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30 ESPAÑA MIÉRCOLES 21 s 3 s 2007 ABC Narbona cede parte de la gestión de los ríos, pero mantiene el control Medio Ambiente impone una tasa por inspeccionar los usos del agua ABC MADRID. La reforma de la Ley de Aguas fue presentada ayer por el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop. La reforma abre la puerta a una mayor participación de las comunidades en el control de los ríos. De hecho, la ley cede parte de ese poder a las autonomías, pero no de forma total. La última palabra siempre la tendrá la Administración General del Estado, que poseerá mayoría absoluta en el comité que tomará las decisiones. Esta reforma de la Ley de Aguas será presentada hoy a las comunidades autónomas en la conferencia sectorial. U la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha anunciado que, si la agenda se cumple, llegará en abril al Congreso de los Diputados, con el fin de que entre en vigor en esta legislatura. La ley introduce algunas modificaciones en la forma en que se van a gestionar nuestros recursos hídricos. Para empezar, establece la creación del Comité de Autoridades Competentes. Éste será un órgano superior que coordine las diferentes demarcaciones hidrográficas, como pasarán a denominarse las actuales conferencias hidrográficas. En ese Comité, la Administración General del Estado se reserva la mitad más uno del número de sus miembros, mientras que las comunidades cuyo territorio formen parte total o parcialmente de la demarcación hidrográfica, tendrán cada una un representante. Pero su voto se ponderará entre 0,10 y 1, en función de la superficie y la población y mediante una fórmula que aún no se ha desarrollado. Los ayuntamientos también tendrán representación. Además, el Ministerio de Medio Ambiente mantiene que todos los españoles tendrán derecho a 60 litros de agua potable por habitante y día, con una calidad adecuada, e independientemente de su capacidad económica. Y los poderes públicos están obligados a garantizar ese suministro. Nuevos órganos Creación del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables para proteger y garantizar la seguridad de bienes y personas. Aparecerán los bancos públicos de agua con el objetivo de realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso del agua. Establecimiento de la Agencia Estatal de Seguridad de Presas y Embalses. Nuevo Plan de Acción en materia de aguas subterráneas. El actual Consejo Nacional del Agua cambiará también en su composición. A partir de la entrada en vigor de esta reforma, las asociaciones y organizaciones en defensa del medio ambiente y científicas tendrán en él voz y voto. Las infraestructuras hidráulicas repartidas por toda la geografía son objeto de atención. La nueva ley quiere solucionar un problema pendiente: la seguridad jurídica de presas (hay 1.300 en el país) y embalses. Con ese fin, por ejemplo, todas las presas de una altura mayor a cinco metros o con más capacidad de 100.000 metros cúbicos, ya sean privadas o públicas, tendrán que registrarse. Eso costará 300 euros. También pagarán otra tasa por controlar y vigilar su seguridad. Además de estas nuevas tarifas aparecerá otra que gravará las labores de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua, tanto superficiales como subterráneas, desaladas o reutilizadas. Esta tasa tratará de recuperar el coste de la prestación de esos servicios y oscilará en torno a los 0,2 euros por cada 1.000 metros cúbicos. El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) Andrés del Campo, advirtió de que esa nueva tasa que incorpora el borrador de reforma de la Ley de Aguas supondrá un coste de más de 30 millones de euros para el regadío español el primer año. Gestión de los recursos Un niño bebe agua de una fuente en la localidad portuguesa de Elvas EPA Los restaurantes se olvidaron de la entrada en vigor, ayer, del real decreto del anisakis D. P. MADRID. Ayer fue el primer día en el que los restaurantes debían advertir a sus clientes a través de los procedimientos que estimen apropiados, entre otros, mediante carteles, en las cartas- menú o de viva voz, que sus pescados habían sido sometidos a la congelación marcada por la ley. El 19 de diciembre se publicó en el BOE un real decreto, que regulaba sobre la prevención de la parasitosis por anisakis en productos de la pesca suministrados por establecimientos que sirven comida a consumidores finales o a colectividades La nueva norma obliga a garantizar la congelación- -como mínimo a- 20 grados y durante 24 horas- -en todos los pescados cuyo destino final sea el de ser servidos crudos, poco cocinados, en salazón, en escabeche o ahumados (concretamente de las especies arenque, caballa, espadín y salmón salvaje del Atlántico o del Pacífico) Y concedía un plazo de tres meses, que concluyó ayer, para que los restaurantes informaran por el método que prefieran a sus comensales. Lo cierto es que la respuesta ha resultado casi nula. Ni en los numerosos bares que tradicionalmente sirven boquerones en vinagre o anchoas, ni en prácticamente ninguno de los restaurantes visitados ayer se realizó ni se vio ninguna advertencia al respecto. Una nueva confirmación de lo oportuno de este Real Decreto se conoció al hacerse público un estudio de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. El citado informe desveló que en las vísceras del 100 de la merluza del Cantábrico, del 81 del bonito grande, del 70 del chicharro, del 40,5 de las sardinas y del 7,2 de las anchoas se ha detectado la presencia de este parásito, que puede provocar en los humanos severos episodios alérgicos.