Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 OPINIÓN JUEVES 8 s 3 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro DISPARATE DE LA FISCALÍA L fiscal del caso Nanysex ha solicitado una pena de 36 años de cárcel para un hombre que, haciéndose pasar por canguro, sodomizó a niños de entre dos y seis años y después colgó las imágenes en internet. Esta petición del fiscal ha suscitado una justificada reacción social porque sustenta su acusación en delitos de abusos sexuales- -y no de agresión sexual o violación- por lo que el acusado, si llega a ser condenado, puede librarse de otros 30 años de cárcel. En este caso, el fiscal incurre en tal exceso de rigorismo legalista que su conclusión resulta grotesca e incomprensible para una inmensa mayoría de la sociedad, por lo que conlleva de desprotección a las víctimas más indefensas. El Código Penal vigente exige que para castigar una acción como violación debe demostrarselaexistencia no sólodeacceso carnal por diversas vías- -algo que en este caso parece acreditado- sino que también se produzca con violencia o intimidación Los abusos sexuales, por su parte, no precisan de violencia o intimidación, y se da por hecho que en menores de 13 años nunca hay consentimiento. Confluyen dos errores de calado: primero, del legislador, ya que resulta ridículo medir el grado de resistencia que puedeofrecer un bebéa la violencia ola intimidación -sólo puede ser nulo- -y debería regularse como violación en cualquier supuesto; y segundo, del propio fiscal, que ha limitado su escrito a un solo tipo delictivo y no plantea a los jueces una acusación eventual que les permita abrir el abanico y manejar penas alternativas más severas para castigar uno de los delitos más repugnantes. E UN GOBIERNO DESCOMPUESTO L presidente del Gobierno confirmó ayer, en la sesión de control en el Senado, que la respuesta a la indignación popular por la excarcelación del etarra De Juana Chaos va a ser una revisión manipuladora del pasado para intentar demostrar ahora que José María Aznar también cedió ante ETA. José Luis Rodríguez Zapatero no podía haber hecho peor apuesta, pero quizá la elección de esta táctica, políticamente suicida, se explique por el grado de nerviosismo y desconcierto que atenazan al PSOE y a su Gobierno ante las dimensiones del error cometido con De Juana. Lo peor es que esto no ha hecho más que empezar, a la vista de que el propio jefe del Ejecutivo dejó en el aire la gravísima insinuación de que el sanguinario Iñaki Bilbao pudo asesinar a un concejal socialista en 2003 gracias a que, estando el PP en el gobierno, ese etarra fue excarcelado en 2000 después de pasar diecisiete años en prisión sobre una condena total de 52. Si Rodríguez Zapatero o cualquier miembro de su Gobierno persevera en esta forma de responder a la ofensiva política de la oposición, el resultado va a ser una escalada verbal de consecuencias imprevisibles. Por lo pronto, el PSOE ya se está arriesgando a enfrentarse con su propio pasado, del que también forman parte los trece años ininterrumpidos de gobierno en los que no modificó el sistema de beneficios penitenciarios- -es más, lo confirmó en la reforma penal de 1983 y lo suprimió en 1995- ni reformó los criterios de aplicación de la libertad condicional, ni de ejecución de las condenas para garantizar su cumplimiento íntegro. En todo caso, el Gobierno parte de un error de percepción que va a condenar al fracaso su estrategia de crispación. La sociedad española tiene interiorizada la certeza de que la política antiterrorista del PP fue la más eficaz de toda la democracia, que se ejecutó siempre con escrupuloso respeto al Estado de Derecho y, sobre todo, que se basó en la firme decisión de no ceder al chantaje terroris- E ta. Intentar convencer a la opinión pública de lo contrario, es decir, de que Aznar se plegó a ETA y benefició arbitrariamente a etarras como Iñaki Bilbao o De Juana Chaos, es el síntoma más evidente de la incipiente desesperación del Gobierno y del Partido Socialista ante una reacción cívica que los desborda y deja sin argumentos políticos. Las decisiones sobre beneficios penitenciarios venían obligadas por la legislación aplicable a los casos de esos etarras y eran intervenidas directamente por los juzgados de Vigilancia Penitenciaria. En cambio, la excarcelación de De Juana Chaos ha sido una decisión discrecional del Gobierno, basada en un simple cálculo de las necesidades del proceso de diálogo con ETA, y sólo es imputable a la voluntad personal de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero no es este debate sobre la legalidad de las decisiones lo que ahora importa a Rodríguez Zapatero. Tampoco es, desde el punto de vista del PP, lo más importante para liderar la movilización social que tomará cuerpo el próximo sábado en Madrid. La finalidad inmediata de esta estrategia de discordia cívica promovida por el Gobierno es provocar reacciones descontroladas en la sociedad, imputarlas a la extrema derecha y así señalar