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4 OPINIÓN SÁBADO 17 s 3 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro CHINO DESCUBRE LA PROPIEDAD L Parlamento chino ha aprobado en su última sesión un conjunto de medidas que van a marcar un rumbo muy esperanzador para la reforma de un régimen que oficialmente sigue gobernado por el monopolio del Partido Comunista. En efecto, con el histórico reconocimiento del derecho a la propiedad privada, China da un paso fundamental para la construcción de una sociedad de ciudadanos libres y, con la supresión de las ventajas fiscales a las empresas extranjeras, devuelve a la economía mundial cierto equilibrio y proclama su voluntad de dejar de ser simplemente una gigantesca manufacturera de productos baratos que distorsionan las reglas del mercado. El respeto a la propiedad es uno de los factores esenciales de la libertad, porque hace a los ciudadanos dueños del fruto de su trabajo y les da el arma más importante para protegerse de las arbitrariedades del poder y dejar de ser considerados como esclavos. Los inmovilistas del Partido Comunista han estado boicoteando desde hace catorce años esta medida, a sabiendas de que se trata del germen de una nueva sociedad en la que ha de florecer necesariamente la democracia política y social. Ni siquiera ellos han podido evitar que la medida se hiciera imprescindible con el avance de los mecanismos de la economía de mercado, aunque ésta se mantenga todavía bajo el férreo control del Estado. Cuando casi la mitad del PIB chino procede ya de la iniciativa privada, los dirigentes del régimen comunista han tenido que rendirse a la evidencia de que, para luchar contra las crecientes desigualdades sociales que se están registrando en el país, es necesario introducir la propiedad privada como el mejor factor de protección de los más débiles, incluyendo los campesinos. La Asamblea también ha decidido igualar la carga impositiva de las empresas extranjeras y las chinas, lo que significa que unas y otras van a competir en igualdad de condiciones. El capitalismo chino ya se siente lo bastante fuerte como para atreverse a medirse sin muchas protecciones artificiales con las compañías occidentales, lo que significa que pretende convertirse en una economía más normal Dadas las dimensiones de China, esta pretensión parece destinada a tener graves repercusiones en la economía del resto del mundo. El Parlamento ha decidido también la creación de una entidad que se encargará de gestionar las inversiones realizadas a partir de las multimillonarias reservas en divisas que ha obtenido el país durante todos estos años de crecimiento sideral, lo que quiere decir que pronto podremos ver desde deslocalizaciones de empresas chinas hacia mercados de mano de obra aún más baratos que el suyo, o entradas bruscas de capital chino en países desarrollados. Tal vez no falte mucho para asistir, en vez de a una guerra entre multinacionales europeas, a operaciones dirigidas desde los consejos de administración de la nueva China. EL COMUNISMO E TENDENCIA A LA DESMILITARIZACIÓN L Consejo de Ministros aprobó ayer dos proyectos de ley que marcan un antes y un después en la historia de la Guardia Civil. Se trata de las futuras leyes relativas a los derechos y deberes y al régimen disciplinario de los miembros del Instituto Armado. Las novedades son sustanciales. Por primera vez desde su fundación por el Duque de Ahumada en 1844, se reconoce formalmente el derecho de asociación y la participación en los asuntos profesionales a través del Consejo de la Guardia Civil, configurado como cauce de expresión de las diversas asociaciones que ya están funcionando de hecho. Por otra parte, se suprimen los arrestos por faltas disciplinarias y, en general, se elimina la aplicación del Código Penal Militar a los agentes cuando estén cumpliendo funciones de naturaleza policial. El régimen sancionador que se implanta está basado en la pérdida de retribuciones o en la suspensión de empleo, en términos análogos al establecido para el Cuerpo Nacional de Policía. No es casualidad que la remisión al Congreso de los Diputados de ambos textos legislativos se haya acelerado a partir del descontento corporativo expresado públicamente por más de tres mil agentes- -muchos de ellos uniformados- -en la Plaza Mayor de Madrid, el pasado mes de enero. La posterior apertura de un expediente a algunos organizadores del acto ha demostrado ser un simple formalismo. Así, uno de los afectados, el secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, se ha apresurado ya a felicitar al PSOE por su sensibilidad hacia las reivindicaciones del Cuerpo. El programa electoral socialista no contemplaba la desmilitarización de la Guardia Civil, exigida por diversos sectores de la izquierda. Sin embargo, incorporaba ciertas propuestas en la línea de las que ahora se aprueban. Hay que preguntarse si estamos ante algo similar a una desmilitarización encubierta, porque también la unificación en la cúpula de la Benemérita y de la Policía actúa en el mis- E mo sentido. Es muy llamativo el reconocimiento de