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4 OPINIÓN VIERNES 23 s 3 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro PATRIMONIO, UN IMPUESTO OBSOLETO E NECESARIA REACCIÓN DE LOS FISCALES ESE al empeño del Gobierno y del PSOE en presentar la retirada de acusación contra Otegi como una decisión normal nadie mejor que los propios fiscales sabe que una decisión de tal naturaleza siempre es excepcional y debe tomarse únicamente cuando el resultado de la prueba practicada en el juicio es claramente absolutorio. En el caso de Otegi concurren, además, otros datos que hacen de la decisión del Fiscal General y del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional una iniciativa irregular, atendiendo a los criterios de actuación de la Fiscalía y a la valoración de los hechos concretos que se imputaban al dirigente proetarra. Otegi ya fue condenado por enaltecer el terrorismo durante el homenaje a la etarra Olaia Castresana. La falta de imparcialidad objetiva de dos de los magistrados del Tribunal Superior de Justiciadel PaísVasco que lo condenaron causó la nulidad de la sentencia. Pero lo relevante no fue el motivo de esta anulación, sino que la Fiscalía del País Vasco acusó a Otegi como autor deun delitopor elquelogró su condena. Luego, laFiscalía de la Audiencia Nacional mantuvo la misma calificación delos hechos en los trámites previos al segundo juicio que se celebró el miércoles en la Audiencia Nacional. Por tanto, la retirada de acusación contra Otegi, después de oír únicamente al acusado, vulnera tanto el principio de unidad de actuación de los fiscales- -porque rompe sin justificación el criterio aceptado en la acusación formulada por la Fiscalía del País Vasco- como el principio de legalidad. Por este último, la ley deEnjuiciamientoCriminaldiceque los funcionarios delMinisterio Fiscal tendrán la obligación de ejercitar, con arreglo a las disposiciones de la Ley, todas las acciones penales que consideren procedentes, haya o no acusador particular en las causas Y en el caso de Otegi no se puede legitimar la decisión de no acusar porque se considerara improcedente la acción penal, pues ya había sido ejercida con éxito en el juicio celebrado ante el TSJ del País Vasco y mantenida previamente a la celebración de la segunda vista. Salvo que Conde- Pumpido sea capaz de aplicar la alquimia a las leyes penales- -convirtiendo en lícito lo que cuarenta y ocho horas antes era delito- -o eldesdoblamiento de personalidad al Ministerio Fiscal, el cambio de criterio sobre Otegi es P una muestra dela subordinación deestainstituciónalavoluntad política del Gobierno. Por eso, son los fiscales los que deben apreciar, con toda la seriedad que requiere el momento, el desprestigio que la actual cúpula del Ministerio Público está infligiendo a la institución. La jerarquía no es una patente de corso para la arbitrariedad ni una mordaza a los fiscales frenteainstrucciones contrarias aDerecho. Adiferenciadelos jueces, que resuelven de forma independiente cada caso, los fiscales actúan siempre con el visto bueno de sus superiores, pero no están sujetos al principio de obediencia debida cuando se les ordene actuar conforme a criterios que consideren ilegales. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal concede a sus miembros instrumentos suficientes para, sin abandonar los cauces corporativos y dentro de la más estricta legalidad, exigir de sus superiores la revisión de las instrucciones ilegales, con el derecho añadido a que consten por escrito. Igualmente, el Ministerio Público tiene órganos colegiados para contrapesarla discrecionalidad delfiscal General, comoelConsejoFiscal, antaño muy activo durante el mandato de Jesús Cardenal. También puede llegar la discrepancia hasta la Junta de Fiscales de Sala, órgano igualmente muy recurrido durante los mandatos delanteriorGobierno, pararesolver cuestionesjurídicas no más graves que la impunidad forzada de Otegi. El hecho mismo deser la única acusación debió llevara laFiscalía a actuar con mayor sentido de la responsabilidad institucional. No lo hizo y muchos ciudadanos tienen razones para dudar de que la democracia, la ley y el interés general puedan ser defendidos por una FiscalíaGeneralquenodudaen asumirladefensa de un representante activo y contumaz de ETA. Los fiscales, a título individual o a través de aquella asociación que se sienta llamada a defender ahora el buen nombre de la institución como lo hiciera años atrás, tienen su oportunidad para contribuir a el enderezamiento de la situación. Y, en todo caso, pueden y deben dejar claro que comparten con la opinión pública española la convicción de que la responsabilidad exclusiva de esta grave injusticia cometida con la impunidad de Arnaldo Otegi tiene nombre y apellidos en la Fiscalía General y en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. EL PAPEL INSTITUCIONAL DE LA CORONA YER se tributó en Madrid un merecido homenaje a Sabino Fernández Campo, a quien su Majestad el Rey otorgó en su día el título de Conde de Latores en reconocimiento a sus destacados servicios a la Casa Real. Muchos protagonistas de la Transición democrática se sumaron a un acto que permite recordar, una