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ABC DOMINGO 4 s 3 s 2007 ESPAÑA 29 Muchos precedentes desbaratan los ataques de Bermejo sobre la ilegitimidad del actual CGPJ Un Consejo en funciones acordó trasladar la Escuela Judicial a Barcelona cuando aún gobernaba Felipe González NIEVES COLLI MADRID. No es la primera vez que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ve obligado a prorrogar en funciones su mandato ante la falta de acuerdo de los partidos políticos para su renovación; y tampoco es la primera vez que un CGPJ en funciones sigue tomando decisiones, nombrando magistrados o aprobando informes, tal y como establece la ley. Lo que sí ocurre por primera vez es que un ministro de Justicia, en este caso Mariano Fernández Bermejo, cuestione la legalidad y legitimidad del CGPJ convirtiendo la crítica a un órgano constitucional en parte de su agenda de trabajo. Desde su creación, en 1980, hasta la actualidad, cuatro de los cinco consejos que han vivido situaciones de prórroga de sus mandatos, aunque con una duración muy diferente. El segundo Consejo presidido por Antonio Hernández Gil, sólo superó por catorce días los cinco años en los que la ley fija el mandato del órgano de gobierno de los jueces (del 23 de octubre de 1985 al 7 de noviembre de 1990) Durante esa prórroga, tuvo lugar un Pleno (el 6 de noviembre de 1990) en el que fueron nombrados un magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Murcia y otro del de Baleares. El tercer Consejo cuyo presidente fue Pascual Sala (hoy magistrado del TC) fue el que más tiempo estuvo en funciones: ocho meses y 16 días. Su mandato se extendió desde el 7 de noviembre de 1990 hasta el 23 de julio de 1996. Y varios fueron los acuerdos que sacó adelante el Pleno. El más importante, la designación de Barcelona como nueva sede de la Escuela Judicial (decidida en noviembre de 1995) hasta entonces ubicada en Madrid. En el siguiente Pleno, se aprobó la propuesta del presidente del CGPJ sobre los términos del protocolo que debía firmarse con el presidente de la Generalitat tras la designación de Barcelona como sede de la escuela. En ese mismo plenario, aquel CGPJ en funciones nombró a un magistrado de la Sala Social del Supremo; al presidente de la Audiencia de León; designó a varios miembros del consejo rector de la escuela judicial y tomó conocimiento del nombramiento de Teresa Fernández de la Vega como miembro de dicho consejo rector. El 21 de febrero de 1996, ese mismo CGPJ nombró a nueve presidentes de audiencias provinciales, y otro más en el Pleno del 6 de marzo siguiente. El cuarto Consejo (24 de julio de 1996 a 7 de noviembre de 2001) presidido por el hoy magistrado del TC Javier Delgado, estuvo en funciones tres meses y 13 días. Durante ese tiempo nombró a un magistrado de la Sala Tercera del Supremo y a los presidentes de las audiencias de Lérida y Huelva. El actual CGPJ, presidido por Francisco Hernando y cuestionado duramente por el ministro Bermejo, lleva tres meses y 26 días en funciones, pues su mandato venció el pasado 7 de noviembre. En este tiempo ha aprobado varios nombramientos, con la particularidad, fruto de una reforma legal acometida en 2004, de que la designación de los altos cargos judiciales requiere el apoyo de las tres quintas partes del Pleno, lo que ha provocado una situación de bloqueo. Así, en diciembre de 2006, el Pleno nombró al presidente de la Sala Social del TSJ de Canarias (12 votos) a los de las audiencias provinciales de Tenerife y Huelva (ambos por 13 votos) y al presidente de la Audiencia Nacional (19 votos) El 17 de enero, salieron adelante los nombramientos de los presidentes de las audiencias de Burgos y Pontevedra (ambos por 16 votos) el del presidente de la Sala Social del TSJ de Castilla y León (17 votos) y el del presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional (10 votos) El último Pleno con nombramientos fue el 31 de enero. Ahora, tres quintas partes