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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 7 s 3 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro UN GOBIERNO PERDIDO EN EL SAHARA MANIOBRA SOCIALISTA EN EL TC LACO favor han hecho el PSOE y sus aliados a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. A través de una enmienda- -introducida a última hora por Izquierda Unida y que contó con el apoyo de los socialistas- -Casas seguirá siendo presidenta del TC hasta que cese su mandato como magistrada en diciembre próximo, a pesar de que el periodo de presidencia finaliza en junio. Hasta ahora, estedesfaseentreelcese como presidentey elcesecomo magistrado se resolvía con una costumbre interna del TC que permitía a quien ostentaba la presidencia seguir en ella hasta la renovación de su plaza con un nuevo magistrado. Así ha venido funcionando el TC desde su constitución. Pero a los socialistas y sus aliados más extremistas les ha entrado miedo de que María Emilia Casas, propuesta por el PSOE, tuviera que abandonar la presidencia en junio, a favor del vicepresidente, Guillermo Jiménez, propuesto por el PP El significado político de la enmienda apoyada por el PSOE es muy claro: tiene como finalidad asegurarse el voto de calidad de la presidenta del TC en la resolución de los recursos de inconstitucionalidad contra el estatuto catalán y en otros casos en los que el Gobierno socialista tiene comprometidos sus proyectos principales de la legislatura, como la ley integral contra la violencia sobre la mujer o la de extensión del matrimonio a las parejas homosexuales. La reforma es, en sí misma, todo un juicio de intenciones partidista, tanto porque encierra la presunción de que María Emilia Casas- -a la que afectará la reforma sólo si se aprueba antes de que finalice su presidencia- -es un voto asegurado a favor de todas sus pretensiones, como por la convicción de que ninguno de estos recursos se va a resolver por mayoría. Así planteada, la enmienda que ha aceptado el PSOE es una forma gratuita e irresponsable de marcar ideológicamente a la presidenta del TC y de tratarla como un mero cargo de confianza. María Emilia Casas es una jurista de prestigio y una docente reconocida unánimemente por la comunidad universitaria. A quienes compromete esta iniciativa es a los que la han apoyado, que nuevamente delatan su falta de respeto a los poderes del Estado. El PSOE ya dio F un golpe de mano similar en el Consejo General del Poder Judicial, aumentando la mayoría necesaria para nombrar magistrados en el Supremo, única manera de contrarrestar la mayoría conservadora formada democráticamente tanto en las elecciones entre jueces como, posteriormente, por la designación del Congreso y el Senado. La pinza de la izquierda y el nacionalismo sobre el TC asfixia un poco más la independencia de este órgano fundamental del Estado. Tres días después de que la Generalitat presentara la recusación- -infundada y extemporánea- -contra el magistrado Rodríguez Zapata, el PSOE desprecia ahora el prestigio personal de la presidenta del TC con un blindaje de su voto de calidad y traslada su estado de nervios a este órgano. Pocas veces se ha visto un ejercicio tan descarado de manipulación política de las instituciones. Las primeras consecuencias negativas ya se han producido. El PP con toda razón, ha descartado llegar a un acuerdo con el PSOE sobre las reformas del TC y del Poder Judicial. El consenso estaba cerca y habría sido un contrapunto a tanta crispación, pero los socialistas han decidido no estar concernidos por el más elemental sentido de la lealtad constitucional y del respeto a las reglas. Juega a dos bandas y siempre acaba optando por pactar con las minorías los asuntos de Estado. Los socialistas están utilizando el Boletín Oficial y sus alianzas parlamentarias como una palanca para remover cualquier obstáculo que se interponga en su camino, con indiferencia hacia absoluta por el perjuicio a las instituciones y a las personas que las integran. El precio también está claro: el TC se abrirá a las comunidades para que éstas propongan cuatro candidatos. Será un nuevo frente de discriminación y agravio, porque, como denunciaba Ignacio Astarloa, no se fijan los criterios necesarios para reducir diecisiete propuestas a cuatro. Estas no eran las reformas que precisaba el TC, asfixiado por recursos de amparo que lo convierten en un tribunal ordinario y cada año más impedido para ejercer sin dilación sus funciones. Una vez más, el Gobierno no resuelve los problemas, sino que agrava los que ya hay y crea otros nuevos. LOS RIESGOS DE REMOVER EL PASADO NCAPAZ de encontrar argumentos convincentes para justificar los beneficios penitenciarios a De Juana Chaos, el PSOE sigue empeñado en practicar la oposición retrospectiva. Se trata de una actitud insólita en una democracia madura. Rodríguez Zapatero y los suyos temen sin duda la reacción de una opinión pública indignada, pero la estrategia de mirar hacia el pasado es fiel reflejo de su desconcierto. Ahora anuncian un documento que realiza una lectura sesgada de la política penitenciaria en la etapa de Aznar y buscan implicar a los