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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 14 s 3 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro OFENDER CON FONDOS PÚBLICOS RUBALCABA INSISTE, PERO NO CONVENCE A comparecencia del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ante la Comisión de Justicia e Interior no estuvo ayer a la altura de las expectativas que anunció el secretario de Organización del PSOE, José Blanco. Si lo que el Gobierno y el PSOE pretendían era montar un auto de fe contra la política penitenciaria del PP para descalificar las críticas de los populares a la excarcelación del etarra De Juana Chaos, uno y otro han fallado. Es cierto que Rubalcaba se detuvo ampliamente en repasar la política penitenciaria del Gobierno del PP pero lo hizo con una utilización selectiva, sesgada y arbitraria de los datos. Su intervención fue genérica en las acusaciones, insuficiente en los ejemplos y contradictoria en la defensa del actual Gobierno. Después de oír a Rubalcaba no se sabe bien si el PSOE sigue apoyando la política penitenciaria del PP porque era legal, como dijo el ex ministro de Justicia, López Aguilar, o la repudia porque se basó en redenciones extraordinarias ilegales como sentenció el ministro del Interior. L ubalcaba situó la línea de corte de su aventura retrospectiva en 1996, para, a continuación, calificar la política penin cuanto al caos consentido de la política penitenciaria tenciaria desarrollada desde entonces por el PP como un caos del PP Rubalcaba recordó que el Gobierno de Rodríguez consentido Lo que no explicó Rubalcaba fue la razón por la Zapatero había puesto orden con una instrucción de 2004 de que los socialistas apoyaron entonces esta política, tan poco Instituciones Penitenciarias, en la que se defendible y contraria a Derecho. En este fijaban criterios de valoración de las actirecorrido por los mandatos del PP Rubal, vidades de los presos para obtener la recaba obvió cualquier referencia a la nordención de penas por el trabajo. Lo que no mativa heredada de los gobiernos socialis- Rubalcaba arriesgó mucho y dijo el ministro es que ese mismo docutas, que es un dato relevante para entender apenas obtuvo beneficio mento reconoce que las indicaciones solo que pasó. Por ejemplo, el PSOE no sólo raalguno. Realmente, la escasez bre beneficios penitenciarios afectaban tificó el sistema de beneficios penitenciarios en la reforma penal de 1983, sino que lo de argumentos contra la política al minoritario grupo de internos que aún cumplen condena conforme al C. P de amplió. Después, el Gobierno socialista se penitenciaria del PP reveló 1973 Es decir, que esta instrucción de opuso sistemáticamente a toda reforma de nuevamente el estado de 2004 no iba a tener relevancia en la modifieste sistema de beneficios penitenciarios cación del régimen de redención de penas para excluir de su concesión a los terroris- impotencia del PSOE por tas y asegurar el cumplimiento íntegro de quitarse de encima la carga de la por el trabajo, porque apenas quedaban reclusos a los que pudieran aplicarse. Insus condenas. Se opuso en 1986, afirmanexcarcelación de Juan Ignacio cluso cuando la Audiencia Nacional predo en el Congreso de los Diputados que setendió en enero de 2005 revisar los benefiría inconstitucional privar de la reden- de Juana Chaos cios concedidos a dos etarras- -Eduardo ción de penas por el trabajo a quienes haSainz Lobato y Pedro María Aira- -no puyan cometido acciones terroristas En dido evitar su excarcelación, porque la redención de sus penas ciembre de 1990, el Gobierno socialista se comprometió a reforse había realizado legalmente. A pesar de los reproches de pasimar la legislación penal para introducir el cumplimiento íntevidad que Rubalcaba lanzó contra el PP habría que recordar la gro de condenas, razón por la que el PP retiró una proposición disputa legal que mantuvo la Fiscalía, bajo la jefatura de Jesús de reforma en este sentido. Sin embargo, el PSOE no cumplió Cardenal, con la juez de vigilancia penitenciaria, Ruth Alonsu compromiso y el PP volvió a presentar su reforma en 1991. so, quien concedió polémicos terceros grados y libertades conLos socialistas, por boca del diputado Rodríguez Zapatero, se dicionales a presos etarras, decisiones que luego fueron revoopusieron también con la descalificación de que era una propocadas en su mayoría. La fiscal encargada de recurrir estas exsición reaccionaria Incluso en la tramitación parlamentacarcelaciones tuvo que abandonar el País Vasco por las amenaria del Código Penal de 1995, que sí suprimió la redención de pezas que recibió. nas por el trabajo, el PSOE se opuso al cumplimiento íntegro de las condenas a terroristas, tal y como solicitaba el PP Hubo ubalcaba arriesgó mucho y apenas obtuvo beneficio alguque esperar a 2003, en el segundo mandato de Aznar, para introno. Realmente, la escasez de argumentos contra la política ducir el cumplimiento íntegro en el Código Penal. penitenciaria del PP reveló nuevamente el estado de impotencia del PSOE por quitarse de encima la carga de la excarcelal ministro también alteró la realidad histórica de los beneción de Juan Ignacio de Juana Chaos. Menos convincente fue ficios penitenciarios cuando afirmó que su concesión era el ministro de Interior al intentar explicar