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42 INTERNACIONAL VIERNES 16 s 3 s 2007 ABC Marruecos busca a seis terroristas que querían atentar en Casablanca LUIS DE VEGA CORRESPONSAL RABAT. Seis de los integrantes de la célula terrorista que pretendía llevar a cabo varios ataques suicidas en Casablanca siguen siendo buscados por la Policía, según informaron ayer fuentes del Gobierno. Hasta el momento, según dijo en una reunión gubernamental el ministro del Interior, Chakib Benmussa, se ha detenido a 18 personas. Marruecos vive desde el domingo pendiente de una nueva alerta terrorista después de que un kamikaze se inmolara en un cibercafé cuando se disponía a recibir información a través de una página web antes de atacar junto a otros jóvenes los que iban a ser los objetivos definitivos en diferentes puntos de la ciudad. Este suicida, Abdelfetah Raydi, era, según explicó el portavoz del Ejecutivo, Nabil Benabdelá, el cabecilla del grupo que quería reeditar los atentados terroristas de mayo de 2003, que causaron más de cuarenta muertos, entre ellos una docena de hombres bomba. La bananera Chiquita admite pagos a los paramilitares de Colombia Por su demostrada colaboración con una organización terrorista, la empresa estadounidense tendrá que pagar una multa de 25 millones de dólares sin descartarse procesamientos penales P. RODRÍGUEZ CORRESPONSAL WA S H I N G T O N C h i q u i t a Brands International, la gran empresa de la industria del banano, se ha visto obligada a admitir su colaboración con los paramilitares de Colombia al quedar demostrado que una decena de sus ejecutivos y empleados desembolsaron un monto total de 1,7 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Pagos realizados en metálico y cheques entre 1997 y 2004 para garantizar la seguridad de las actividades de la empresa en territorio colombiano. Por este grave delito de colaboración con una organización terrorista, divulgado por primera vez hace cuatro años, la compañía Chiquita ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia en virtud del cual tendrá que pagar durante los próximos cinco años una cuantiosa multa de 25 millones de dólares, más intereses. El gobierno de EE. UU. considera probada la responsabilidad de las Autodefensas Unidas de Colombia en matanzas de civiles colombianos sospechosos de colaborar con la guerrilla. En 2001, la Administración Bush designó a este grupo paramilitar como una organización terrorista, convirtiendo en un delito federal cualquier transacción económica por parte de ciudadanos o empresas estadounidenses. Este cambio de estatus no fue impedimento para que los responsables de Chiquita siguieran efectuando pagos para proteger sus intereses en Colombia. A pesar incluso de las advertencias emitidas por los abogados de la empresa. Para ocultar estas transacciones, el dinero fue desembolsado a través de Banadex, subsidiaria de Chiquita en Colombia, contabilizándose como partidas relacionadas con cuestiones de seguridad. Hace tres años, Banadex fue vendida a otro productor colombiano de banano. Cinturón explosivo En la chabola que habían alquilado tres de los terroristas en el barrio de Mulay Rachid los agentes encontraron, además de las sustancias necesarias para elaborar las bombas, un cinturón listo para ser empleado en un ataque suicida. Entre los 18 detenidos se encuentra el otro kamikaze que acompañaba a Raydi cuando saltó por los aires en el cibercafé. Permanece herido en un hospital y su testimonio es clave para investigar la trama. Otro testimonio considerado importante por las autoridades de Rabat es el de Saad Houssaini, cabecilla del Grupo Islamista Combatiente Marroquí (GICM) y que podría estar en contacto con Raydi y otros de los detenidos. Houssaini, capturado unos días antes del suceso del cibercafé, es, según las autoridades marroquíes, uno de los responsables de los ataques de mayo de 2003. El reino alauí llevaba tres semanas en estado de máxima alerta después de que el Gobierno anunciara que células afines a Al Qaida estaban preparando atentados. Desde entonces la vigilancia en lugares especialmente sensibles como puertos y aeropuertos se había elevado y se habían hecho públicos los nombres de varios terroristas para que los ciudadanos pudieran cooperar en su detención. El principal responsable de Chiquita justificó el pago para proteger las vidas de los empleados REUTERS Advertencias de los abogados Fernando Aguirre, el principal responsable ejecutivo de Chiquita, indicó que se vieron forzados a realizar pagos a grupos paramilitares de derecha e izquierda en Colombia para proteger las vidas de empleados En sus explicaciones por escrito, Aguirre reiteró que estos desembolsos fueron siempre motivados por nuestra preocupación de buena fe por la seguridad de los empleados Las autoridades de EE. UU. consideran que Chiquita, entre 1989 y 1997, también pagó a otros grupos terroristas colombianos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) Con todo, el acuerdo anunciado con el Departamento de Justicia no cierra la puerta a posibles procesamientos penales ante la Justicia estadounidense. Otras dos multinacionales señaladas por remunerar a los grupos de autodefensa ALEJANDRA DE VENGOECHEA CORRESPONSAL BOGOTÁ. Otro ventilador está a punto de encenderse en Colombia después de que la multinacional estadounidense comercializadora de banano Chiquita reconociera que para proteger a sus empleados, pagó 25 millones de dólares durante seis años a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como se hicieron llamar esos grupos de extrema derecha creados en la década de los años ochenta para combatir a las guerrillas de izquierda. Y aunque hace ya varios años que se sospechaba de esta financiación, la noticia llega en un momento en el que por primera vez en Colombia se está demostrando la alianza que existió entre varios poderosos y las AUC, hoy con 30.000 hombres desmovilizados. En menos de un mes, la Corte Suprema ha enviado a prisión a nueve congresistas, un jefe de inteligencia, dos gobernadores y siete alcaldes por sus vínculos con los paramilitares. Se prevén más capturas por los mismos motivos. Por eso en este país andino, sumido en un conflicto armado desde hace más de cuarenta años, está claro que si Chiquita aceptó haber pagado su protección a las AUC- -muchas empresas y personas procedieron igual para protegerse de las extorsiones de las guerrillas de izquierda- no será extraño que en otros dos casos pendientes ocurra lo mismo. El primero involucra a la multinacional estadounidense Drummond, acusada ante una juez de Alabama (EE. UU. por su supuesta responsabilidad en la muerte de tres sindicalistas, asesinados a manos de las AUC. El segundo tiene que ver con la embotelladora de Coca Cola en Colombia, señalada por amenazar- -a través de los paramilitares- -a un grupo de sindicalistas, uno de los cuales fue asesinado. Los desembolsos, realizados a través de una subsidiaria, fueron disimulados como gastos de seguridad