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4 OPINIÓN MARTES 20 s 3 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro CANON DIGITAL CONTRA EL LAS ESPERANZAS ROTAS DE LOS IRAQUÍES UANDO se cumplen cuatro años del inicio del conflicto en Irak es preciso reconocer que las esperanzas que suscitó en sus inicios aquella operación militar están muy lejos de haberse cumplido. Desgraciadamente, los esfuerzos de la inmensa mayoría de la población iraquí, que acudió heroicamente a las urnas para ratificar su nueva Constitución y elegir un Parlamento democrático, se están hundiendo en el caos de la inseguridad y la confrontación interreligiosa. El Irak del 9 de abril de 2003, aquél que emergió en todas las televisiones del mundo que retransmitieron desde Bagdad el derribo de la estatua de Sadam Husein, era un país que parecía dirigirse hacia un periodo de renacimiento y prosperidad; hoy es solamente un continuo estremecimiento de violencia en el que cada día mueren violentamente decenas de personas. Resulta difícil intentar seguir apelando a la confianza en un futuro mejor para los iraquíes en estas circunstancias, pero es la única posición razonable. A menudo se tiende a utilizar este conflicto como arma arrojadiza contra la política norteamericana, olvidándose de que, por encima de cualquier consideración, se encuentran los ciudadanos iraquíes, que en estos momentos sufren en mayor medida los efectos de la violencia sectaria y las acciones terroristas. No es razonable pedir la retirada inmediata de las fuerzas norteamericanas y de los demás países aliados, sabiendo que el único efecto sería el agravamiento de la situación para los iraquíes. En otras ocasiones y ante situaciones dramáticas para la población civil- -como es el caso en estos momentos de Darfur- -lo que se pide en las manifestaciones es precisamente una intervención de las fuerzas multinacionales para detener la violencia. También se olvida con frecuencia que el origen de este conflicto no estaba en las inexistentes armas de destruc- C ción masiva que se utilizaron incorrectamente como pretexto, sino en la reacción ante el atentado del 11 de septiembre de 2001. Los objetivos profundos de la invasión de Irak- -contribuir a la expansión de la civilización occidental en el mundo musulmán- -pueden parecer ahora tan ilusorios y ficticios como parecieron hace cuarenta años los propósitos de contener el comunismo y preservar los intereses occidentales en Vietnam. Washington tuvo entonces que retirarse falto de apoyo político y social, y el resultado de la guerra es bien conocido, pero es un hecho que hoy en Vietnam ha desaparecido el comunismo y que el país lucha por aproximarse de nuevo a EE. UU. Por contra, resulta engañoso el espíritu de las manifestaciones que quieren parecerse a aquellas de Vietnam y que no explican si lo que reclaman es el mismo tipo de paz que existía bajo la tiranía de Sadam Husein, un dictador que resolvía los problemas interétnicos gaseando poblaciones enteras. Sería más lógico pedir paz a los terroristas, que con el apoyo de Irán o Siria se complacen en alimentar las llamas de la confrontación civil sin ser inquietados por pancarta alguna. Digan lo que digan el Gobierno y aquéllos de sus aliados que han apoyado las manifestaciones este fin de semana, las tropas españolas estuvieron en Irak bajo legitimidad de la ONU y se dedicaron- -con gran aceptación de la población en la zona donde estaban desplegadas- -a la reconstrucción y al mantenimiento del orden. Exactamente lo mismo que hacen en estos momentos, con la misma y elevada profesionalidad, en el oeste de Afganistán, Al menos cabe la esperanza de que, cuando en Afganistán se haya podido construir un Estado razonable y humano, en el que sus ciudadanos prosperen y vivan por fin en libertad, a salvo de de dictaduras fanáticas, el nombre de España sea recordado allí con honores. PRIVILEGIO JUDICIAL PARA OTEGI A decisión de la sala Segunda del Tribunal Supremo de aplazar hasta después de las elecciones municipales, tal ycomo solicitólaFiscalía, la vistay resolucióndelrecurso de casación contra la condena impuesta a Arnaldo Otegi por ensalzar el terrorismo en un homenaje al etarra Argala sólo puede ser recibida con perplejidad. El argumento del Supremo es queexiste una normano escrita queexcluye el señalamiento de causas con trascendencia política durante período electoral. La justificación todavía hace más inaceptable la decisión, porque la actividad procesal no puede estar sujeta a normas no escritas En este caso no estamos ante una sentencia que contenga un juicio de carácter jurisdiccional, protegido por la independencia judicial que consagra la Constitución: es una decisión gubernativa, de mera ordenación de un procedimiento, pero que genera serias preguntas sobre la actuación del Tribunal Supremo. En primer lugar, la fecha de las elecciones municipales era conocida desde hace muchos meses. En cualquier caso, antes de que se fijara la vista para el 12 de abril. Además, el criterio del Supremo es un contrasentido insuperable