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4 OPINIÓN JUEVES 15 s 3 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro DIPLOMACIA REAL EN ARGELIA trancas y barrancas, el Gobierno intenta salir del lío en el que se metió con su temeraria política en el Magreb, con la intervención inmejorable de Su Majestad el Rey en Argel. La presencia del Monarca ha sido, en efecto, el principal factor positivo en las relaciones hispano- argelinas, lo que ha vuelto a demostrar que su prestigio y experiencia internacionales son siempre el mejor apoyo para la diplomacia española. El presiente argelino, Abdelaziz Buteflika, que ante Rodríguez Zapatero no dudó en señalar en público sus discrepancias con la posición española sobre el Sahara, se ha inclinado esta vez por ignorar el tema ante Don Juan Carlos, a pesar de que el Rey hizo una mención en su discurso, en la que reconocía el derecho a la autodeterminación de los saharauis. Y sin embargo, no es fácil dar por hecho que las relaciones van a recomponerse automáticamente. Como decía ayer mismo en su portada el diario argelino El Watan después de las gestiones abiertamente promarroquíes del actual Gobierno, entre España y Argelia se ha instalado la desconfianza y mensajes como el de la subida del precio del gas son claras indicaciones de que Argelia reajusta sus posiciones con sus amigos Los platos rotos se pueden intentar recomponer poco a poco, pero sin ignorar que, a su vez, los gestos que se hagan ahora hacia Argelia serán analizados con lupa por Marruecos, y viceversa. Los equilibrios que ha tenido que hacer el PSOE en el Congreso para aprobar una simple resolución sobre el Sahara son el mejor reflejo de las contradiciones en las que el Gobierno de Rodríguez Zapatero se encuentra enredado. Es un hecho que la rivalidad entre los dos principales países de la región es la peor rémora para su desarrollo, y ésa es una circunstancia que España debería contribuir a apaciguar y no, como ha sido en este caso, a exacerbar. Tal vez habría sido mejor haber promovido primero la cooperación argelino- marroquí en los aspectos que no tienen que ver con el problema del Sahara en lugar de meterse, de hoz y coz, en un conflicto que toda la perseverancia diplomática de las Naciones Unidas no ha logrado desenclavar hasta ahora. Pero, como le ha ocurrido en muchas de sus iniciativas políticas, el presidente Rodríguez Zapatero y su ministro de Exteriores han visto el caso del Sahara Occidental como si el problema hubiera estado esperando su salvífica intervención personal, al margen de cualquier gestión anterior. No es posible creer que no haya en el Ministerio de Asuntos Exteriores especialistas que hubiesen advertido sobre los efectos catastróficos de los gestos que el Gobierno realizaba en el conflicto del Sahara y que, por añadidura, hasta ahora han sido completamente estériles a la hora de desbloquearlo. Es más, su contribución real a la solución del problema saharaui ha sido comparable a la que tuvo la retirada de las tropas de Irak en la pacificación de aquel país. A ACOSO A LA FE CATÓLICA A innegable gravedad de la polémica provocada por el catálogo de fotos pornográficas con modelos que representan a Jesucristo y la Virgen María ha llevado, finalmente, al presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a pedir perdón a todo aquel que haya podido sentirse dolido Su Gobierno subvencionó el citado catálogo, que, además, y para mayor responsabilidad política del Ejecutivo autonómico, fue prologado por el consejero de Cultura y candidato a la alcaldía de Badajoz, Francisco Muñoz. Mejor habría sido empezar por las disculpas que ayer ofreció Rodríguez Ibarra y no por el comunicado de su sucesor en la candidatura socialista a la presidencia autonómica, Guillermo Fernández Vara, quien se metió en un confuso laberinto de reproches al Partido Popular y de discursos sobre los fondos públicos, la libertad de creación y el mantenimiento de los edificios religiosos. Aunque la petición de perdón realizada por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, muy cerca de su retirada de la política activa, templa la polémica- -no la necesidad de depurar responsabilidades- -es preciso tomar nota del curso que están tomando los acontecimientos en torno al laicismo del Gobierno y el trato que éste dispensa a la Iglesia. Evidentemente, incluso un mal fotógrafo puede creerse que hace arte con representaciones zafias y procaces, y hasta pudiera llegar a estar amparado por la magnanimidad del sistema de libertades previsto por la Constitución. Pero el problema no está en el juicio legal que merezcan comportamientos como el de este caso, sino en la actitud de los poderes públicos. Por eso, es muy grave que un consejero autonómico no se sienta llamado, por elementales criterios de prudencia y respeto- -y de probidad en la gestión de fondos públicos- a no contribuir al escarnio de la creencia