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4 OPINIÓN VIERNES 16 s 3 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro CACEROLADAS CONTRA EL PP L pluralismo político es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, situado por la Constitución al mismo nivel que la libertad, la igualdad y la justicia. Desde el punto de vista democrático, resulta inadmisible una política deliberada de excluir a uno de los grandes partidos de ámbito nacional con la pretensión- -más o menos explícita- -de situarlo al margen del sistema. El PP sufre una campaña de acoso y derribo que produce cada día nuevos episodios inaceptables. Ahora se anuncian caceroladas ante sus sedes que pretenden conmemorar el cuarto aniversario de la participación de España en la guerra de Irak. En Cataluña, algunas convocatorias vía sms (mensajería telefónica) y correo electrónico proceden de organismos oficiales de la Generalitat, un hecho que debería desautorizar de inmediato José Montilla si es que se lo puede permitir ante sus socios radicales y ante los sectores de su propio partido dispuestos a todo con tal de recuperar la calle. El éxito de la manifestación del sábado en Colón y el ejemplar comportamiento cívico de los asistentes han hecho mella en las filas socialistas. En lugar de escuchar la voz de los ciudadanos, el Gobierno opta por una escalada verbal, en la que las acusaciones de montaje e indignidad se ven acompañadas por descalificaciones de todo tipo. Es el peor de los caminos, porque puede provocar una fractura política que no se corresponde en absoluto con la estabilidad socio- económica y la voluntad de la mayoría de los ciudadanos. Aunque este segundo tripartito está siendo más contenido en las formas que su antecesor, la sombra del pacto del Tinell sigue planeando sobre la política catalana. En rigor, el conjunto de la política española en esta legislatura está marcado por la idea de crear un cordón sanitario hacia el PP. Es inaceptable en una democracia madura el intento de aislar al principal partido de la oposición, y cuenta con el respaldo en las urnas de casi diez millones de votantes y con una envidiable capacidad de movilización ciudadana. Habrá que ver cuánta gente se siente atraída por esta insólita oposición retrospectiva desarrollada por el PSOE, que vuelve descaradamente la vista hacia la guerra de Irak y recuerda episodios lamentables ante las sedes del PP entre el 11 y el 14- M. Por muy escaso de argumentos que esté el Ejecutivo para justificar la decisión sobre De Juana Chaos, supone una grave irresponsabilidad movilizar a sectores radicales para recomponer el frente coyuntural que le otorgó el triunfo electoral en aquellas circunstancias dramáticas. En democracia, el respeto a la oposición es tan importante como la legitimidad del Gobierno de la mayoría. Si se salta esta barrera, el sistema pierde su equilibrio razonable y avanza en una dirección sin control. Pero es notorio que Zapatero tiende a lanzarse a este tipo de aventuras sin final conocido, lo mismo que ocurre con el modelo territorial o la negociación con ETA. Ahora se pretende negar a la oposición su derecho a disentir en contra de las reglas más elementales de una democracia pluralista. E UNA MUERTE QUE NO DEBIÓ PROVOCARSE A Junta andaluza puede invocar a su favor todos los dictámenes que crea oportuno en relación con la muerte de Inmaculada Echevarría, pero la única ley que contempla lo que se ha hecho con esta enferma es el Código Penal. Al retirarle el respirador artificial se ha provocadodirectamente su muerte y esto no es eutanasia pasiva ni ortotanasia. No había encarnizamiento terapéutico, ni estaba fatalmente resignadaa unamuerteinmediata. Escierto queInmaculada Echevarría quería morir, pero tal voluntad no debió ser atendida por los poderes públicos, porque estaban en juego valores trascendentes a toda la sociedad. La disposición sobre la propia vida es un acto moralmente rechazable- -a salvo las instrucciones de los testamentos vitales para evitar la prolongación artificial de una vida naturalmente acabada- -y la participación directa en la provocación de esa muerte, un delito perseguible de oficio. Entre el asesinato y el auxilio al suicidio hay una serie de delitos en los que se podría encajar este trágico desenlace en un hospital de Granada. El caso de Inmaculada Echevarría se ha presentado como un dilema entre una muerte digna y una vida insoportable. Quizá sea un recurso de propaganda para provocar un movimiento general de apoyo a la eutanasia. Pero lo seguro es que sehaconseguidorelanzar el equivocado mensajedequeladignidad de la vida humana depende directamente del estado de salud. Nosetrata, en absoluto, dejuzgarlaconcienciadeInmaculada Echevarría, sino de poner límites a la actuación de los poderes públicos en relación con la vida de los enfermos. El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, declaró ayer que la decisión de aceptar la petición de la paciente era conforme a la ley y a la ética ¿A qué ley y a qué ética se refería el presidente andaluz? Porque no hay ley que autorice a ningún equipo a interrumpir un tratamiento que garantizaba la continuidad de la vida de Inmaculada Echevarría, quien ayer aparecía retratada en la portada