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10 ESPAÑA www. abc. es VIERNES 16- -3- -2007 ABC La muerte de Inmaculada Echevarría plantea serias dudas jurídicas y médicas La ley de Autonomía del Paciente podría colisionar con el artículo 143 del Código Penal, que define la inducción al suicidio JUAN FERNÁNDEZ- CUESTA MADRID. La muerte de Inmaculada Echevarría en la noche del miércoles, tras ser desconectada por voluntad propia del respirador que la mantenía con vida, ha situado de nuevo en primer plano las incertidumbres jurídicas y médicas de casos como este. O similares. Eutanasia, suicidio asistido u oposición a mantener un tratamiento médico. A las nueve de la noche se cerraba la vida de Echevarría y se abría un capítulo que llevaban tiempo esperando los partidarios de que España regule la eutanasia. Sin embargo, no es eutanasia ni suicidio asistido según fuentes jurídicas consultadas por este periódico. Otros sí optan por la definición de suicidio asistido y en todos los casos se remite a la ley 41 2002 Reguladora de la Autonomía del Paciente. La ley de la Autonomía del Paciente da un trato especial al derecho a la autonomía del paciente Trata de fortalecer el derecho a la protección de la salud que reconoce la Constitución Y tiene como objetivo aclarar la situación jurídica y los derechos y las obligaciones de los profesionales sanitarios, de los ciudadanos y de las instituciones sanitarias Ese objetivo parece que no se ha alcanzado en este caso, si tenemos en cuenta las distintas interpretaciones que merece la ley tras la muerte de Inmaculada Echevarría. Los artículos 2, 8 y 9 son imprescindibles para conocer el alcance de lo sucedido a primera hora de la noche del miércoles en el hospital San Juan de Dios, de Granada, adscrito al Servicio Andaluz de Salud. La paciente había accedido hace años a ser conectada a un respirador artificial, que la mantenía con vida. Ese consentimiento para recibir tal tratamiento existía, pues, pero mantenía su derecho a oponerse a tal tratamiento en cualquier momento como sostiene José Miguel Serrano, profesor de Filosofía del Derecho. Cuestión que trata el artículo 2 de la Ley de la Autonomía del Paciente, en sus puntos 3 y 4: El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles. Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados por la ley Y es cierto que Inmaculada Echevarría hizo constar por escrito su negativa a seguir recibiendo ese tratamiento que la mantenía con vida. Juan Cano Bueso, presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, que dio el visto bueno a la retirada del respirador, aseguró ayer que estamos ante un caso de ejercicio de derechos por parte del paciente, de renuncia al tratamiento terapéutico y de revocación del consentimiento que previamente había otorgado para este tratamiento. Por lo tanto, es el mismo supuesto que si una persona con un cáncer terminal renuncia a un tratamiento de bioquímica En la misma línea se pronuncia José Miguel Serrano, que considera correcta la decisión que tomó el Consejo Con- Inmaculada Echevarría, en octubre en el hospital de San Rafael sultivo de autorizar la desconexión del paciente de la máquina, y se pregunta: ¿Uno tiene la obligación de estar conectado a un respirador porque no puede respirar? Sin embargo, Serrano es consciente de que estamos en los límites aun cuando considera que este caso no es eutanasia, ni suicidio asistido Natalia López Moratalla, catedrática de Bioquímica, cierra a su vez la puerta que opta por considerar un encarnizamiento terapéutico mantener a la paciente unida a un respirador. Ese aparato no supone ensañarse y retirarlo es ayudarla a suicidarse La tercera opción es presentar el suceso como un caso de eutanasia, tal y como se obstina la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que quiere abrir el debate, la puerta a lo que considera otros casos Como denuncia el profesor Herranz, de la Universidad de Navarra: Instigan esas muertes y las instrumentalizan para hacer creer que, en comparación con la medicina paliativa, la eutanasia es liberadora Los facultativos podrán hacer intervenciones clínicas indispensables sin consentimiento del paciente Alfonso López de la Osa Profesor de Derecho Administrativo de la UCM. Especialista en Derecho Sanitario ACEPTARSE TODO NO PUEDE N os encontramos en Europa en pleno auge de la Doctrina de los derechos de los pacientes. Por ella, determinadas situaciones que antes estaban marcadas porel paternalismo médico, han ido perdiendo sentido. Tras su caída hoy prima la autonomía del paciente para decidir sobre su propio destino terapéutico. Este nuevo paradigma de cultura médica ha introducido en nuestro ordenamiento jurídico disposiciones como el art. 11 de la Ley 41 2002 de autonomía del paciente, referente a la creación de las instrucciones previas o voluntades anticipadas y su correspondiente registro, las cuales no obstante, no podrán infringir nunca el ordenamiento jurídico, ni la lex artis ad hoc o el estado actual y suficientemente contrastado de la ciencia. El conflicto que se ha puesto de relieve con Inmaculada Echevarría, radica en la ausencia de conceptos perfectamente claros de la eutanasia, el suicidio asistido, el rechazo de tratamiento o incluso la huelga de hambre. Estassituacionesdiferentes desde el punto conceptual tienen como denomina- dor común la autonomía de la voluntad de una persona- pacienteenfermo. Son decisiones que repercuten en las condiciones de muerte de una persona y en la duración exacta de su propia vida. Ciertas actuaciones médicas, por expreso deseo del paciente son legalmente aceptables, y en esa línea se desarrollan los derechos de los pacientes, pero otras no. Así, existen deseos que no es posiblegarantizarporsercontrarios a la Ley. En el caso de Inmaculada existen visos de eutanasia. Su estado era incurable, pero ¿era su muerte inevitable? Una situación en que la desconexión de una máquina acaba directamente con la vida de una persona, que ha sido sedada previamente no parapaliarel dolorquepadece, sino para evitar el sufrimiento que va a padecer al no poder respirar después, no se puede ubicar tan claramente en la figura legal de rechazo de tratamiento. Es una constatación que la ejecución del acto, la desconexión, es un acto directo que tiene como fin inmediato acabar con la vida de una persona consciente. Es diferente sin embargo que una persona decida no someterse a un determinado tratamiento tras conocer que padece una enfermedad terminal. Su decisión no es un acto que directamente acabe consuvida, sino que por su propia voluntad, de manera indirecta acortará las expectativas de ésta. Ante ello, las unidades de cuidados paliativos, tan necesarias en los hospitales, van a permitir a esta persona no solo luchar contra el dolor físico que le cause su enfermedad, sino también con el des- asosiego moral, psicológico, familiar o espiritual que padezca, ygarantizar así el máximo respeto de la dignidad humana. ¿O acaso esta última se identifica siempre con la presumible capacidad de autonomía del paciente para decidir sobre la interrupción de su vida? Ante una bioética laica, casos comoel de Inmaculadapueden aceptarse sin más, pero ante una bioética respetuosa de la vida a ultranza, que evita sin embargo el encarnizamiento terapéutico u obstinación irracional, deben existir garantías para una muerte realmente digna. Debemos evitar la dictadura de lo moralmente correcto, en la que se disocie en cuestiones transcendentales como ésta lo legal de lo moral. Todo no puede aceptarse y así debe quedar claramente establecido en la legislación.