Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
28 INTERNACIONAL www. abc. es internacional SÁBADO 17- -3- -2007 ABC Los delegados abandonan el principal salón de actos tras finalizar la ceremonia de clausura de la sesión anual de la Asamblea Nacional, en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín Pekín reconoce la propiedad privada y le da los mismos derechos que a la estatal El régimen comunista aprueba también la equiparación de los impuestos que pagan las empresas nacionales y las extranjeras PABLO M. DÍEZ CORRESPONSAL PEKÍN. China dio ayer un nuevo gran salto adelante pero esta vez hacia uno de los elementos más característicos del capitalismo y la economía de mercado: la propiedad privada. Por primera vez en su historia, el régimen comunista promulgó una Ley de Propiedad que reconoce las posesiones particulares y les otorga la misma protección que a las públicas, base hasta ahora de cualquier sistema socialista. Aunque la propiedad privada ya fue incluida en la Constitución china como un derecho inviolable en 2004, ésta es la primera regulación específica al respecto, por lo que ha dividido a la clase política. Por ese motivo, ha costado 14 años sacar adelante esta normativa, cuyo primer borrador se remonta a 1993 y ha sido redactado hasta en siete ocasiones. Finalmente, y tras caerse de la agenda durante los dos últimos años por la fuerte oposición que mostraron los sectores más conservadores del Partido Comunista, la Asamblea Nacional Popular aprobó ayer la Ley de Propiedad por 2.799 votos a favor, 52 en contra y 37 abstenciones. Tan abrumadora mayoría, habitual en las decisiones del máximo órgano legislativo del régimen, no oculta la controversia generada por dicha disposición, que pretende responder a los retos planteados por una pujante economía donde el sector privado ya aporta, incluyendo la inversión privada, el 65 por ciento del Producto Interior Bruto y el 70 por ciento de los impuestos recaudados. Para contentar a los tradicionalistas, la norma recoge que la propiedad pública es la base de la economía socialista de mercado pero también aclara que la propiedad privada es decisiva para estimular las iniciativas de la gente para crear y acumular riqueza y que las personas individuales tienen derecho a disfrutar de bienes inmuebles adquiridos con sus ingresos legales, así como a heredarlos La ley beneficia a los cientos de millones de personas que conforman la emergente clase media urbana de China, surgida al amparo de las reformas de corte capitalista acometidas a finales de los 70. Ahora, este importante sector de la población tendrá la oportunidad de proteger sus posesiones, que se hallaban en una especie de limbo legal por la prioridad otorgada a la propiedad pública. Y es que, aunque los chinos pueden comprar y vender libremente sus casas, la tierra sigue siendo de titularidad estatal en el gigante asiático. Por ese motivo, los residentes urbanos deben pagar un impuesto sobre el uso de la tierra que, cifrado entre 500 y 1.000 yuanes por metro Conclusiones -Reconocimiento de la propiedad privada con la misma protección que la pública- Reforma del sistema fiscal y equiparación de los impuestos que pagan las empresas extranjeras y nacionales. Las firmas foráneas deberán pagar unos 4.000 millones de euros más al subir un 10 por ciento los impuestos, -Incremento de los gastos militares en un 17,8 por ciento hasta ascender a los 34.328 millones de euros- Inversión de 38.575 millones de euros en la agricultura y el campesinado para acabar con la brecha entre las ciudades y el mundo rural La clase media, beneficiada cuadrado (entre 50 y 100 euros) les da derecho de usufructo durante 70 años. La inseguridad jurídica surge al preguntarse qué ocurrirá cuando transcurra dicho plazo de tiempo, aunque en teoría los ocupantes de la vivienda podrían volver a renovar esa tasa. Por su parte, los campesinos pueden explotar sus tierras agrícolas durante períodos de treinta años renovables. Sin embargo, hasta ahora el Gobierno podía expropiar a los inquilinos con total impunidad argumentando algún proyecto de interés social. Un sistema que ha dado lugar a una creciente corrupción entre las autoridades locales, que se cobra cada año unas 200.000 hectáreas de cultivo requisadas fraudulentamente a los 800 millones de campesinos del paupérrimo mundo rural. Para acabar con tales abusos de poder, que provocan miles de revueltas populares, la nueva ley refuerza las garantías de los propietarios y fija el pago de indemnizaciones por desahucios y el derecho a un realojamiento digno Pero los críticos con la ley denuncian que servirá para legitimar a todos aquellos que se han enriquecido y aumentado su patrimonio de forma irregular, al tiempo que se quejan de que va en contra de los principios de un sistema comunista. Uno de ellos es Gong Hantian, un profesor de la Universi-