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28 ESPAÑA MIÉRCOLES 21 s 3 s 2007 ABC El juez de la Malaya considera a la Junta una de las beneficiadas por la trama de Roca La Administración andaluza cobró 630 millones en impuestos de viviendas ilegales J. M. CAMACHO MÁLAGA. La Junta de Andalucía firmó convenios urbanísticos con el cerebro de la trama de corrupción en Marbella de los que se benefició, según señala el juez Miguel Ángel Torres en el sumario del Caso Malaya Para el magistrado, el Gobierno de Manuel Chaves no resultó perjudicado por un convenio firmado con los imputados, entre los que se encontraba Roca, que era la persona que mandaba en el Ayuntamiento. El juez señala en un auto donde desestima el recurso presentado por la Junta para personarse como acusación particular en noviembre de 2006 que después de todas las vicisitudes ocurridas en el urbanismo en Marbella, de todos los procedimientos penales y civiles, la misma responsabilidad tienen los imputados como la Junta en la firma de un convenio firmado en 2004, de forma que la Junta seria a la vez responsable y perjudicada por el citado convenio El magistrado rechaza que la Junta ostente la condición de perjudicada y ofendida y asegura que su posición se asemeja mas a la de tener un cierto grado de responsabilidad en la situación creada en Marbella, en atención a las amplias competencias y facultades que ostenta y que se dicen vulneradas Según el instructor del caso, la Junta no ha resultado perjudicada en este procedimiento, sino que en atención a sus amplias competencias, en particular en materia de urbanismo, su situación está más próxima al responsable civil e incluso con una posición que se aproxima conceptualmente al participe a titulo lucrativo como beneficiario de los ingresos tributarios de todas las licencias concedidas hasta las detenciones Miembros de un retén de Tragsa, durante el fuego que arrasó en julio de 2005 los pinares del Ducado AFP El PSOE blinda por ley a la empresa que gestionó el incendio de Guadalajara Los populares denuncian que es la última boca que quedaba por tapar s La Junta de Castilla- La Mancha también contrata a Tragsa para excavaciones en Toledo S. R. TOLEDO. Una nueva ley impulsada por el PSOE de CastillaLa Mancha considerará a Tragsa como un servicio técnico de la Administración Este privilegio para la empresa que gestionó el incendio de Guadalajara, en el que murieron once personas y quedaron arrasadas 13.000 hectáreas, fue duramente criticado ayer por el PP, que ve en la maniobra socialista un intento de tapar bocas en torno a la catástrofe. La enmienda de última hora presentada por el PSOE para blindar a Tragsa fue aprobada ayer por la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de Castilla- La Mancha. Gracias a los votos de la mayoría socialista, se incluirá una disposición adicional en el proyecto de ley de creación del Organismo Autónomo de Espacios Naturales para que la empresa conste a partir de ahora como medio propio instrumental de la Junta de Castilla- La Mancha, lo que a efectos prácticos, además, convierte a sus trabajadores en funcionarios. El portavoz del PP en la comisión, César Gómez Benayas, consideró inconcebible que el nombre de una empresa aparezca nominalmente en una ley, lo que habilita a la Administración y a sus organismos a encomendar a Tragsa y sus filiales determinados trabajos. Benayas, en un agrio debate con la portavoz socialista, Paula Fernández, afirmó que la enmienda de este grupo huele al pago de algún tipo de favor y aseguró que Tragsa era la última boca que había que tapar con respecto al incendio de la Riba de Saelices El diputado popular afirmó que últimamente las leyes que presenta el PSOE parecen una declaración póstuma puesto que van dirigidas a sectores, personas y acciones muy concretas como si fueran las voluntades póstumas de un Gobierno que piensa que no va a seguir gobernando y tiene que dejar bien situado a una serie de peones en determinados sitios claves Por su parte, la socialistaPaula Fernández criticó la actitud del portavoz popular que se empeña en traer fantasmas del pasado cuando no hay bocas que tapar y ningún interés oculto, sólo el de una gestión eficaz La de su blindaje en el nuevo órgano medioambiental de Castilla- La Mancha no fue ayer la única buena noticia para Tragsa. El alcalde de Toledo, José Manuel Molina, confirmó que dicha empresa es a la que la Junta de Comunidades ha encomendado las excavaciones arqueológicas en la Vega Baja. Tras recordar que es la misma que perdió once trabajadores en el incendio de Guadalajara Molina dijo que por ello vamos a vigilar las medidas de seguridad en su totalidad porque no queremos que se produzcan accidentes Los réditos de la vista gorda De hecho, la Junta de Andalucía cobró 630 millones de euros por el impuesto de transmisiones patrimoniales de viviendas ilegales de Marbella entre 1995 y 2006, según IU, que calcula que se efectuaron unas 30.000 transacciones por una media de 300.000 euros cada una, de lo que se tributa el siete por ciento. El parlamentario autonómico e IU por Málaga Antonio Romero lamentó que en el último período la Junta, que en una primera etapa no impugnó, hizo la vista gorda Piden para el retén una estatua como la de los voluntarios del Prestige El PP presentó ayer en el Ayuntamiento de Guadalajara una moción en la que se pide la construcción de un monumento conmemorativo y que se le dé el nombre de una glorieta a las once víctimas de aquel incendio. Se da la circunstancia de que el alcalde, Jesús Alique, del PSOE, sí mandó erigir en un céntrico parque de la ciudad un monolito en homenaje a los voluntarios que colaboraron en la limpieza de las playas gallegas tras el hundimiento del Prestige El aluvión de críticas obliga a Barreda a retirar parte de su Ley Audiovisual ABC TOLEDO. El PSOE aceptó ayer en comisión la enmienda del PP por la que se suprime del proyecto de ley de medios audiovisuales el artículo que obligaba a los medios a difundir los comunicados de la Junta o de los entes locales. Dicho artículo había sido el más criticado por diferentes sectores, entre ellos la Asociación de la Prensa de Toledo, que emitió un comunicado muy duro contra la nueva ley. El PSOE, por contra, no accedió a la pretensión del PP de suprimir del texto los títulos referidos al Consejo Audiovisual, al régimen sancionador que impone la norma y a la tasa que se instaura por las actividades administrativas que regula la ley, aunque dejó abierta la posibilidad de eliminar este impuesto. El portavoz socialista en la comisión, José Manuel Caballero, recalcó su voluntad de alcanzar un acuerdo sobre el proyecto, ante lo que el diputado del PP Leandro Esteban- -que defendió las 31 enmiendas presentadas por su grupo- -replicó que si realmente el PSOE quisiera un pacto retiraría la ley, dejaría que pasaran las elecciones y, con calma, empezaría de nuevo dialogando con el sector y con la oposición.