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ABC DOMINGO 18- -3- -2007 Cerco gubernamental a la Justicia ESPAÑA 21 presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, a Carlos Dívar como presidente de ese tribunal y ha seguido nombrando, en la medida en que se produce un acuerdo entre los vocales de la mayoría conservadora y los de la minoría progresista, a magistrados del Tribunal Supremo. Los últimos, Manuel Marchena y Luciano Varela para su Sala Penal. En estos momentos, la renovación del Consejo está bloqueada, y el deterioro de las relaciones entre PSOE y PP, a lo que han colaborado, sin duda, las declaraciones de Fernández Bermejo, no parece que vaya a llegar a buen puerto, al menos a corto plazo. Para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que se compone de veinte vocales (12 procedentes de la carrera judicial y ocho juristas de reconocido prestigio) se requiere una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado. Por ello, en la práctica, si ambos partidos no se ponen de acuerdo, la renovación del órgano de gobierno de los jueces permanecerá bloqueada. Para el principal partido de la oposición el propio nombramiento de este fiscal como titular de la cartera de Justicia impide cualquier tipo de acuerdo. En este sentido, el pasado 15 de marzo, durante a primera comparecencia del ministro ante la Comisión de Justicia del Congreso para explicar su programa de trabajo, el portavoz del PP Ignacio Astarloa le advirtió de que la rectificación radical de su actual deriva es condición sine qua non para obtener el apoyo del PP Astarloa se refería así precisamente a los pactos del PSOE con sus La Comisión Permanente del CGPJ sólo podría tramitar asuntos de índole administrativa, y ningún nombramiento La prórroga del mandato de la presidenta del TC es importante, al tener voto de calidad para dirimir un empate en votaciones del Estatuto socios de los que ha marginado a esta formación. En una de sus primeras intervenciones como ministro, Fernández Bermejo manifestó que el Consejo carece de legitimidad en su actual composición y mientras esté en funciones no debe tomar más decisiones que aquéllas que sean de mero trámite. Dicho y hecho. No ha pasado un mes de esa declaración de intenciones y la enmienda que IU ha hecho llegar al PSOE (para que le dé el visto bueno antes de presentarla como enmienda) ahonda precisamente en los extremos expuestos por el ministro. En los próximos días, Gobierno, Grupo Socialista y sus socios parlamentarios podrían ultimar el contenido de esta propuesta, que en caso de que finalmente fuere contemplada en la reforma de la LOPJ no entraría en vigor antes del verano, pues tiene que pasar todavía por el Senado. La propuesta que neutralizaría al CGPJ pasaría por que una vez finalizado el mandato del Consejo (y hasta su renovación) no sean veinte vocales en funciones, sino una Comisión Permanente- -formada por el presidente y cuatro vocales- -los que despachen los asuntos del Consejo, que se limitarían exclusivamente a cuestiones administrativas que no impliquen votaciones. Por tanto, quedarían excluidos de sus competencias cualquier tipo de nombramiento que hasta el término de su mandato sí le competería: magistrados y presidentes de Sala del Supremo; presidentes y presidentes de Sala de Tribunales Superiores de Justicia; presidentes y presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, y presidentes de las Audiencias Provinciales, entre otros. Además, a esta Comisión Permanente le quedaría vetada la posibilidad de informar proyectos gubernamentales, lo que en la práctica permitía al Gobierno actuar con una mayor libertad al no tener que tropezar con las críticas del actual Consejo. Marginación al PP Mariano Fernández Bermejo, ministro de Justicia ERNESTO AGUDO tras los dos últimos nombramientos de magistrados del alto Tribunal aprobados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de Manuel Marchena, fiscal del Supremo y jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado en la época de Jesús Cardenal; y de Luciano Varela, un magistrado miembro de la asociación Jueces para la Democracia. Ninguno ha tomado aún posesión de sus cargos en la Sala Segunda del Supremo. Según la previsión legal (artículo 347 de la LOPJ) el nuevo miembro de la Sala del 61 será Marchena en su condición de magistrado más moderno. Y eso es así porque, pese a haber sido nombrado para el Supremo el mismo día que Varela, no es magistrado de carrera, sino fiscal. Para Marchena, la consecuencia del nombramiento es su ingreso en el escalafón judicial, mientras que para Vare- la es una promoción de categoría Y ese es el criterio que se aplica siempre. El caso de cuatro magistrados de la Sala Civil nombrados en 2005 (dos juristas y dos de extracción judicial) está siendo utilizado por el sector progre- sista del CGPJ como arma arrojadiza contra Hernando, al que se acusa de haber cambiado el criterio técnico habitual (el del artículo 347) con la consecuencia de haber alterado la composición de la Sala del 61 De hecho, uno de los jueces (y uno La explicación oficial Francisco Hernando explicó brevemente en el Pleno del pasado miércoles lo ocurrido en 2005 con el nombramiento de esos cuatro magistrados. Los detalles constan en el informe del secretario general del CGPJ. No hubo cambio de criterio ni manipulación, como se pretende hacer creer, sino remisión de los nombramientos al BOE con una diferencia de siete días. Primero se enviaron los de los juristas y, siete días después, los de los candidatos de estracción judicial. Esta decisión llevó a la Sala del 61 a uno de los jueces (al parecer conservador) en detrimento de uno de los juristas (al parecer progresista) pero era conocida por los candidatos y no fue motivo de recurso ni queja alguna. La razón por la que, excepcionalmente, se hizo así fue la petición de un plazo de tiempo por los dos jueces por razones profesionales. uno de los juristas) fue el que entró en ella como más moderno ver información adjunta Dentro de la Sala del 61 este episodio se vive con perplejidad según apuntan fuentes judiciales. Consideran una extraña coincidencia que algo ocurrido hace dos años, y que ni en su momento ni en éste provocó queja alguna de los afectados, se resucite ahora, justo en puertas de unas elecciones. Por ello, estas fuentes expresan su convencimiento de que lo que subyace es otro intento de desacreditar a Hernando, al CGPJ y, de paso, a la Sala del 61 a la que, con la polémica sobre su composición y su supuesta tendencia ideológica se está trasladando una imagen de división partidista que no se corresponde con la realidad. El Tribunal- -dicen- -no actúa con criterios políticos Campaña de descrédito