lo que decía el sentido común y lo que, hasta ese momento, había defendido el propio fiscal: que Otegi había cometido un delito de enaltecimiento del terrorismo. Esta afirmación, apartede las consecuencias legales quepudieran derivarse respectodequienes decidieron la retirada de acusación, acto dolosamente contrario ala ley- -y así serefleja en lasentencia, aunque no secalifique- aíslalaarbitrariedad cometidapor la Fiscalía General en sus propias y exclusivas motivaciones políticas. No hubo poderosas razones técnicas como dijo el ministro de Justicia. Sólo mansa servidumbre a las necesidades del Gobierno que la propia Fiscalía, tras conocerlasentencia ycometiendo un colosal error, adornócon una notapúblicaplagadadegravísimas acusaciones contra el Tribunal juzgador, entre ellas su falta de imparcialidad e, incluso, la insinuación de que los jueces han prevaricado. Pero lo cierto es que la sentencia únicamente habla de la legalidad y, por esto mismo, son intolerables las descalificaciones vertidas contra ella desde la Fiscalía, que también la tachó de pataleta infantil y teatro bochornoso A la vista de este violento choque y de que es la propia Fiscalía quien además de exonerar a Otegi culpa a los jueces de no ser imparciales, no es de extrañar que el Consejo General del Poder Judicial vaya a defender en su próximo Pleno a los magistrados frente al injustificable ataque de la Fiscalía. El Gobierno ha querido sembrar en el Poder Judicial una crisis que ahora se vuelve contra él, por las mismas razones queelconstitucionalismovascosereconstruye. Zapatero siempre ha elegido la peor opción en su proceso Prefirió aminoríasradicales antes quealPP; aBatasuna antes que alas víctimas; laarbitrariedad antes que laley; la sumisióndelfiscalalaindependencia delosjueces. Zapatero debe entender que la paz que pretende con estos medios es moral y políticamente inadmisible. P OTEGI, DELINCUENTE EN LA CALLE L díadeayer seregistrará en la historiadeestalegislatura como la jornada en la que Zapatero se dio de bruces con la realidad de los mejores fundamentos de la democracia: la independencia judicial y los movimientos cívicos constitucionalistas. Desde el principio de su mandato, el Gobierno socialista se marcó el objetivo de la negociación política con los terroristas, para lo que era necesario que quedaran neutralizados los resortes sociales, legales e institucionales que se lo impedirían. La ambición de inaugurar la paz se hizo irresistiblepara Zapatero. Las víctimasdeETA ylosmovimientos cívicos fueron los primeros en sufrir las consecuencias de la estrategia de discordia que prodigaron el Gobiernoy elPSOE para disolver las bases de la política antiterrorista que se fraguó en los mandatos anteriores. Ayer, tres grupos cívicos, Foro de Ermua, Covite y Basta Ya, sellaron el fracaso de la estrategia gubernamental al reconstituir el movimiento constitucionalista vasco, tan decisivo a partir de 1997 para hacer temblar la hegemonía nacionalista y sacudir la indolencia ante el terrorismo en sectores de la sociedad vasca. Contra estos grupos, el Gobierno socialista no tiene argumentos, salvo la insidia y la difamación porque, como expusieron en el comunicado conjunto leído ante la sede de la Fiscalía General del Estado, entre ellos hay votantes dediversos partidos y por esoexpresan el pluralismo de la sociedad vasca La lectura del manifiesto acargodelfilósofoFernandoSavateres toda unametáfora del desengaño y la decepción que muchos ciudadanos sienten al contemplar a Zapatero. Aquellos que de buena fe confiaron en el presidente del Gobierno ya no encuentran motivos para seguir haciéndolo. Creen que les ha mentido sobre ETA. Y cuando un político se queda sin palabra, entra dellenoen su declive. El pasodadopor Savater tiene mucho más alcance que el de expresar su opinión personal. Significa una retirada de confianza desde el propio lado ideológico de Zapatero y, al mismo tiempo, la necesidad de restaurar los fundamentos cívi- E cos mermados por la política del Gobierno. Es preciso volver a la militancia democrática y constitucionalista no sólo frente al Gobierno socialista, sino también frentea la amenaza nacionalista, tan cultivada por Zapatero para su beneficio político, y cuyo crecimiento coincide, no por causalidad, con el reforzamiento político de ETA. os grupos cívicos retoman el Espíritu deErmua porque el PSOE ha querido suplantar al PNV del Pacto de Estella. Si en 1998 ETA anunció una tregua para favorecer la estrategia soberanista pactada con el nacionalismo gobernante, en 2006 anunció el alto el fuego permanente para ver si eran ciertos esos supuestos compromisos que habría firmado el Gobierno socialista, y entre los cuales se hallaría la aceptación de la Declaración de Anoeta- -dos mesas de negociación- la alteración del régimen foral de Navarra, la autodeterminación del pueblo vasco y la