al PP como un partido extremista para evitar que recabe el apoyo de los votantes moderados del PSOE. Por eso, este es el momento en que la derecha española debe evitar caer en las provocaciones de la izquierda, porque es exactamente lo que buscan estas acusaciones retrospectivas que ahora practica el PSOE. La sociedad española- -no sólo la derecha democrática- -se enfrenta a una situación política muy delicada. La polarización que está azuzando el Gobierno para mantener cohesionados a los segmentos más extremistas de la izquierda no debe encontrar reflejo en los sectores de la sociedad que aspiran a una nueva forma de gobernar España, con acuerdos de Estado, con políticas de consenso y con objetivos comunes para la nación. EL JUICIO A LA GUERRA DE IRAK L veredicto de culpabilidad contra Lewis Libby, antiguo jefe del gabinete del vicepresidente norteamericano, Dick Cheney, es la primera decisión judicial que se produce en Estados Unidos sobre la confusa política con la que se justificó la invasión de Irak desde la Administración Bush hace un lustro. No se ha tratado de juzgar expresamente la base argumental de aquella decisión, algo de lo que ya se han encargado el tiempo y los hechos, sino el comportamiento de un responsable que tuvo entre sus funciones construir el respaldo político para lanzar la guerra contra Sadam Husein. Resultaría muy fácil considerar ahora a Libby como la cabeza de turco que va a pagar el precio de aquellos errores para así salvar a la Casa Blanca, pero en Estados Unidos, antes que el jurado, han hablado ya los ciudadanos, y no es casualidad que el presidente Bush se enfrente ahora a un legislativo hostil y una opinión pública reticente. Como debe suceder en los países libres, los tribunales han funcionado a su ritmo, pero con la fuerza implacable de las leyes, y, por su parte, los ciudadanos han señalado con su voto en las urnas a quien consideran cabeza de turco y responsable de lo sucedido en la crisis de Irak. La historia seguramente pasará por alto este episodio rocambolesco, en el que, sin embargo, cabe hacer una reflexión que lleve a reforzar la protección de las sanas relaciones entre los periodistas y sus informantes. E NUEVO CAPÍTULO PARA EL FUTURO DE ENDESA A opa sobre Endesa sigue aproximándose al nivel que ocupa la de RJR Nabisco, que en 1989 movilizó más de 25.000 millones de dólares de la época en una de las operaciones financieras más tempestuosas y complejas de la historia financiera. Lo que puede considerarse a estas alturas como caso Endesa abre ahora un nuevo capítulo con la retirada de la condición que impuso el opante E. ON de suprimir la limitación al 10 por ciento de los derechos de voto de cualquier accionista, una decisión que conduce al Consejo de Endesa a suspender la junta de accionistas convocada al efecto. E. ON, que mantiene su oferta de adquisición de acciones al precio de 38,75 euros, definirá su estrategia una vez que sepa el número de acciones que aceptan su oferta, que fijarán el tamaño de su posición accionarial en la eléctrica española. A partir de ese dato se abrirá un nuevo episodio para definir la influencia de los grandes accionistas en Endesa: de Acciona, que tiene consolidado un 22 por ciento; de la compañía pública italiana Enel, que cuenta hoy con casi un 10 por ciento efectivo y otro tanto en opciones que requieren autorización del regulador; de Caja Madrid, con un 10 por ciento y presencia en el Consejo; de varios accionistas institucionales y bancos de negocios, con posiciones especulativas entre el 1 y el 5 por ciento, y de la estatal Sepi, con casi el 3 por ciento. Al margen de estos in- L versores, queda otro 25 por ciento del capital de la compañía en manos de accionistas muy diversificados, algunos de los cuales acudirán a la opa de E. ON, mientras que otros optarán por esperar y mantener sus títulos. Por el momento, y a la vista de cómo se desarrollan los acontecimientos, al Gobierno español, directa o indirectamente, le toca de nuevo resolver la maraña de informes preceptivos y autorizaciones establecidas en un sector tan regulado e intervenido como el eléctrico. Hasta ahora, el Gobierno se ha movido en este caso de forma patosa y con parcialidad manifiesta, fruto de su inexperiencia y de un afán intervencionista desmedido. El Ejecutivo apoyó una opa inicial mal planteada por Gas Natural para luego legislar abusivamente contra la alemana E. ON- -por lo cual ha sufrido sonoros fracasos en Bruselas y en los tribunales españoles- -y, finalmente, entregarse a una empresa pública italiana como Enel para cerrar el paso a E. ON con una rabieta infantil. El papel de los gobiernos en este tipo de casos es de neutralidad y de garantía de la competencia y la eficacia en el sector, sin partidismo y sin meterse donde no le corresponde. Hacer lo contrario es un error, como revela la presencia en Endesa de una empresa pública como la italiana Enel, resultado provisional de la acción política del Gobierno en una operación de intereses cruzados.