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ABC SÁBADO 17 s 3 s 2007 Incertidumbre legal por la muerte de Inmaculada Echevarría ESPAÑA 23 El fiscal jefe de Andalucía está en el Consejo que avaló la desconexión de Echevarría Sólo un consejero se pronunció en contra de retirar la ventilación mecánica a la enferma S. N. MADRID. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) Jesús García Calderón, es uno de los miembros que integra el Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía, uno de los órganos que emitió un dictamen que avalaba la desconexión del respirador que mantenía con vida a Inmaculada Echevarría. Esta granadina de 51 años, que padecía distrofia muscular, falleció el pasado miércoles en el hospital San Juan de Dios- -adscrito al Servicio Andaluz de Salud- -tras pedir que le retirasen de la unidad de ventilación mecánica a la que permanecía unida desde hacía diez años. Echevarría contó primero con el apoyo del Comité Autonómico de Ética de Andalucía que avaló su solicitud. Después, la Consejería de Salud de la Junta pidió una segunda opinión al Consejo Consultivo de esa comunidad. Este órgano está integrado por consejeros permanentes, electivos y natos. Entre estos últimos figura el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús García Calderón. El dictamen sobre la petición de Echevarría fue resuelto dentro de una reunión que mantuvo la Comisión Permanente del Consejo. Todos sus miembros apoyaron la solicitud, entendiendo que era adecuada a Derecho y que la actuación de los profesionales sanitarios que procediesen a la desconexión no puede considerarse punible Sin embargo, uno de los consejeros, José Antonio Sánchez Galiana, se pronunció en contra y emitió un voto particular que no llegó a buen puerto. En esa Comisión no se encuentra el fiscal jefe de Andalucía. Sin embargo, su dictamen sí representa a la totalidad de los miembros que componen el Consejo Consultivo. Es más, entre las competencias que corresponde a este órgano figura: en el caso de dictámenes facultativos (como es el de Echevarría) la competencia corresponde a la Comisión Permanente. No obstante, cuando la importancia del asunto lo requiera, el presidente de la Junta de Andalucía o el Consejo de Gobierno podrán requerir el dictamen del Pleno Mientras los expertos dilucidan las serias dudas jurídicas y médicas que plantea este caso, y de alguna manera se define si se trata de eutanasia o suicidio asistido, lo cierto es que nuestro ordenamiento jurídico regula algunas de estas cuestiones. Aunque en el caso de Echevarría no se ha producido ninguna sentencia judicial y la decisión se ha tomado ha través de sendas consultas al Comité de Ética de Andalucía y al Consejo Consultivo de esa comunidad. La eutanasia no está legalizada en nuestro país y la inducción al suicidio está castigada en el artículo 143.1 del Código Penal con una pena de prisión de cuatro a ocho años Con lo cual, ante una denuncia, el fiscal jefe de Andalucía podría ser inhabilitado. Las reacciones en relación a este caso continuaron ayer. El presidente de la Junta de Anda- lucía, Manuel Chaves, volvía a reafirmar su posición. Al ser preguntado por la opinión del cardenal arzobispo de Toledo, monseñor Antonio Cañizares, que considera el caso de Echevarría como un suicidio asistido o eutanasia Chaves respondió que la Junta ha hecho lo que tenía que hacer desde el punto de vista de la ética, de la legislación y del deseo que había expresado la propia Inmaculada Echevarría Y sostuvo que recibe con absoluta tranquilidad las críticas de algún sector de la Iglesia que no comparte la decisión de la administración autonómica. Un voto en contra