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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 21 s 3 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro POLÉMICA LEY DEL CINE pocos metros de que la denominada ley del Cine llegue a la meta y en una carrera trufada de obstáculos, si algo ha evidenciado el recorrido ha sido el doble modelo de hacer política que coexiste dentro del Gobierno. Mientras la ministra de Cultura no ha perdido una sola oportunidad de alardear sobre un consenso que sólo percibe ella- -ayer mismo volvió a vanagloriarse del acuerdo, minutos antes de que varias partes implicadas la contradijeran- la vicepresidenta, en silencio, se esforzaba hasta el último minuto por conciliar intereses naturalmente contrapuestos. El volantazo efectuado por María Teresa Fernández de la Vega, aplaudido incluso por quienes se sienten víctimas de la redacción final de este controvertido anteproyecto, no ha bastado para resolver todos los problemas. Ni siquiera en el cine los finales felices se construyen sobre comienzos tan titubeantes, por lo que hace bien la vicepresidenta en no perder la prudencia. El panorama, desde luego, no es como para presumir. Los técnicos se sienten ninguneados, las cadenas de televisión desmienten a Carmen Calvo y aseguran que sólo se han comprometido- con la vicepresidenta primera del Gobierno nunca con ella- -a estudiar un texto que aún no tienen sobre la mesa, mientras que los representantes de los cines están en pie de guerra y amenazan con adoptar medidas de fuerza. Podría argüirse que todas estas reacciones sólo son opiniones subjetivas, y también cabe recordar que la Federación de Cines ya consiguió una resolución favorable del Tribunal de Defensa de la Competencia y que, tarde o temprano, se resolverá el recurso interpuesto por los distribuidores. Sólo es una posibilidad, pero no sería descabellado que la resolución final convirtiera en papel mojado varios puntos de la nueva ley del Cine. Peor es la amenaza procedente del Tribunal Constitucional y de la Unión Europea, que ante una vieja petición de las televisiones, que se remonta al Gobierno del PP, bien podrían dictaminar contra la obligación que sufre este sector privado de invertir en otro, más aún sin una mínima libertad para asignar sus recursos. Por último, y como recordó ayer el máximo responsable de una de estas cadenas, los operadores privados todavía esperan la definitiva reducción de los espacios publicitarios en Televisión Española, medida prometida en su día por Rodríguez Zapatero para apaciguar los ánimos en el sector y que las televisiones quieren ver ampliada a los canales de titularidad autonómica. No es la del cine la única batalla que se libra estos días. En definitiva, ya que la redacción del texto se ha abordado sin la diligencia exigible, haría bien Carmen Calvo, que ni siquiera parece darse cuenta de las veces que ha sido desautorizada, en abandonar su pose triunfalista y en culminar este proceso de la mejor forma posible. A LA REVANCHA HISTÓRICA DE LA GENERALITAT L anclaje de la izquierda en el pasado no sólo parece no tener límites, sino que se ha convertido en la principal actividad política de este fin de legislatura. Si Irak se ha renovado como el banderín de enganche que agita el PSOE contra el PP para mantener la cohesión de un electorado que ya muestra síntomas de desafección, el revanchismo de la memoria histórica que propicia Zapatero ha encontrado en el Gobierno catalán su exponente más crispado y sectario. El tripartito que preside José Montilla ha propuesto dos proyectos de ley que pretenden la pura confrontación: uno, el del Memorial Democrático, que reconocerá sólo a las víctimas de la represión en el bando franquista; y otro, para dar cobertura a la exhumación de republicanos enterrados en fosas comunes. La idea no es distinta de otras muchas iniciativas que, sin necesidad de leyes, han permitido a las familias de las víctimas republicanas localizar a sus seres queridos y honrarlos justamente. Lo que repugna de estos proyectos es la intención sectaria que, sin tapujos, asumió el consejero de Relaciones Institucionales de la Generalidad, Joan Saura, al afirmar que el reconocimiento a las víctimas de la represión está reservado a las republicanas porque no se puede comparar a los golpistas con la superioridad ética de un Gobierno legítimo y democrático Semejante afirmación es propia de quien desprecia el país en el que vive e ignora los fundamentos de la democracia española y de la transición del régimen franquista a la monarquía parlamentaria. Históricamente, la afirmación de Saura- -y, por tanto, del tripartito catalán- -es un reduccionismo insultante y maniqueo de lo que realmente fue la Guerra Civil española. Pero, ante todo, es una injuria gratuita a decenas de miles de víctimas de la represión practicada en el bando republicano, tan víctimas como las que causó la represión en el bando contrario. Es una auténtica provocación que, por desgracia, no desentona de la estrategia general de la izquierda española de buscar la crisis con la derecha en todos los frentes políticos y sociales. Sin embargo, la afirmación de