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20 ESPAÑA Cerco gubernamental a la Justicia DOMINGO 18 s 3 s 2007 ABC El Gobierno intensifica su ofensiva para controlar el Poder Judicial Socialistas e IU ultiman una enmienda para limitar las competencias del CGPJ en funciones s Hasta su renovación le quedarían vetados los nombramientos N. COLLI N. VILLANUEVA MADRID. La pretensión del Gobierno de controlar las decisiones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y limitar sus competencias mientras siga en funciones- -circunstancia que se produce desde el pasado 7 de noviembre- -se enmarca en una estrategia más amplia de ofensiva al Poder Judicial. Esta maniobra del Ejecutivo de Zapatero, que desde el PP se interpreta como un nuevo cambio de las reglas del juego en mitad del partido, afecta tanto al órgano de gobierno de los jueces como al Tribunal Constitucional. En ambos casos, aunque especialmente respecto al CGPJ (cuya composición es la que resultó de un Parlamento en el que aún tenía la mayoría el PP) las iniciativas del Gobierno se han intensificado con la llegada al Ministerio de Justicia de Mariano Fernández Bermejo, y el PSOE se ha escudado en sus socios parlamentarios para sacar adelante enmiendas dirigidas a neutralizar las decisiones que puedan tomarse por estos órganos en contra de los intereses del Ejecutivo. Y es que en manos del CGPJ está el nombramiento de los cargos judiciales (donde cobran especial relevancia los del Tribunal Supremo y las presidencias de los tribunales superiores de justicia) y la elaboración de informes sobre anteproyectos legislativo; el TC tiene en estos momentos sobre la mesa los siete recursos de inconstitucionalidad presentados, entre otros por el Partido Popular, contra el Estatuto de Cataluña, uno de los pilares del Ejecutivo en esta legislatura por cuando ha abierto el camino para la reforma del modelo de Estado. La ofensiva gubernamental se ha producido a través de reformas normativas. La primera fue la que, en diciembre de 2004 (Zapatero apenas llevaba ocho meses como presidente del Gobierno) modificó la mayoría necesaria para el nombramiento de los altos cargos judiciales por el CGPJ. Exigir mayoría de tres quintos (en lugar de mayoría simple) limitó la capacidad de decisión del bloque conservador del CGPJ. Después han venido las que afectan al TC y a las competencias que debe desarrollar un CGPJ en funciones. Esta sema- na, el Congreso aprobó la nueva Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en la que, sin el apoyo del PP, se introdujo una enmienda de IU para que presidente y vicepresidente del Tribunal, una vez concluido su mandato, lo prorroguen hasta la siguiente renovación parcial del órgano. La modificación afectará a la actual presidenta, María Emilia Casas, cuyo mandato vence en junio y podrá verse prorrogado hasta diciembre. En caso de empate en la resolución de los recursos contra el Estatuto catalán, Casas, como presidenta, tiene voto de calidad. El nombramiento de María Emilia Casas fue aprobada en 2004 por más de las tres quintas partes del Senado a propuesta del Grupo Socialista. El órgano de gobierno de los jueces lleva en funciones desde el pasado 7 de noviembre y desde esa fecha sigue cumpliendo sus competencias de manera plena. En fechas recientes nombró a Javier Gómez Bermúdez Objetivo: Sala del 61 La llegada de Bermejo a Justicia ha caldeado el ambiente y es el detonante de una agresiva campaña dirigida a desacreditar al presidente del Supremo y del CGPJ, y forzar así una renovación de la que PSOE y PP parecen, al menos de momento, incapaces POR NIEVES COLLI MADRID. Se ha abierto la veda, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Francisco Hernando, se ha convertido en la pieza más codiciada para el Gobierno, para el Partido Socialista y, por extensión, para los vocales del sector progresista del órgano de gobierno de los jueces. Esa es al menos la percepción que existe entre los que forman el bloque conservador, que asisten con preocupación a una campaña que, más allá de tocar al presidente del Supremo, está haciendo un daño irreversible- -advierten- -a las instituciones; tanto al propio CGPJ como al alto Tribunal Y lo más grave es que está orquestada desde el Ministerio de Justicia sospechan, pues coincide en el tiempo con el aterrizaje de Mariano Fernández Bermejo. La última batalla es la que tiene en el punto de mira la Sala del 61 del Tribunal Supremo, una sala especial tanto en su composición como en sus cometidos. Es la encargada de tramitar el proceso previsto en la Ley de Partidos Políticos (esa es la sexta de sus competencias) y, en consecuencia, actualmente tiene en sus manos la ejecución de la sentencia que el 29 de marzo de 2003 declaró ilegal Batasuna. Esta Sala- -que en la gran mayoría de los casos ha adoptado por unanimidad las decisiones que afectan a Batasuna- -po- Importantes decisiones dría asumir un papel relevante ante las próximas elecciones municipales y autonómicas en el País Vasco si se determina que alguna formación heredera de la ilegalizada coalición proetarra intenta presentarse para, en fraude de ley y con claro incumplimiento de la sentencia de ilegalización, sustituir a Batasuna. En esas circunstancias, el hipotético control ideológico de ese tribunal resulta más que goloso para un Gobierno que sigue teniendo en su agenda un proceso de negociación con ETA condicionado, en palabras de Arnaldo Otegi, al regreso de la izquierda abertzale a las instituciones vascas. Integrada por 16 miembros, la composición de la Sala del 61 va cambiando a medida que se incorporan nuevos magistrados a las salas Civil, Penal, Contencioso- Administrativo, Social y Militar del Tribu- nal Supremo. De hecho, la Sala del 61 está formada por los presidentes de esas cinco Salas y por el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas. La preside Hernando en su condición de presidente del alto Tribunal. La tormenta se ha desatado La última batalla es la Sala Especial del Tribunal Supremo, que tiene en sus manos la ejecución de la sentencia de Batasuna Estos magistrados pueden asumir un papel relevante ante las próximos comicios en el País Vasco