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4 OPINIÓN LUNES 19 s 3 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro LOS FANTASMAS DEL PASADO DE LOS POLACOS MÁS PRUEBAS PARA ILEGALIZAR AL PCTV NA de las constantes del discurso del Gobierno sobre el proceso de paz es pedir que se respete la Ley de Partidos Políticos y, a la vez, no hacer lo necesario para imponer ese respeto a quienes la incumplen. La impunidad permanente de los dirigentes de Batasuna demuestra el doble lenguaje del Ejecutivo, cuya eficacia asegura la fidelidad de la Fiscalía General del Estado a la consigna política de engrasar el proceso de diálogo con una reconducción de la acción judicial contra el terrorismo hacia aguas tibias, cuando no directamente a su bloqueo. La situación del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) constituye otra prueba de cargo de la voluntad política del Gobierno de no tomar la iniciativa para impulsar procesos judiciales contra el entramado etarra. Todos los juicios relevantes que se están tramitando (sumario 18 98 contra el frente político de ETA) o se han resuelto ya (por ejemplo, Jarrai) son herencia de la anterior legislatura. El Gobierno de Rodríguez Zapatero no ha propiciado una sola causa contra los grupos al servicio de ETA. Entre las diversas excusas para justificar la pasividad ante el PCTV siempre ha destacado la supuesta falta de pruebas necesarias para pedir su ilegalización al amparo de la Ley de Partidos. El fiscal general del Estado nunca ha dudado en asumir la condición de portavoz de esta tesis. Sin embargo, la vinculación del PCTV con ETA no sólo está acreditada por la Guardia Civil en los informes que reflejan que ha sido absorbido a todos los efectos por Batasuna, sino también en la propaganda que realiza en internet la formación matriz del PCTV los llamados Comunistas de las Tierras Vascas, cuyas siglas en euskera (EHK) sólo difieren de una letra de las siglas del PCTV (es decir, EHAK) Los Comunistas de las Tierras Vascas se presentan a sí mismos en la página web abertzale. org como una parte del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, que intervino en el proceso Batasuna de refundación de la izquierda proetarra con la ponencia Iqitaia eta Mailua (Hoz y Martillo) e impulsora del Partido Comunista de Euskal Herria (el PCTV) Como corresponde a un apéndice de ETA, este grupo defiende que sus objetivos sólo pue- U den alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente A estas alturas, es inútil el empeño en revestir de legalidad la decisión meramente política de proteger judicialmente al PCTV El PCTV es un títere de Batasuna y ETA; forma parte, junto con su matriz de los sedicentes Comunistas de las Tierras Vascas, de esa constelación de grupos de izquierda proetarra integrados en el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, el cual, a su vez, y según reiterados pronunciamientos del juez Garzón, está supeditado absolutamente a la organización terrorista. Con similares indicios, el anterior Gobierno instó con éxito la ilegalización de Batasuna. La actitud de la Fiscalía frente al PCTV responde a un planteamiento que nada tiene que ver con la legalidad, sino con la necesidad política del Gobierno de no exacerbar a ETA con nuevas acciones judiciales. Por eso, el fiscal general debe asumir el deterioro de su imagen institucional, que se agrava con decisiones como la de apoyar el aplazamiento del nuevo juicio a Arnaldo Otegi, que finalmente se celebrará el próximo miércoles, o la sorprendente reducción de condenas pedidas por el fiscal a diez acusados de violencia callejera, con la explicación de que no consta que actuaran por pertenecer a ETA o colaborar con esta organización terrorista, dato que normalmente está acreditado durante la tramitación del sumario. Además, nada habría impedido al fiscal acusar por delitos terroristas y ofrecer al tribunal la posibilidad de condenar por éstos o por otros más leves. Pero está claro que el fiscal parece proclive a cercenar las respuestas penales más severas. Para mayor contraste, este cambio de criterio del fiscal, anunciado el pasado viernes, se produjo el mismo día en que la Audiencia Nacional condenaba a tres proetarras como autores de un incendio terrorista y tres meses después de que la Sala Segunda del Supremo dictaminara en firme que Jarrai y demás grupos juveniles proetarras son organizaciones terroristas. El Gobierno tiene muy claro que el principal obstáculo del proceso de negociación con ETA es el Estado de Derecho, el imperio de la ley y la independencia judicial. EL PSOE CON RETROVISOR ESULTA insólito en una democracia moderna que el Gobierno y el partido que lo sustenta dediquen una parte importante de su tiempo a descalificar a la oposición, y aún más más absurdo que el espejo retrovisor se enfoque hacia las decisiones del Ejecutivo anterior, que cesó en sus funciones hace ya tres años. Las referencias a José María Aznar, a la foto de las Azores, a Guantánamo y a todo lo que recuerde, de forma directa o indirecta, a la guerra de Irak son la mejor prueba de que Zapatero ha agotado su discurso y