vez más, el papel determinante de Don Juan Carlos en el éxito de la España constitucional y su ejemplar cumplimiento de las funciones que atribuye a la Corona el Título II de la Constitución. En efecto, el Rey es Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones y máximo representante de nuestra Nación en las relaciones internacionales. Cada una de estas funciones ha sido ejercida con singular capacidad para hacer presente y operante la idea de una monarquía de todos como base para la estabilidad institucional. El arraigo de la forma monárquica de gobierno en la historia y en la sociedad ofrece así su mejor referencia en una presencia continua y oportuna de la Corona en todos los ámbitos de la vida española. Don Juan Carlos desempeña las tareas que incumben al Rey en la monarquía parlamentaria con una especial gravedad y mesura que han sido re- A conocidas de forma unánime. Los valores y principios que sustentan la arquitectura constitucional tienen en el Monarca, en el Príncipe y en toda la Familia Real a los primeros y principales de sus valedores. No hace falta que ello se exprese en intervenciones públicas que afecten al libre juego del pluralismo político en una coyuntura determinada. Estas reflexiones, válidas con carácter general a partir de 1978, son particularmente oportunas en las circunstancias actuales. La figura del Rey y el respeto que se ha ganado a través de un ejercicio modélico de la más alta magistratura del Estado ofrecen a la opinión pública la sensación de que los pilares que sustentan el sistema constitucional siguen firmes, a pesar de algunas ofensivas interesadas. La forma de actuar de la Corona ha funcionado hasta ahora a plena satisfacción y no hay razón alguna para introducir modificaciones en su esquema de funcionamiento. El Rey está perfectamente informado, transmite cuando debe sus criterios institucionales y hace llegar a los ciudadanos las líneas maestras acerca de su visión de España. Es deber de todos los actores del sistema político preservar y fortalecer la naturaleza institucional que la Corona desarrolla en favor de todos los españoles. L Impuesto Sobre el Patrimonio (que lleva anejo el carácter de extraordinario llegó allá por el otoño de 1977 en el paquete de la ley 50 del año, denominada de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, que alumbró la configuración del actual IRPF implantado bajo el le, ma Haciendasomostodos Setratabaentonces de abordar una reforma pendiente, de romper la inercia defraudadora sustentada en lainexistencia de la figura del delito fiscal. Básicamente, la reforma funcionó e inició en España una etapa fiscal armonizada con los modelos de los países desarrollados. El Impuesto Sobre el Patrimonio tenía dos fundamentos expresados en la propia ley: primero, un objetivo recaudatoriovinculado a los objetivos coyunturales de entonces, que no era otro que obtener más ingresos y, además, servir de testigo y referencia paraincentivar elnuevoIRPF; identificar y declarar las fuentes derentaparecía una condición necesaria para desalentar el fraude. Por eso era extraordinario y provisional, un impuesto que desaparecería en cuanto el cumplimiento del IRPF alcanzara cotas razonables. Pero no hay como declarar algo provisional para que nunca llegue la hora de echar el telón y poner fin. Parecía un impuesto menor que afectaría sólo a las grandes fortunas, pero que con el paso del tiempo ha quedado instaladoen elsistematributarioy no sólopara las fortunas, hábiles a la hora de gestionar su fiscalidad. De hecho, es un impuesto que hoy afecta a más de un millón de declarantes y que grava un ahorro que ya estuvo sometido a tributación por IRPF cuando se obtuvieron esas rentas. De manera que doble imposición y, además, tributación sobre el ahorro, que no está en sintonía con las corrientes de la nueva fiscalidad. Yen vez dedesaparecer elimpuesto extraordinario sobre el patrimonio, se traspasó a las comunidades autónomas, que son quienes gestionan ahora el impuesto, que reiteran su insuficiencia presupuestaria y que reclaman más transferencias o más competencias. El Gobierno, por boca de su presidente, ha anunciadoqueestápensandoen unareforma a fondo de este impuesto sin llegar a proponer su desaparición. Seponeasíallado de algunos Ejecutivos autonómicos gobernados por el PP que están desactivan, dotantoelImpuestodeSucesionesy Donaciones como el del Patrimonio, por considerar que obstaculizan la iniciativa individual y el crecimiento. Efectivamente, el actual impuesto sobre el patrimonio es una rémora, una antigualla inútil. Lo procedente sería su desaparición, que debe ir inscrita en la reforma de la financiación autonómica, empantanadaporlaimprovisada reforma estatutaria abordada con precipitación y poco tino por el Gobierno de Zapatero. Un sistema de financiación y de descentralización tributaria más eficiente debería haber sido la etapa previa a la reforma estatutaria. Más aún, podría haber hecho innecesaria esa reforma. La actualsituacióndesuperávit presupuestario y de progresivo descenso de la deuda pública significa el marco más adecuado para la reforma tributaria que necesita la economía española en el siglo XXI.