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4 OPINIÓN JUEVES 22 s 3 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro EL GRAVE KOSOVO DILEMA DE N los próximos días, el ex presidente finlandés Martti Ahtisaari entregará a las Naciones Unidas su propuesta para el estatus definitivo de la provincia serbia de Kosovo. Aunque no menciona la palabra independencia propone una fórmula que le concede atributos de soberanía a este territorio como Constitución, bandera, himno o Fuerzas Armadas y en los hechos significa desgajar una provincia de un Estado soberano con fronteras reconocidas internacionalmente. Como es natural, el plan no ha conseguido poner de acuerdo a las autoridades de Belgrado con los independentistas kosovares, lo que deja las cosas en una situación muy compleja desde el punto de vista del Derecho internacional. Kosovo no ha sido nunca una entidad federada dentro de la desaparecida Yugoslavia ni ha conocido ningún periodo de independencia. Sería la primera vez en la que la ONU impusiera a uno de sus miembros, y contra su voluntad, la pérdida de una parte de su territorio para conceder la independencia a un colectivo que- -por cierto- -se reconoce étnica y lingüísticamente vinculado a otro Estado ya independiente, Albania. Sería un precedente que resucitaría otras reclamaciones fronterizas dentro de la antigua Yugoslavia (los serbios de Bosnia, por ejemplo) y en otros territorios donde existen conflictos étnicos como Moldavia o Georgia. Kosovo tiene apenas dos millones de personas y allí aún se mantiene la paz con la presencia de 16.000 soldados de la OTAN, después de una intervención militar que respondía a un clamor social en toda Europa, pero que ahora se ve que estuvo muy mal planificada en sus consecuencias jurídicas. La propuesta de Ahtisaari, apoyada por la UE y Estados Unidos, sólo puede entenderse como un castigo retroactivo al intolerable comportamiento de los dirigentes serbios de 1999, a pesar de que el más destacado de ellos, el dictador Slobodan Milosevich, yace ya en una tumba de su Pozarevac natal, después de un juicio en La Haya en el que si no llegó a ser condenado fue sólo por su inesperado fallecimiento. La UE no ha logrado en estos ocho años reconciliar a los albano- kosovares con Belgrado porque en realidad ni lo ha intentado y la ONU, como administradora de la provincia, ha desarrollado una política que alimentaba las aspiraciones independentistas desde el principio, dando por hecho que nunca habría alternativas intermedias. Pero lo único evidente en estos momentos es que deben buscarse soluciones que puedan ser aceptadas por las dos partes y que, en todo caso, no es tolerable la constatación expresada ayer mismo por el comisario europeo de ampliación Olli Rehn diciendo que si la ONU no aprueba el plan Ahtisaari habrá caos e inestabilidad en la región A todas luces, una decisión como ésta no puede tomarse bajo la amenaza de sublevaciones violentas por parte de los kosovares ni de ninguna otra comunidad. E ESCARNIO A LA JUSTICIA A Fiscalía General del Estado ha consumado la más grave agresión contra el Estado de Derecho desde que el Gobierno inició el diálogo político con ETA. La retirada de acusación contra Arnaldo Otegi no sólo ha provocado su absolución del delito de enaltecimiento del terrorismo por el que era acusado, sino que ha sentado el precedente más diáfano para la impunidad que exige ETA para sus dirigentes y militantes. Conde- Pumpido estaba predispuesto a esta decisión, aunque la Fiscalía de la Audiencia Nacional presionó hasta lo intolerable para que fueran los magistrados quienes le hicieran el trabajo sucio de quitar de en medio este molesto juicio, por lo menos hasta después de que ETA emitiera el supuesto comunicado que habría de justificar el empeño de Zapatero por negociar con los terroristas. Los jueces no se han plegado, han cumplido con su deber y han obligado al fiscal a asumir la plena responsabilidad de sus actos, con una retirada de acusación que es un escarnio a la Justicia, una ofensa a las víctimas y una conducta que merece una explicación en todos los ámbitos pertinentes. El Gobierno es el responsable directo de la decisión de Cándido Conde- Pumpido, y éste lo es de haber sumido a la Fiscalía en un desprestigio histórico, implicando a una institución creada para defender la legalidad en una estrategia política de un Ejecutivo y de un partido, permitiendo la impunidad de quien ya ha demostrado ser terrorista y está procesado por seguir siéndolo en grado dirigente. La Constitución y las leyes no consienten que se ejerza la acción penal con sentido de oportunidad. Está sometida al ordenamiento jurídico y la Fiscalía es la institución que debe proteger a los ciudadanos frente a los delincuentes sin atender a razones de coyuntura. Lo que ayer sucedió en la Audiencia Nacional es una deslealtad con la Constitución de la que debe responder el Gobierno en el Parlamento y ante los ciudadanos. Técnicamente, la decisión de la Fiscalía es inaceptable. Ya