busca- como sea según su fórmula habitual- -reproducir el contexto que lo llevó al triunfo en 2004. Para animar a los más radicales, muchos de ellos desengañados con el Gobierno socialista, sólo se le ocurre volver la vista hacia Irak. Sin embargo, el riesgo de verse desbordado por la izquierda no es desdeñable: muchos manifestantes apuntaban el sábado hacia Afganistán, sin atender a la consigna oficial sobre el carácter humanitario de la presencia de nuestros soldados en aquel territorio; y otros mencionaban el Sahara o la vivienda para los jóvenes, cuestiones ajenas por completo a la gestión del PP. En la estrategia del PSOE no falta, por supuesto, la apelación a un sector muy concreto de artistas y escritores afines, a los que identifica sin pudor con la cultura por antonomasia. Lo peor de todo son los insultos al anterior presidente del R Gobierno, que lleva tres años apartado de la vida política por decisión propia. Es inaceptable la comparación entre el número de muertos en Irak y los atentados terroristas en España, buscando siempre crear confusión sobre la posición de un partido en un momento dado y el desafío global que supone el islam radical para el conjunto de Occidente. Algo falla cuando se pretende despertar las pasiones del pasado y no debatir con argumentos racionales sobre los problemas que realmente importan a los ciudadanos. En términos democráticos, cualquier responsabilidad que fuera imputable al último gobierno popular quedó sustanciada en las urnas el 14- M, en un contexto muy concreto, derivado del impacto moral y social de la masacre de Atocha. Expresada la voluntad del pueblo español, Zapatero y su partido tienen no sólo el derecho, sino también el deber de gobernar, aunque pretendan eludir su responsabilidad tratando de pasar al cobro facturas ya pagadas. Nadie se imagina en una democracia seria al partido gobernante atizando a la gente contra sus adversarios y a cuenta de cuestiones ya superadas por el paso del tiempo. Sin embargo, la izquierda sigue utilizando Irak para arremeter contra el PP, de manera que el PSOE se ve involucrado en posturas radicales- -contra el imperialismo y los EE. UU. -que ningún Gobierno de la UE estaría dispuesto a suscribir. A historia de Polonia es una de las más trágicas de Europa. Tras la última guerra mundial y durante cuatro décadas, le fue impuesta una dictadura comunista, que se hizo más dura porque no llegó nunca a recibir la adecuada condena intelectual por parte de la izquierda de los países occidentales. Pero hace ya dieciocho años que los comunistas fueron desalojados del poder y, desde entonces, Polonia se ha convertido en un país democrático, miembro de la OTAN y de la Unión Europea. Debería ser éste un periodo de tiempo suficientemente largo para mirar hacia aquel pasado con cierta madurez, y no con el histerismo de una ley de limpieza que tiene todos los ingredientes para ser considerada una caza de brujas, más propia, por cierto, de las purgas del régimen comunista que de un gobierno europeo. Tal vez lo que los hermanos Kaczynski quieran juzgar sea al viejo régimen, para lo que no les faltan razones, pero no pueden hacerlo castigando indiscriminadamente a quienes en muchos casos, pese a haber sido colaboradores de los aparatos de represión del Estado, fueron en cierto modo víctimas también de un sistema perverso, del que eran prisioneros tanto los que estaban en la cárcel como los carceleros. Pretender que los periodistas, funcionarios y profesores de universidad hagan a estas alturas una confesión sobre su pasado, bajo amenaza de inhabilitación, representa una aberración impropia del espíritu democrático, porque los responsables polacos saben mejor que nadie que en aquella dictadura nadie era totalmente libre para elegir qué posición tomar, e incluso muchos de sus dirigentes más notorios acabaron sus días en la Siberia soviética junto a millones de víctimas del comunismo, rusos y de todas partes del mundo. Otra cuestión distinta es la que se deriva de las demandas que cada ciudadano quiera llevar ante los tribunales: si hay quien considera que fue víctima de determinado comportamiento criminal por parte de un responsable concreto, debe tener la posibilidad de acudir a la justicia. Pero, fuera de los cauces normales, la pretensión de hacer pasar a la historia por el banquillo de los acusados no puede tener más que consencuencias nocivas para todos. Polonia tiene muchos problemas que resolver para recuperar el tiempo que la dictadura le hizo perder y, en estos momentos, al Gobierno de Varsovia no le faltan tareas que acometer, la más urgente de las cuales es contribuir a crear una sociedad moderna y democrática. El comunismo no es ya una amenaza para Polonia; lo que por desgracia no han terminado aún son algunos de sus efectos más perversos, debidos a décadas de corrupción espiritual de la sociedad, como demuestran las dificultades que todavía encuentra el país para construir alternativas liberales y democráticas que sustituyan a los integrismos religiosos, nacionalistas o revanchistas. Y esta ley no contribuye en absoluto a la reconstrucción social de Polonia. L