la decisión excepdiscrecional por las autoridades penitenciarias. No era esto lo cional de enviar a este etarra a San Sebastián. Ni muerto, ni lique decía el Gobierno socialista en la exposición de motivos bre Lo primero es cierto, pero en el Hospital Doce de Octubre del proyecto de Código Penal de 1992, que no se aprobó por la dide Madrid tampoco se habría muerto, salvo que se hubiera suisolución anticipada del Parlamento en 1993. En concreto, dicha cidado. Lo segundo no es cierto, porque la orden de Institucioexposición decía que el Código decide acabar con la llamada nes Penitenciarias es que De Juana se vaya a su casa en cuanto redención de penas por el trabajo, sistema que con independentenga el alta médica. Si esto era todo lo que el PSOE tenía concia de su oscuro origen político, se ha transformado en un metra el PP mejor habría hecho en esperar a otra ocasión y en no canismo automático de reducción de la duración de las penas, dar pie a que le recordaran aquel estigma del Estado de Dereindependiente de la conducta del interno Es decir, no sólo cho que fue el GAL. los beneficios penitenciarios acortaban la pena automática- R mente, sino que producían este efecto sin consideración por el comportamiento del recluso, a quien le bastaba realizar actividades laborales para lograr la concesión de tales beneficios. Tampoco se ajustó a la verdad de los hechos la afirmación de Rubalcaba de que los etarras comenzaron a solicitar medidas de reinserción a partir de 1996. Ya en 1992, la dirección de ETA ordenó a sus presos que iniciaran una huelga de hambre contra los reclusos que habían decidido reinsertarse. En 1993, el Gobierno socialista indultó a siete etarras, alguno de ellos con delitos de sangre. Al inicio de la tregua de 1998, fue el socialista Joaquín Almunia quien volvió a plantear a Aznar la necesidad de conceder medidas de gracia a los etarras. Durante 1994, el ministro Juan Alberto Belloch promovió una política muy generosa de concesión de terceros grados que implicó la puesta en semilibertad de terroristas con altas condenas, como fue el caso de Ignacio Apiláñez Olalde, condenado a 215 años de prisión. Muchos presos etarras comenzaron desde entonces, antes de 1996, a acogerse a los beneficios penitenciarios y a las progresiones de grado. E R E A Editora Regional de Extremadura, dependiente de la Consejería de Cultura, ha publicado una obra con imágenes de pornografía católica que ofenden a una gran mayoría de los ciudadanos. Se trata de una decisión injustificable que desmerece de una línea editorial que incluye con frecuencia publicaciones de interés cultural. A mayor abundamiento, el libro ha sido prologado por el consejero Francisco Muñoz, que deberá dar explicaciones ante la Asamblea regional a petición del PP La promoción de la cultura a través de fondos públicos exige un especial cuidado para vigilar la calidad de los productos subvencionados y garantizar que el dinero de todos no se utilice al servicio de posiciones dogmáticas o sectarias. Sin embargo, la visión laicista que proclama un sector del PSOE pretende hacer tabla rasa del arraigo histórico y sociológico del catolicismo en la sociedad española. La Constitución no ofrece base alguna para esta interpretación extremista, sino todo lo contrario, puesto que el artículo 16 impone de forma expresa a los poderes públicos el deber de mantener una cooperación positiva con las diversas confesiones y, de forma específica, con la Iglesia católica. Desde este punto de vista, la Junta de Extremadura ha incumplido de manera flagrante el mandato constitucional. La publicación es también indefendible desde una perspectiva educativa, ya que el artículo 27 de la Constitución dispone que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana Es notorio que, por mucho que se retuerzan los argumentos, nadie podrá justificar que la pornografía contribuya a esa plenitud moral y cívica. Tampoco sirve buscar amparo en la libertad de expresión para justificar esta ofensa financiada con fondos públicos. Nada impide que una empresa privada se juegue su dinero en la promoción de obras que, con frecuencia, ocultan el escaso talento de su autor bajo el disfraz de la provocación. Sin embargo, el dinero de todos no puede ponerse al servicio de una causa que hiere la sensibilidad mayoritaria. Ciertos sectores que se dicen progresistas tratan de presentar la falsa imagen de una Iglesia incapaz de soportar la crítica. Es muy llamativo que utilicen siempre una doble vara de medir, como se demostró con la crisis de las caricaturas de Mahoma publicadas en una periódico danés. A la vez que reclaman un respeto absoluto para el islam, incluso en su versión más intransigente, estos sectores exigen que los católicos aguanten en silencio cualquier tipo de exceso bajo la amenaza de ser calificados de reaccionarios Así, lo que sirve para los musulmanes no parece aplicable a los cristianos. Lo cierto es que los símbolos religiosos son una expresión espiritual que no puede ser tomada a la ligera, y su mezcla con escenas pornográficas produce un profundo rechazo en cualquier persona con una mínima sensibilidad cultural. La Junta de Extremadura está en la obligación de asumir responsabilidades políticas y rectificar cuanto antes, sin empecinarse en mantener una decisión tan desafortunada. L