religiosa mayoritaria en España. Algo se ha deteriorado en la escala de valores de la clase política dirigente L cuando suceden este tipo de cosas. La explicación, en la interpretación más benévola, podría consistir en que todo se ha debido a un error personal. Pero no hay razón para conceder tanta benevolencia, porque más parece esta ofensa a la fe católica otro síntoma de la política de exclusión de la Iglesia en la vida social, puesta en práctica por el Gobierno socialista. Recordemos que se ha hecho causa de discordia con la enseñanza de la asignatura de Religión, se ha amenazado con revisar la financiación pública de la Iglesia y se ha puesto sobre la mesa- -cada vez que convenía acallar las críticas de la jerarquía católica- -la derogación de los acuerdos con la Santa Sede. Igualmente, algunas reformas sociales se han hecho pensando más en su capacidad de menoscabo de los valores cristianos de la sociedad que en su verdadera necesidad u oportunidad. En esta dinámica de quiebra social, el arrinconamiento de la Iglesia es un capítulo más, impregnado de cinismo por quienes, al mismo tiempo que se afanan en eliminar cualquier símbolo cristiano de la vida pública española, no dudan en erigir la cordialidad con el islam- -y no tanto con los países musulmanes- -como piedra angular de la alianza de civilizaciones Nadie puede albergar la duda de que nunca la Junta de Extremadura habría hecho algo semejante con otras creencias, pues está visto que la sensibilidad de la Administración socialista se reparte entre religiones de manera desigual. El perdón que pide Juan Carlos Rodríguez Ibarra era necesario, pero subsiste el escenario general en el que este episodio lamentable se ha producido, acomodado en un discurso político que sitúa la aconfesionalidad del Estado en una agresiva carrera laicista contra la Iglesia, acreedora de un respeto que trasciende de la comunión con la fe católica y que- -como simple recordatorio para la izquierda y el progresismo- -encuentra su mejor razón de ser en los ingentes servicios que prestan sus instituciones a los más necesitados. DE IRAK A AFGANISTÁN UNQUE al presidente Zapatero no le guste hablar de ello e, incluso, se niegue a reconocerlo, España está en guerra en Afganistán. La noticia no es nueva. Se sabía y se habló de ello cuando se debatió en las Cortes la autorización de enviar nuevos efectivos a ese país en 2004. Muchas cosas se han dicho desde entonces, pero la más significativa es la insistencia del Gobierno en negar la evidencia: ayer mismo, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Diego López Garrido, seguía en sus trece al afirmar que la misión española no es de guerra sino de paz aunque, eso sí, advirtió también- -por si acaso- -que entrañaba algunos riesgos. Resulta lamentable esta actitud en el partido del Gobierno y en el presidente Rodríguez Zapatero, sobre todo cuando hace poco la sociedad española tuvo que lamentar la muerte en combate de la soldado Idoia Rodríguez Buján, siendo ya diecisiete las bajas españolas en Afganistán. La Operación Aquiles que desarrolla la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) desde el pasado 5 marzo y las amenazas proferidas por Al Qaida contra España por su presencia en Afganistán han puesto en evidencia al Gobierno. Nuestro país contribuye al operativo militar que la ISAF desarrolla en la zona norte de la provincia de Helmand contra los talibanes, acción con la que España continúa haciendo lo mismo que ha hecho desde que en A 2002 fue desplegado nuestro primer operativo militar: colaborar decididamente a que el terrorismo de Al Qaida sea derrotado en uno de los enclaves en los que está más arraigado, es más fuerte y más peligroso. De ahí que no se entienda en términos de responsabilidad política la decisión del presidente Zapatero de negarse a aumentar los efectivos españoles en Afganistán, máxime si nuestros propios aliados lo están haciendo; si los llamamientos de la comunidad internacional van por esa línea; si el ministro de Defensa y altos mandos del Ejército español lo insinúan, y, sobre todo, si la propia seguridad de nuestras tropas lo exige a la vista del recrudecimiento de la actividad terrorista que se vive en la zona desde hace semanas. En este asunto, como en tantos otros, el Gobierno es víctima de sus propias decisiones y declaraciones públicas. Incapaz de rectificar y de reconocer sus errores, se encuentra atrapado por su propia historia. Lo demuestra el hecho de que siga sacando a relucir el asunto de Irak y, sin embargo, se enroque en negar que España hace la guerra en Afganistán contra los talibanes. Con todo, lo más lamentable del caso es que Rodríguez Zapatero no quiera enviar nuevos efectivos a ese país, lo que supondría dar explicaciones y afrontar el debate social y parlamentario de una decisión necesaria para garantizar la seguridad de los 690 soldados españoles desplegados en Afganistán.