si se contrasta con la actividad jurisdiccional de la Sala Especial del artículo 61, que es la encargada de aplicar la ley de Partidos Políticos y, en consecuencia, de ilegalizar candidaturas en tiempo electoral. ¿También esta Sala debería hacer una moratoria en tiempo electoral? La conclusión es clara: se podría ilegalizar la candidatura de Otegi por ser mera prolongación de ETA, pero no se podría juzgar a Otegi por ensalzar a ETA. El aplazamiento acordado por la Sala Segunda también L debe compararse con la actitud de la Audiencia Nacional, que sí ha mantenido para mañana el señalamiento de la vista oral contra Otegi, a pesar del contumaz empeño del fiscal- -insuperable incluso por la defensa del etarra- -por conseguir la suspensión. Y, desde luego, el aplazamiento de la vista por el recurso de Otegi permitiría al Partido Popular exigir una aplicación del peculiar criterio del Supremo a, por ejemplo, las detenciones constantes de alcaldes y concejales populares, directamente relacionados con el período electoral al que alude el Alto Tribunal. ¿Acaso merece menos consideración un edil del PP que Arnaldo Otegi? No cabe compartir la decisión del Supremo, aunque cabe identificar su contexto. Si se ratificara la condena, Otegi debería ir a prisión y Batasuna redoblaría sus ataques verbales, ya enardecidos porque el dirigente debe volver al banquillo mañana. En definitiva, el proceso entraría en crisis. Otegi no es candidato, ni podría serlo porque su presencia contaminaría la candidatura. Pero, aunque lo fuera, el Supremo no puede ni debe prestarse a servir intereses ajenos a la Justicia. Por el contrario, la decisión parece una contribución al apaciguamiento que pretende el Gobierno con ETA, como lo fue la prórroga de la sentencia contra Jarrai después de la reunión del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco Hernando, con el ministro de Interior. Existe un deliberadaestrategia delfiscalgeneral del Estado de blindar a Otegi en todos sus frentes judiciales. La Audiencia Nacional y la Sala Segunda del Supremo han elegido respuestas diferentes para un mismo reto. ÁS de un millón de firmas ha conseguido reunir la plataforma ciudadana Todoscontraelcanon integrada por organizaciones empresariales, profesionales y asociaciones de consumidores y usuarios. Es muy significativa la composición heterogénea de esta plataforma, lo que demuestra que el asunto ha calado muy hondo en diversos sectores ciudadanos. El Ministerio de Industria recibe por esta vía la expresión de un estado de ánimo generalizado en contra del canon que graba los dispositivos electrónicos que pueden reproducir o copiar. El llamado canon por copia privada puede suponer un serio obstáculo para el desarrollo en España de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, que está lejos de haber alcanzado los niveles exigibles en una economía que se sitúa entre las primeras de Europa y del mundo. La presión de las sociedades de autores en defensa de intereses legítimos no puede ser el único criterio atendible. Empresas y usuarios aportan argumentos sólidos para evitar la puesta en práctica de un mecanismo poco convincente. Entre ellos, que favorecerá el surgimiento de un mercado negro y la deslocalización industrial, con grave perjuicio para las empresas pequeñas y medianas. Es notorio también el daño que puede ocasionar al usuario particular, que se limita a obtener una copia para uso propio y no tiene ánimo de lucro o reventa. En último término, se hace recaer el peso de la ley sobre la parte más débil, creando una especie de presunción en contra del ciudadano que no es fácil de sostener de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Como ya ocurriera en otros casos recientes (entre ellos, la ley del Cine, ahora paralizada) el Gobierno parece incapaz de buscar un equilibrio razonable entre los diversos sectores implicados, y las querencias intervencionistas se mezclan con el apoyo indiscriminado a una de las partes. En el caso de la propiedad intelectual, reconocida por la Constitución y los convenios internacionales, el Ejecutivo no ha sido capaz de encauzar los intereses de las sociedades de autores, no siempre coincidentes en su totalidad con los propios creadores o intérpretes. Ahora choca con otro de los elementos afectados y, sobre todo, con la realidad social en el uso de copias digitales, que va muy por delante de las normas reguladoras. Industria y Cultura deberían ser sensibles a las reivindicaciones formuladas por la plataforma contra el canon con el apoyo explícito de una gran cantidad de ciudadanos. No se trata de dar un vuelco a la situación, sino de aplicar las reglas de negociación y consenso, esenciales en una sociedad moderna y compleja, y mucho más cuando está en juego el futuro de la Sociedad de la Información en España y, por tanto, de un elemento nuclear para el progreso de nuestra economía. Las leyes no pueden vivir de espaldas a los ciudadanos y, desde este punto de vista, poner puertas al campo no es la mejor fórmula para garantizar los intereses de todos. M