impunidad judicial de los etarras. ETAno da treguas a cambio denada. El manifiesto leído ayer por el nuevo constitucionalismo vasco puso el dedo en esasllagasdelsocialismo actualy exigióqueBatasuna siga excluida, que Navarra no se toque y que con ETA se hable sólo para su disolución. También quiso el Gobierno dejar a un lado el imperio de la ley y la independencia judicial. Es decir, el Estado de Derecho, una molesta virtud de la Constitución española de 1978, que obliga a todos, incluido el presidente del Gobierno, a someterse a la ley y al control de los Tribunales. Tal y como estaba planteado desde los contactos secretos entrePSE y Batasuna, el proceso de negociación con ETA sólo tenía futuro si la ley era ignorada o vulnerada. El Gobierno, a través del fiscal general del Estado, ha hecho las dos cosas: ignorar la ley para no hacer efectiva la disolución de Batasuna y no ilegalizar al PartidoComunistadelasTierrasVascas. Vulneralasleyes para dar a De Juana Chaos un indulto encubierto con el nombre de segundo grado excepcional y para crear en tornoa Otegi unaburbujadeimpunidad que sa- L LA CNMV PONE ORDEN EN LA OPA SOBRE ENDESA A Comisión Nacional del Mercado de Valores ha paralizado las maniobras desplegadas en torno a la opa de E. ON sobre Endesa que pretendían hacer descarrilar el tramo final de la misma. La CNMV con lectura precisa de la normativa en vigor sobre opas, ha estimado que la pretensión concertada de la compañía pública italiana Enel y la privada española Acciona, anunciando una hipotética nueva opa sobre Endesa si fracasara la de E. ON, debe ajustarse a los plazos y condiciones previstos en la normativa vigente. Consecuentemente, la CNMV advierte que no autorizará la oferta de Enel y Acciona hasta pasados seis meses de la liquidación de la actual opa en curso, salvo que E. ON desista de su oferta. Además, autoriza a E. ON a revisar el precio de su oferta y amplía hasta el 3 de abril el plazo de aceptación de la misma. De esta forma, el regulador ha actuado con rigor e imparcialidad y ha restablecido equilibrio y simetría en la compleja operación financiera desplegada sobre Endesa, hace ya más de año y medio, que condujo al fracaso la primera oferta de Gas Natural y que ha entrado en la fase final de la segunda oferta, la de E. ON. La función de la CNMV es proteger a los inversores y garantizar la concurrencia leal. Así lo ha hecho L con acertados criterios técnicos y de profesionalidad. En el azaroso desarrollo de esta segunda opa sobre Endesa y al socaire de imprevisiones regulatorias, Enel y Acciona adquirieron participaciones próximas al 25 por ciento de Endesa (el límite que obliga a formular unaoferta de adquisiciónde la totalidad delas acciones) para introducir incertidumbres en la operación. El esfuerzo y las limitaciones exigidas a quienes formulan una opa por la totalidad son superiores a los que asume quien toma una posición menor para adquirir ventaja y condicionar un proceso abierto de compraventa. Una ventajaquepuedeperjudicara los accionistas minoritarios, que difícilmente podrían resarcirse de esos prejuicios. Elcaso secomplicódesdeprimerahora por la impericia y el sectarismo del Gobierno, que alentó la primeraopay respondió con abusodepoder y manifiestaarbitrariedad ante la segunda, la de E. ON. Ha sido el Gobierno quien más ha complicado esta operación, que podía haber sido ejemplar, ajustada a la normativa en vigor y muy beneficiosa para el sector, para los consumidores y para la reputación de España como país abierto a la inversión y la concurrencia. Los daños causados a esa reputación son incalculables y no es disculpa que otros países, como Francia e Italia, practiquen semejantes estrategias. A la vista tenemos el caso británico y su comportamiento en la opa amistosa de la española Iberdrola sobre Scottish Power, una operación que está a punto de culminarse en plazo y en condiciones. Al Gobierno le ha salido todo mal en beneficio de nadie. E. ON ha actuado ajustándose a la normativa, con propuesta claras y equivalentes para todos los accionistas. Acciona primero y Enel después han utilizado los resquicios legales paraalcanzar una posicióndominante, pero ahora se han estrellado con un regulador firme que ha asumido su responsabilidad y colocado a cada cual en su sitio. La CNMV nada más tener los primeros indicios de concertación de Enel y Acciona, exigió a las dos empresas que manifestaran su posición y, como lo han hecho de forma ambigua y en perjuicio manifiesto de la opa en curso, ha acertado a extender y aplicar las normas vigentesevitando unapenosaimagen demercadeo empresarial propia de un zoco. Este ejercicio de independencia acredita el juego limpio y deja en la cuneta las intrigas políticas de algunos personajes expertos en malmeter y en buscar ventajas para alguien cercano. Los accionistas tienen ahora claras las reglas del juego.