las asociaciones, si bien ya estaban admitidas de hecho a partir de diversas sentencias. Pero lo más significativo es la reforma del régimen disciplinario, al eliminar las sanciones propias de la naturaleza militar de la Guardia Civil, puesto que en la práctica su labor ordinaria se desarrolla en tareas materialmente policiales. Ahora bien, entre tantos matices y sutilezas, la clave está en saber quién determina y en función de qué criterios si los agentes están desarrollando labores de tipo policial o militar. Esto último parece evidente, por ejemplo, cuando actúan en el extranjero en cumplimiento de misiones internacionales, pero en otros casos pueden plantearse situaciones de inseguridad jurídica. Si las funciones y el régimen de su actuación se asimilan a los Cuerpos policiales, está claro que a medio plazo podría darse el paso definitivo hacia la desmilitarización, por mucho que se niegue en los preámbulos de las leyes. Lo cierto es que el Ejecutivo parece estar muy dispuesto a seguir el camino en una dirección errónea. La condición militar de la Guardia Civil no sólo es producto de una tradición histórica, sino también de una necesidad funcional. La propia Constitución- -en el artículo 28- -menciona la existencia de Institutos Armados y otros cuerpos sometidos a disciplina militar, precisamente en relación con el derecho a la sindicación. Pero la clave está en que ese sometimiento al régimen sancionador propio de las Fuerzas Armadas es elemento determinante de su naturaleza y es una condición que todo aspirante conoce y acepta al ingresar en la Guardia Civil. Bien está adaptar el régimen jurídico a las nuevas realidades sociales, pero no se debe alterar la sustancia de una institución que ha prestado servicios esenciales al interés público y a la vertebración territorial de España. Sería imprescindible durante el debate parlamentario un pronunciamiento expreso acerca del futuro del Instituto Armado sin equívocos ni ambigüedades. EL PSOE NO SABE SALIR DE IRAK A izquierda ha empezado a calentar motores para preparar la campaña electoral contra el PP y no ha tenido otra idea que volver al rancio no a la guerra y a la foto de las Azores Parece que a falta de mejores argumentos para respaldar al Gobierno, el PSOE y los grupos que lo secundan han considerado que el método del 13- M puede volver a funcionar. Pero como el tiempo no pasa en balde, la recuperación de la melodía antibelicista para intentar arrinconar otra vez al PP choca con la actualidad de los verdaderos problemas que preocupan a los ciudadanos. Protestar por una guerra en la que no se participa- -ni se ha participado nunca- -y sólo para intimidar a la oposición pone de manifiesto que el caudal de ideas en la izquierda está bastante reducido. Además, la manifestación convocada para hoy en Madrid para protestar por la ocupación de Irak es un acto de cinismo e hipocresía. Ni el más benévolo de los ciudadanos puede creer que a determinados grupos políticos y a determinados representantes de la farándula activista lo que realmente les indigna es que no se haya respetado la Carta de Naciones Unidas. Porque si fuera así, a la hipocresía y al cinismo deberían unir la ignorancia, pues la intervención aliada en Irak está refrendada expresamentepor elConsejo deSeguridad de Naciones y, para mayor constancia de su doble moral, con el voto favorable delGobiernosocialista deJoséLuisRodríguez Zapatero. En junio de 2004, el Ejecutivo votó a favor de la resolución 1546, que respaldaba alafuerzamultinacionallideradaporEstados Uni- L dos, reconocía como legítimo al nuevo gobierno iraquí, admitía que la coalición lucha contra el terrorismo y pedía a los miembros de Naciones Unidas que enviaran tropas a Irak. Por tanto, la presencia aliada en este país árabe es conforme al Derecho Internacional porque así lo votó, entre otros, Zapatero. Cuestión distinta es que el presidente del Gobierno, haciendo gala de su peculiar sentido del compromiso internacional, primero sacara a las tropas españolas antes de que el Consejo de Seguridad aprobara una resolución- -como la que aprobó- -que le obligara a mantenerlas; y, luego, animara a los aliados a desertar de Irak y a incumplir la decisión de Naciones Unidas. Pero el asunto de fondo no es una cuestión de legalidad, sinodepura táctica partidista. Si la opiniónpública fuerafavorablea lagestión delGobiernoy si la imagen deljefe del Ejecutivo gozara de un amplio respaldo, la izquierda no habría tenido quedesempolvar la pancartadel noa la guerra reservadasólo para Irak y bien guardada para Afganistán, donde también mueren civiles. En todo caso, más allá de la insolvencia ideológica de estas actitudes, hay que recordar que el PP lleva varios comicios sufriendo constantes ataques a sedes y candidatos, en un clima de mentiras y acusaciones sobre la responsabilidad de este partido por el 11- M y su apoyo a una intervención militar en Irak, que fue participada por una coalición de países muy superior a la de la mayoría de operaciones organizadas por Naciones Unidas. Zapatero sacóa las tropas deIrak, pero la izquierda se quedó allí.