ministros de Interior del PP (incluido el propio Mariano Rajoy) en precedentes imaginarios para justificar lo injustificable. Por muchas argucias que emplee José Blanco y por muchos datos que intente utilizar Pérez Rubalcaba ante la comisión correspondiente del Congreso, lo único cierto en términos objetivos es que no hay ni un solo precedente de cesión del Estado ante el chantaje de ETA. En rigor, el único caso comparable en sus propios términos con la situación actual se resolvió con una actitud de firmeza del Gobierno presidido entonces por Felipe González, que no cedió ante la huelga de hambre del miembro del Grapo José Manuel Sevillano, fallecido en prisión. La lectura de las opiniones formuladas entonces en algunos medios resulta muy ilustrativa. Llama también la atención el cambio de criterio de Felipe González, que ahora intenta echar una mano a Zapatero en contra de su propia y I acertada decisión cuando ejercía la máxima responsabilidad gubernamental. No es cierto- -como señaló hace unos días el ex presidente en relación con la puesta en libertad de De Juana Chaos- -que él habría hecho lo mismo, porque cuando tuvo oportunidad de hacerlo, en un caso similar, sencillamente no lo hizo. El Ejecutivo no sabe cómo explicar a los ciudadanos un acuerdo que no sólo es contrario a los principios más elementales de la ética pública y del Estado de Derecho, sino que también vulnera la letra y el espíritu de las normas que regulan los beneficios penitenciarios. Afirmar que los gobiernos del PP fueron débiles contra el terrorismo etarra es una falacia de tales dimensiones que no se la van a creer ni siquiera los más convencidos. Procura ahora Zapatero pasar al contraataque, pero es incapaz de ofrecer razones y los ciudadanos no se van a dejar engañar mientras De Juana Chaos se recupera sin problemas en el hospital. El Gobierno ha roto de forma consciente y deliberada todos los puentes de entendimiento con la oposición y ha cambiado una política antiterrorista basada en criterios de Estado por un enfoque del problema en términos de táctica de partido. Se empeña ahora, con la mirada puesta de nuevo en el pasado, en una falaz campaña de acoso contra el PP Error de bulto, porque en materia antiterrorista, el PSOE, por su propio interés, haría bien en no remover el pasado. ESULTA muy difícil identificar al actual Gobierno español como un actor neutral en el conflicto del Sahara occidental y, precisamente por eso, no parece que sus gestiones puedan ser de gran ayuda para resolverlo. En efecto, nada más empezar esta legislatura lo primero que hicieron el presidente Rodríguez Zapatero y su ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, fue entrar sin la menor prudencia en el caso, pasando por alto la tradicional política española, basada en la neutralidad activa. Si entonces desacreditaron el Plan Baker- -respaldado por la ONU y el Frente Polisario- -porque no le gustaba a Rabat, no puede ser de gran valor su actual apoyo al nuevo plan de Marruecos para la autonomía del Sahara occidental, y no es casualidad que los saharauis ya hayan desautorizado de antemano sus gestiones en la cumbre que acaba de finalizar. El caso particular del Sahara es uno de los más difíciles de resolver por vía negociada, porque las dos partes pretenden algo- -la soberanía sobre un territorio- -que por su propia esencia no se puede repartir. En estos momentos está empezando a enquistarse otro proceso similar, el de la región serbia de Kosovo, del que tampoco se vislumbra un horizonte claro y para el que la comunidad internacional está buscando una solución. En ambos casos, lo que no se le ha ocurrido a nadie que quiera contribuir a un arreglo razonable es abandonar la legalidad internacional, cimiento en el que se sustenta el único consenso posible. Por razones evidentes, Marruecos ha sido tradicionalmente un gran especialista en interpretar a su manera esa legalidad internacional que, hoy por hoy, todavía pasa por el derecho de los saharauis a la autodeterminación. Lo nuevo es que España haya empezado a hacer lo mismo con posiciones confusas sobre el referéndum previsto por la ONU desde hace más de veinte años. Si uno afirma que respeta el marco legal amparado por las Naciones Unidas, no es posible al mismo tiempo decir que le parecen constructivas otras formulaciones que no lo tienen en cuenta. Ese tipo de astucias no valen para que la diplomacia española pueda caminar sólidamente entre las capitales del Magreb, una región del máximo interés para nosotros. Es verdad que últimamente el Gobierno ha logrado restablecer un cierto equilibrio diplomático entre sus contactos con Rabat y con Argel- -gracias en este segundo caso al viaje que van a realizar los Reyes- pero no lo es menos que sobre todo se han tratado de reconstruir los malentendidos fomentados por su propia imprudencia. La experiencia debería bastarle al Gobierno para tener claro que, si quiere contribuir al diseño de un nuevo escenario para una solución en el Sahara, debe hacerlo en el seno de la ONU, en lugar de mezclarse en la disputa directa entre las partes, donde, en el mejor de los casos, lo más probable es que salga perdiendo. R