de este periódico mientras leía un libro. ¿Era esta una vida prescindible o carente de dig- L nidad? Y sobre todo, ¿quién ha decidido lo que era ético y legal en este caso? Ni el Consejo Consultivo de Andalucía, ni la Comisión Autonómica de Ética e Investigación Sanitaria son órganos competentes para eximir de responsabilidad penal a quienes han participado en la muerte de una persona. Además, es arriesgado que el Gobierno andaluz haya dado este paso sin control judicial alguno, que es ahora cuando deberá producirse para depurar las responsabilidades penales pertinentes. Habría que recordar que cuando Ramón Sampedro solicitó de los Tribunales autorización para ser auxiliado en su suicidio, tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial de La Coruña se la denegaron. Y, finalmente, su muerte fue investigada como un delito contra la vida de cuyas consecuencias se libró la presunta responsable gracias a la prescripción del crimen. Esinaceptableelcursoqueestátomandoen Españaeldebate sobre la eutanasia y, en general, sobre el respeto debido a la vida humana. La tesis de que el Estado debe ser neutral acaba convirtiendo a los poderes públicos en una fuente de franquicias para toda propuesta que, al amparo de la modernidad y del respeto a la libertad individual, acaba traduciéndose en una nueva forma de extinción de la vida. Y esto es así a pesar de que la experiencia demuestra no sólo los riesgos de emulación en pacientes que pueden sentirse sugestionados por la muerte de Inmaculada Echevarría o Ramón Sampedro, sino también enlaimposibilidaddeponerlímitesalabuso, comoestásucediendo con el abortoen España, convertidoen unapráctica libre que ha desbordado los ya de por sí amplios supuestos legales en los que está despenalizado. Es preocupante comprobar cómo el pensamiento políticamente correcto está despojando a la sociedad dereferencias morales imprescindibles para desenmascarar la raíz profundamente desviada de este relativismo sobre la vida humana. Y hoy son casos aislados, pero mañana pueden ser la norma que tase el valor de la vida humana en función de criterios ajenos a su dignidad intrínseca. LEY DE IGUALDAD E INTERVENCIONISMO L Congreso aprobó ayer la ley orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres- -más conocida como ley de Igualdad- una norma cuyo rimbombante nombre está más cargado de buenas intenciones que de acierto jurídico. En el terreno de los principios, resulta aceptable toda normativa tendente a fomentar medidas de igualdad entre sexos en cualquier sociedad avanzada. Pero en este caso, de nuevo el Gobierno peca de excesivo y sobreactúa al introducir en la ley un amplio e intervencionista catálogo de imposiciones que muy probablemente forzarán en el futuro interpretaciones que pondrán en duda su constitucionalidad. La ley ha contado en las Cortes con el respaldo de todos los partidos excepto el PP que se abstuvo por discrepar de as, pectos de la norma que no juzga razonables y que, en efecto, resultan muy discutibles. Es el caso de la imposición de la paridad de sexos en las listas electorales o en los consejos de administración de las empresas, ya que el obligado cumplimiento de esa condición puede llegar a vulnerar la libertad de los partidos o de las compañías en su toma de decisiones. Es cierto que la ley incorpora medidas acertadas como la progresiva prolongación de los permisos de paternidad; diversas bonificaciones a trabajadoras autónomas; la transposición de varias directivas europeas en materia de igualdad en el ámbito laboral y de lucha contra la discriminación y el acoso sexual, o la modificación de una veintena de normas relacionadas con el acceso al empleo público o las prestacio- E nes de la Seguridad Social. Sin embargo, imponer cuotas fijas en la dirección de las empresas, por muy loable que pueda considerarse el fin perseguido, o la propia paridad en las listas electorales- -medida que los partidos han de hacer efectiva para las elecciones locales de mayo- -son medidas que se presentan mucho más problemáticas por estar basadas en una errónea, ingenua y hasta injusta concepción jurídica y social de la discriminación positiva de la mujer. Para empezar, la nueva ley conlleva una reforma de la ley electoral que por primera vez promueve uno de los dos partidos mayoritarios, el PSOE, marginando al otro, el PP lo cual supone la rup, tura unilateral de un acuerdo no escrito según el cual las reformas en materia electoral deben estar avaladas por las dos únicas formaciones con capacidad cierta de gobernar. Y, en segundo lugar, no conviene olvidar el principio de que hecha la ley, hecha la trampa que ya ha aplicado el PSOE- -incluso antes de la entrada en vigor de la ley- -al haber decidido que tres de cada cuatro candidatos a las principales alcaldías sean hombres. Es una de las diferencias entre la igualdad real y la numérica. El intervencionismo, la imposición de cuotas en definitiva, no es el mejor camino para promover una política real de igualdad de oportunidades. Es más: el intervencionismo resulta contraproducente para el normal desenvolvimiento de las sociedades, cuyos usos y costumbres siempre van un paso por delante de los gobernantes, aunque éstos se empecinen en creer lo contrario.