Joan Saura supera lo imaginable y lleva la disputa partidista a términos inmorales insólitos. E Es evidente que con esta izquierda desaforada y revanchista nunca hubiera sido posible la transición, ni la implantación pacífica de un régimen democrático. Aprovecha el poder político como una herramienta de agresión histórica y promueve la división ciudadana con argumentos destinados a hacer daño a la parte de la sociedad que aún se reconoce en esas víctimas despreciadas tan maliciosamente por el tripartito catalán. Lo peor es que esa vejación se envuelve en un halo de autoridad moral, de superioridad ética de un Gobierno que no la tuvo y que fue incapaz de mantener el orden, sucumbiendo a su propia incapacidad para conservar la cohesión de las fuerzas que lo apoyaban, transformadas muchas de ellas en milicias sectarias que campaban por sus respetos y practicaban el puro y simple terror, sin dudar en atacarse violentamente entre sí en sangrientas luchas intestinas por el poder, llevando a su extremo el caos en que quedó sumida la República. La osadía de Saura no es producto de su ignorancia, lo que tampoco sería excusable, sino de algo aún más grave: la aceptación pacífica de que había víctimas inocentes y otras culpables, lo que es tanto como aceptar que unos asesinos tenían disculpa y otros no. Por eso, la sociedad catalana debe también ser consciente de quiénes la gobiernan y del contexto político concreto de esta iniciativa. El proyecto de ley defendido por Saura para reabrir las fosas comunes, pero dejando en ellas a las víctimas que no merecen ningún reconocimiento, se justifica como desarrollo del artículo 54 del nuevo Estatuto de Cataluña. Es lícito preguntarse si para esto quería la izquierda y el nacionalismo catalanes un nuevo régimen estatutario, porque algunos lo defendieron, como Convergencia i Unió, como el recurso imprescindible para el desarrollo y el progreso de Cataluña. El Gobierno central debe pronunciarse inequívocamente en contra de este proyecto, porque es un ataque a la convivencia pacífica de los españoles. Con desarrollos estatutarios de este tipo, el tripartito catalán desprestigia la autonomía catalana y pone a los catalanes en una senda política gravemente equivocada. MENTIRAS DE GUERRA L cuarto aniversario de la Guerra de Irak ha desatado los fantasmas de una etapa que el socialismo rescata del pasado para librarse de un presente político que le es cada día más adverso. Con José Blanco como ariete, el PSOE se radicaliza y se lanza en tromba para tratar de recuperar la iniciativa política perdida. El PP debería reaccionar con mayor determinación. En su momento, Aznar optó por apoyar la intervención en Irak y por enviar soldados españoles, pero no a la guerra como se dice con manifiesta mala fe, sino en una misión compartida por un buen número de naciones y que fue luego respaldada por Naciones Unidas. Los populares no tienen por qué esconderse y mirar para otro lado en espera de que pase la tormenta, ya que la izquierda intenta con este asunto reconstruir el frente radical que le condujo al triunfo electoral el 14- M. Es llamativo que la única voz que se ha escuchado por el momento ha sido para discrepar, a cargo de Jaime Ignacio del Burgo- -abnegado peón de Eduardo Zaplana- y que ha servido de argumento al PSOE para pedir responsabilidades a Mariano Rajoy. En mala hora ha decidido el diputado popular criticar a los suyos, haciendo el juego en términos objetivos a la izquierda y olvidando, por cierto, que él mismo votó a favor del envío de tropas españolas. El PP tiene que afrontar la asignatura de Irak sin complejos y con la conciencia clara de que consideró en su momento que ésa era la decisión más E adecuada para la defensa del interés nacional, y debe precisar con exactitud el papel que desempeñaron nuestros soldados en la región, antes del precipitado regreso que ordenó Zapatero ante el estupor de la Comunidad Internacional. En este juego absurdo de oposición retrospectiva le han salido a la izquierda algunos aliados peculiares. La opinión de Baltasar Garzón acerca de un eventual proceso del anterior presidente del Gobierno ante el Tribunal Penal Internacional, sustentada por el secretario de Organización del PSOE, es manifiestamente impropia de un juez en el pleno ejercicio de sus funciones, que compromete así su propia imparcialidad. Hasta ahora, sólo los más extremistas habían mantenido un criterio tan peregrino, insostenible de todo punto en términos jurídicos y políticos. Por lo demás, la memoria falla respecto de las decisiones que adoptó en su día Felipe González en relación con la presencia de tropas españolas en la antigua Yugoslavia, sin una cobertura específica desde el punto de vista de la legalidad internacional, aunque el entonces diputado Zapatero se mostrara a favor de una intervención no respaldada por la ONU y el juez Garzón guardara un significativo silencio. Ante esta ofensiva, el PP no debe dejar que la izquierda le gane la batalla psicológica, actuando de forma temerosa o confusa, como si tuviera mala conciencia. Es absurdo, en efecto, que se deje cobrar por segunda vez una factura ya pagada ante las urnas.