había acusado a Otegi por los mismos hechos- -el homenaje a la etarra Olaia Castresana- -y obtuvo sentencia de L condena, cuya posterior anulación hizo que ayer se celebrara un nuevo juicio. Siendo los mismos hechos en ambos procesos, y habiendo mantenido la acusación durante este tiempo, la decisión del fiscal general y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, es una arbitrariedad escandalosa. Son los propios fiscales los primeros que deben sentirse concernidos por este ejercicio abusivo de las facultades jerárquicas de sus superiores. El Gobierno ya no puede decir que no ha pagado un precio político a ETA. Lo ha hecho con la moneda más valiosa del Estado de Derecho, que son la ley y la justicia. Lo hizo con la irregular excarcelación del asesino De Juana Chaos. Y lo volvió a hacer ayer con la absolución regalada a Otegi. Si ahora ETA premia al Gobierno con un comunicado favorable, la infamia de estas decisiones de impunidad judicial se hará aún más patente, pues habrá acreditado que el Ejecutivo está dispuesto a cualquier cesión con tal de lograr un acuerdo con los terroristas. Los ciudadanos no se han equivocado con las intenciones del presidente del Gobierno ni las manifestaciones de estos años han sido gratuitas. Las víctimas no estaban manipuladas al desconfiar ni el PP exageraba al situar la política del Gobierno sobre ETA en el eje del debate político. Todas las críticas y las sospechas estaban legitimadas y responden a la clara percepción de que este Gobierno ha puesto en almoneda los principios básicos que hacen fuerte a un Estado frente a sus agresores. Ahora cabe preguntarse cuál será el próximo pago, qué precio más alto está dispuesto a abonar el Gobierno y qué exigencia etarra será la que se satisfaga a continuación. ¿Cree el Gobierno que así va a disipar las dudas de los navarros? ¿O que Zapatero es creíble cuando dice que aplicará la ley de Partidos Políticos? El Gobierno ha celebrado el primer aniversario de la tregua de ETA anotando dos éxitos rotundos a la estrategia del chantaje terrorista: la excarcelación de De Juana y la impunidad de Otegi. Se trata del Estado de Derecho y de la dignidad de la justicia, el fundamento mismo de una democracia que ayer vivió un día negro. OBJETIVO BALEARES L PSOE sigue jugando más allá de lo razonable en materia de organización territorial del Estado. Se anuncia ahora que los socialistas preparan listas únicas con IU y ERC en Baleares para desbancar al Ejecutivo popular. En concreto, se presentará una candidatura común en Ibiza, donde están en juego los escaños determinantes para formar una coalición que pueda desalojar del poder a Jaume Matas. Junto con Navarra, éste es uno de los objetivos prioritarios de la izquierda de cara al 27- M, una cita electoral que no parece anunciar grandes alegrías para el PSOE a la vista del desgaste de Zapatero y de la escasa entidad de algunos candidatos. En estas circunstancias, sólo una alianza con la izquierda radical permite abrigar alguna esperanza de romper la dinámica negativa en la que está instalado el Gobierno. En el caso de Baleares, esta estrategia supone resucitar doctrinas inaceptables en torno a los países catalanes una falacia histórica y política que los electores han rechazado siempre sin rodeos. De hecho, Carod Rovira actúa una vez más como protagonista de la operación, anunciando la intención de los republicanos de afianzar su muy limitada presencia en el archipiélago. También les gustaría hacerlo en la Comunidad Valenciana, pero en este caso la izquierda catalanista prefiere otras opciones dentro de su escasa capacidad para impedir una muy previsible ma- E yoría absoluta de Francisco Camps. Son, en definitiva, nuevas dimensiones en esa política de todos contra el PP que marca sin remedio el desarrollo de la legislatura. Con Jaume Matas al frente, el PP balear recuperó el gobierno después del fracaso sin paliativos de la coalición que dirigió las islas bajo la presidencia de Francesc Antich. Las cosas han ido razonablemente bien, y nadie duda que los populares van a ser con diferencia el partido más votado. Sin embargo, la posibilidad de formar gobierno pende de un hilo si todos los demás configuran una alianza parlamentaria. En tal caso, las minorías juegan con ventaja, de modo que ERC- -un partido antisistema en cuanto a la forma de Estado y de gobierno- -tendría una papel decisivo. Es fácil imaginar el alto precio que tendrían que pagar los socialistas en cuestiones como la lengua o el intento de formar un frente pancatalanista al amparo de una lectura sesgada de la historia. El nacionalismo es expansionista por naturaleza. De ahí la grave responsabilidad que contraen los partidos de ámbito nacional cuando, movidos por un interés coyuntural, abren las puertas de determinados territorios a formaciones que no respetan los principios y valores que sustentan la Constitución. A Zapatero no parece importarle el alto coste que esta estrategia de partido puede tener para el futuro del modelo territorial.