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28 ESPAÑA DOMINGO 4 s 3 s 2007 ABC Bodas de platino del primer divorcio La primera ley del divorcio que existió en España entró en vigor el 2 de marzo de 1932 s No cumplir con los deberes matrimoniales, una enfermedad contagiosa o grave y una condena podían ser motivo suficiente para que uno de los cónyuges solicitase al juez la separación POR M. J. PÉREZ- BARCO MADRID. En su 75 aniversario la primera ley del divorcio que se aprobó en España no ha contado con actos conmemorativos de celebración y ha pasado prácticamente desapercibida, a pesar de que en su momento tuvo una gran trascendencia social y significó un hito que situó a nuestro país a la altura de Europa. Por aquella época, el 2 de marzo de 1932, fecha en la que se estrenó la norma, sólo Italia y Portugal no habían regulado las rupturas matrimoniales. España tardó en elaborar una ley del divorcio, pero cuando el Gobierno y las Cortes Generales de la Segunda República lo hicieron el texto se convirtió en uno de los más progresistas de los existentes, como narran algunas crónicas de la época y otras más recientes. Bajo el prisma actual, hoy supondría una norma enormemente conservadora según valora el presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia, Luis Zarraluqui. Aquella primera vez la ley permitía el divorcio de común acuerdo, pero si éste no existía el asunto se complicaba. En efecto, un solo miembro de la pareja podía presentar la demanda de separación ante los tribunales. Para ello debía alegar alguna de las muchas causas que el texto enumeraba. Por entonces, eran motivos de divorcio: el adulterio no consentido, la bigamia, prostituir a los hijos o a la mujer, desamparar a la familia, abandonar al cónyuge durante un año, separarse de común acuerdo durante tres años y atentar contra la vida del otro miembro de la pareja. Existían además otras razones que se consideraban tan importantes como las anteriores: no cumplir con algunos de los deberes del matrimonio (por ejemplo, cita el texto: cuando no ha habido cópula carnal entre los esposos ya sea por parte de ella o de él) una enfermedad contagiosa y grave, una condena y la enajenación mental. Todas esas causas ya no están vigentes en la ley actual (hoy día no hay que alegar razo- El debate y proceso parlamentario El ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, presentó la ley del divorcio desde la tribuna de la Mesa del Congreso el 4 de diciembre de 1931, junto a otro proyecto de ley que regulaba la secularización de cementerios. Pero ese no fue el punto de partida para el texto. El debate ya había comenzado antes. Fueron continuas durante todo ese año las referencias de los diputados socialistas y republicanos a la necesidad de una norma que regulase las rupturas matrimoniales. Clara Campoamor fue una de sus mayores defensoras. ABC recogía en su edición del 25 de febrero de 1932 que se aprobó el texto tras ser rechazada una enmienda de Campoamor sobre las pensiones alimenticias para los hijos habidos fuera del matrimonio En aquella época convulsa, la ley no suscitó mucho entusiasmo, incluso entre la izquierda. La Iglesia fue la principal opositora. Las crónicas narran conferencias y sermones del sector católico invitando a las mujeres a que defendieran el matrimonio canónico ante los ataques de la ley del divorcio. ABC publicó este chiste sobre el divorcio en su edición del 27 de febrero de 1932 nes para divorciarse) pero algunas de ellas se han conservado hasta la reforma del Código Civil en 2005. Con la ley del divorcio de 1981 (la segunda que tuvieron los españoles) eran motivos de separación la infidelidad, el alcoholismo, la toxicomanía y las perturbaciones mentales. De la norma del 32 también se heredó otra cuestión en la ley del 81 que ha desaparecido hoy. Era necesario separarse primero para obtener después el divorcio. Si la pareja estaba de acuerdo debían esperar dos años para la ruptura definitiva, si sólo uno de ellos deseaba el divorcio la espera se prolongaba a tres años. Como toda ley del divorcio que se precie, el texto de 1932 se ocupaba de los hijos y de los bienes del matrimonio. Fue revolucionaria al conceder el derecho de la mujer a tener la patria potestad de su prole. No hay que olvidar que por entonces se daban los primeros pasos hacia la igualdad de sexos. Meses antes, en diciembre de 1931, se concedía por primera vez en España el derecho a voto de las mujeres. Entonces, como ahora, el acuerdo entre la pareja para el cuidado de los hijos era la forma más sencilla de solventar la ruptura. Sin embargo, si había desavenencias, las cosas se complicaban. El juez tomaba cartas en el asunto. La prole quedaba en poder del cónyuge inocente (es decir, sobre el que no se había alegado ninguna de las causas anteriores) el culpable tenía derecho a ver a sus hijos y la obligación de vigilar su educación En todo caso, la madre siempre se hacía cargo de los menores de cinco años. En el reparto de bienes también se diferenciaba entre un culpable que se quedada sin blanca, y un inocente El texto decía así: El cónyuge culpable pierde todo lo que le hubiere sido dado o prometido por el inocente y el inocente conserva todo cuanto hubiese recibido del culpable El inocente podía también exigir una pensión alimenticia a su ex pareja. La separación se podía solicitar a los dos años de casarse (hoy a los tres meses) y tras la sentencia de divorcio en firme había que esperar un año para volver a contraer matrimonio, 301 días en el caso de la mujer para que no hubiese problemas de legitimidad con los hijos explica Zarraluqui. Según este abogado lo más importante de aquella ley es que rompió un principio que se consideraba inamovible como era la disolubilidad del vínculo canónico y civil. Por eso, levantó ampollas. En la batalla por el divorcio la Iglesia siempre ha adoptado una postura muy beligerante Es muy difícil conocer si muchos o pocos españoles hicieron uso de aquella ley. Aunque se manejan algunas cifras: en sus dos primeros años de aplicación sólo se presentaron 7.059 demandas y se dictaron unas 3.500 sentencias favorales. Reparto de bienes Las causas Una consultora ofrece a los divorciados un seguro para pagar la pensión a los hijos ITSASO ÁLVAREZ BILBAO. Una consultora de Madrid acaba de sacar al mercado una póliza dirigida sólo a los divorciados para que, si se quedan en paro, fallecen o sufren una invalidez, quede garantizado a los hijos el cobro de una pensión hasta que se independicen. Se trata de constituir una renta temporal hasta que el crío cumpla 25 años explica Roberto Rubio, director general de la aseguradora. Es una alternativa privada al fondo de garantía social para situaciones de impago de pensiones a los hijos por parte del progenitor no custodio- -generalmente el padre- -que vienen reclamando las asociaciones de separados de España y que, por vez primera, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de diciembre de 2006 contempla. Se trata de una partida provisional de 10 millones de euros para atender estas situaciones, pero que no se ejecutará hasta el próximo verano. El precio de la póliza privada para divorciados oscila entre 600 y 700 euros anuales. No pueden contratarla los que no se fíen de que su cónyuge cumpla con sus obligaciones monetarias en caso de ruptura y tampoco cubre el pago de la pensión si ésta se corta de forma injustificada. Según la abogada Marta Sebastián la manutención que fijan los jueces suele ser, de media, de 150 a 300 euros al mes por el primer hijo y de menor cuantía para los siguientes